Por Francisco Rivas
Vive en La Paloma, Rocha, Uruguay. Trabajó en radios y agencias de publicidad de Uruguay y Argentina. Realizó campañas políticas y publicitarias en Montevideo y Buenos Aires. Estudió Publicidad, Periodismo, Ciencias Políticas, Análisis Crítico del Discurso entre otras. Actualmente desde el tranquilo balneario en la costa atlántica se dedica a la Comunicación desde varias de sus aristas. Militante de izquierda no se identifica con ningún partido.
Las repúblicas latinoamericanas se han enfrentado a períodos oscuros y a personajes nefastos, con breves momentos de armonía y bonanza para el pueblo. Independientemente del contexto histórico y de su fortaleza, siempre han representado un obstáculo para quienes abusan del poder y se niegan a respetarlas.
La gestión de Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, al frente del ejecutivo uruguayo, evidenció el poder que tienen las clases dominantes. Un poder que se burla, que ridiculiza, un poder que miente y ningunea al sistema, a los sectores populares, a periodistas y políticos, a sus propios votantes. Un poder que hizo de la separación de poderes un decorado del mobiliario de la Democracia que movió como se le antojó para mantener sus privilegios.
El presidente uruguayo pertenece a una de las familias más poderosas, influyentes y acaudaladas de Uruguay. Es hijo de un expresidente: Luis Alberto Lacalle Herrera, y bisnieto de una de las figuras políticas más poderosas e influyentes de la historia del país, caudillo del Partido Nacional (PN) durante 50 años: Luis Alberto de Herrera, una de las principales avenidas de la capital uruguaya lleva su nombre, y el (para muchas personas inmerecido) homenaje, incluye también un monumento. Su madre, María Julia Pou Brito del Pino, fue Senadora de la República. Brito del Pino, (Montevideo, 6 de enero de 1797 – Montevideo, 27 de abril de 1877) fue un militar y político uruguayo que participó en la Guerra de la Independencia Argentina, la Guerra del Brasil, la Guerra Grande y en la fundación del Partido Nacional. Uno de sus hijos fue el abogado, docente y rector de la Universidad de la República,Eduardo Brito del Pino.
Lacalle Pou, además, por línea materna es descendiente de Joaquín Suárez, político uruguayo y séptimo presidente del país. Parte del nomenclátor del Uruguay está en el árbol genealógico del actual jefe de Estado.
Sabiendo esto y aunque parezca insólito, hubo quienes criticaron a Graciela Villar, candidata a vicepresidenta por el Frente Amplio, cuando en la campaña para las últimas elecciones (2019), y enfrentada a Lacalle Pou en el balotaje, dijo que la ciudadanía debería de elegir entre “oligarquía o pueblo”.
La aparente utopía de la independencia de poderes, de la transparencia, equilibrio y control entre ejecutivo, legislativo y judicial, empezó a desmoronarse cuando en el 4º piso de la Torre Ejecutiva, sede del Poder Ejecutivo de Uruguay, donde se encuentran las oficinas de la Presidencia de la República, fue desmantelada una “organización para delinquir” liderada por Alejandro Astesiano, jefe de la custodia de Lacalle Pou, presidente del Uruguay.
Astesiano ha trabajado estrechamente con la familia Lacalle y el Partido Nacional desde 1999. A pesar de poseer más de 20 antecedentes por delitos como hurto y estafa entre 2003 y 2018, el presidente Lacalle Pou en conferencia de prensa mintió que el funcionario no tenía antecedentes penales al momento de su detención en 2023.
Con la detención de Astesiano, el presidente y su círculo más cercano, empezaron una seguidilla de mentiras, encubrimientos, aprietes a la justicia y a la prensa, y un sin fin de actos bochornosos poco o nada habituales en nuestro país, y que serían vergüenza y escándalo en cualquier parte del mundo.
Cuando detuvieron a Astesiano le confiscaron su celular en el que aún hoy fiscalía sigue encontrando chats por los que cae algún jerarca, se demuestra algún delito, se descubre una trama de espionaje, o soborno. Y es aquí y recién ahora que aparece una figura trascendental de este relato que tiene a Astesiano y Lacalle Pou como personajes principales, pero a una fiscal como articuladora de una de las tramas más nefastas de nuestro período democrático: La fiscal del caso Gabriela Fossati. (Ahora exfiscal).
Contrariamente a lo que cualquiera pensaría, a lo que el sentido común dicta, fiscalía no averiguó para quién trabajaba Astesiano, no le interesó indagar en la jerarquía de poder del custodio, ex guardaespaldas, chofer y amigo de la familia del presidente y de dirigentes del Partido Nacional. Por el contrario. La fiscal Fossati pidió a la Justicia que no se leyeran los chats entre Lacalle Pou y Alejandro Astesiano. Por difícil que resulte creerlo. Se argumentaron razones de seguridad.
Ni cuando empezaron a aparecer chats con otras personas, políticos, dirigentes, que evidenciaban que el Presidente de la República estaba al tanto de las actividades ilegales de Astesiano y de los espionajes, la justicia accedió a los chats.
Se encontraron mensajes de Astesiano con empresarios, políticos, personas influyentes en los que se decía “el presidente dice que…” o “ Luis está al tanto…”- El exdirector de la policía nacional, Mario Layera, presentó una denuncia para que se investiguen los chats en los que Lacalle Pou es nombrado expresamente como responsable en un caso de espionaje, pero la fiscalía desestimó el pedido.
El 6 de junio de este año, se supo que Astesiano lideró otra operación de espionaje, en este caso, una para inculpar al presidente de la Central Sindical de Trabajadores (PIT-CNT) de haber ido a una boca de venta de droga, una noche que se accidentó en su coche.
Lo más oscuro y siniestro de lo que la prensa llamó “el caso Astesiano” trasciende al propio Astesiano. La Fiscal Fossati que lideró el caso en la Justicia, que pidió no acceder a los chats del Presidente con “el Fibra” (Así lo apodaban los íntimos, incluido Lacalle Pou, a Astesiano), la fiscal que apuró el caso y lo cerró con un proceso abreviado en el que se le dieron 4 años de cárcel al exjefe de seguridad, cuando terminó el caso renunció a fiscalía y comenzó a militar en el Partido Nacional, el partido de Lacalle Pou al que salvó el pellejo desde su lugar de privilegio en la Justicia.
No sabemos si se unió al partido en busca de una banca en el Senado y de los fueros que vienen con ella, no sabemos si a cambio de los favores recibidos, no lo sabemos, lo que sí sabemos es que pocas veces en Democracia el poder político se burló tanto de la separación de poderes.
Pero esto no termina acá. Después de las elecciones internas la exfiscal abandonó el PN y se fue a otro de derecha conservadora y liberal, al Partido Colorado, para acompañar a otro candidato con el que se cree podrá ocupar un mejor lugar en las listas al senado.
Es difícil dejar de lado las suspicacias y encontrar un cristal con los que esta realidad se vea linda, positiva, esperanzadora.
La ceguera metafórica de la Justicia, ese ideal pueril que nos hace creer que es ciega para no ver diferencias entre las personas que juzga, se convirtió en ceguera a secas, sin metáforas ni romanticismo. Una ceguera negra, amarga y helada, que nos duele y preocupa. Porque mientras el Partido Nacional, su Directorio, el presidente de La República, algunos de sus Ministros, la coalición de gobierno, y la exfiscal Fossati, saltaban sobre la separación de poderes de nuestra Democracia con la astucia e impunidad con las que un lobo saltaría los cercos para robar una oveja, los medios de comunicación, la oposición y la Suprema Corte de Justicia, como en el ensayo de Saramago, parecen haberse contagiado de ceguera repentina. Esperemos que como en la novela, (alerta spoiler) también sea temporal.
