Por Felipe Valdebenito
Periodista y Mg. en Ciencias Sociales Aplicadas.
Ya es sabido que el tema de seguridad es la principal preocupación de las y los/as chilenos/as. Es el tema que más minutos y páginas debe ocupar en los medios de comunicación, también en cada época de elecciones es la propuesta número uno de todos los candidatos y candidatas.
En las regiones, fuera de la Metropolitana, sin duda este tema se vive de otra manera, las inseguridades de las metrópolis no son las mismas a la de las regiones. Dicho esto, lo preocupante desde mi punto de vista, es la mono perspectiva con la que se aborda esta problemática, donde solo se pone el foco en las seguridades relacionadas a la violación de lo material o físico. Ni siquiera a los delitos económicos o corrupción se le da la misma connotación. Esto tiene que ver con el exacerbado control de la información que tiene la élite sobre lo noticioso y su influencia en la opinión pública, que busca con intencionalidad a través del miedo producir control sobre la población. Esta fórmula no es nueva, pero es recurrente cuando la casta política está en crisis, por eso: Cuando hay crisis de la política, el miedo se convierte en la mejor arma para controlar a la población.
La intención de esta columna es poder entregar un enfoque territorial, desde el lugar que habito que es La Araucanía, además de proponer nuevas perspectivas para esta problemática, intentando abrir un debate más complejo sobre lo que es seguro o inseguro.
En este sentido, la seguridad para un ciudadano tiene que ver con la posibilidad de que el Estado entregue garantías protectoras en la forma de vida, esto incluye el trabajo, salud, educación, vejez, etc. Perder el trabajo, enfermarse, no poder pagar la universidad, no tener una jubilación digna, son cuestiones que promueven inseguridades, no debe haber nada más terrible que estar en alguna de estas situaciones, en una región, sin posibilidad de resolverlo; si, está bien, no es un robo a mano armada, pero es un asalto a la salud mental y el bienestar familiar de todas y todos.
En la región de la Araucanía, una de las regiones más pobres de Chile, con altos índices de cesantía, donde existe una gran dotación de fuerzas policiales, donde llevamos más de tres años en Estado de excepción, donde cruces y peajes son resguardados por el ejército. A pesar de este despliegue de fuerzas de orden y seguridad, la sensación de inseguridad sigue presente, ya que lo inseguro tiene que ver con lo indigno de la vida en los territorios más que por la posibilidad de sufrir un robo. Además de esto, esta región vive con un conflicto político entre el Estado y el Pueblo Mapuche, donde el derecho a la tierra y el reconocimiento de una forma de vida, cultural, social, política, es invisibilizada por el mismo Estado que debe dar garantías de Seguridad, por tanto, si la seguridad es el debate que importa, tenemos que movilizar el discurso hacia cuestiones multifactoriales para lograr, en algún momento, dar el debate correcto como sociedad sobre la seguridad de todas y todos.
Para dar vuelta el debate y complejizar la discusión, debemos tener claro que sin comunidad ni participación no se podrá construir territorios más seguros, sostenibles y basados en la justicia, la democracia participativa, una nueva economía solidaria y promotora de los derechos individuales y colectivos, la revalorización de los conocimientos y saberes ancestrales y la complementariedad y respeto entre personas y pueblos, en definitiva, sin comunidad no habrá más seguridad.
Hoy hablar de seguridad ciudadana es hablar de programas municipales asociados a una especie de policías sin atribuciones legales, una política de altos presupuestos, pero en el mismo camino, reducir la seguridad a cuestiones solo policiales. Desde los territorios pensamos que seguridad ciudadana es hablar de participación, de construir comunidades más empoderadas sobre su espacio de vida, donde se desaloja la idea de seguridad como un dispositivo para gobernar desde el miedo, muy por el contrario, donde se construye como un mecanismo para ejercer soberanía popular. Por eso, cuando hablamos de seguridad ciudadana, la entendemos como el establecimiento de garantías de dignidad, calidad de vida y protección del entorno. Esta visión, pone en el centro los derechos de las personas y comunidades. En este sentido, una mirada a las comunidades requiere necesariamente una construcción de política pública que planifique desde lo local hacia lo nacional, buscando alcanzar el derecho a la ciudad, como el espacio que habitamos y construimos todas y todos.
Dicho esto, la protección es un bien público y una política de seguridad desde lo local debe estar anclada en un modelo de desarrollo integral. Abandonar el pensamiento centro-periferia es fundamental para no pensar las ciudades desde la desigualdad que produce ese eje, de no cambiar esto, estamos condenados a perpetuar la inseguridad como una forma de vida y mecanismo de control. La inseguridad y violencia tienen un componente social, estructural y política, poner el foco en las víctimas, en la prevención y sus causas multifactoriales, mejorar la comunicación y coordinación del Estado, nuevos presupuestos, recuperación y construcción de espacios públicos y fortalecer a la comunidad con distintas herramientas son pasos muchos más firmes para lograr seguridad que cualquier aumento de dotación o presupuesto a las policías.
