Por Modatima Antofagasta
Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente.
Chile está frente a una encrucijada. Por un lado, existe una presión constante por dinamizar la inversión, presentada como sinónimo de progreso. Mientras que, por otro, crece la demanda ciudadana por participar en las decisiones que afectan sus territorios, su agua y su futuro. La llamada Ley de Permisos Sectoriales, que hoy se discute en el Congreso, parece resolver esta tensión de la peor manera posible: sacrificando la democracia ambiental en el altar de la eficiencia administrativa.
El argumento oficial es conocido. Se nos dice que los trámites son lentos, que ahuyentan inversiones y que es necesario “modernizar” el sistema. Sin embargo, detrás de este discurso se esconde una peligrosa simplificación. La verdadera modernización no debería consistir en recortar plazos y centralizar decisiones, sino aportar al desarrollo de los territorios.
Lo que estamos viendo, en cambio, es una propuesta que reduce la evaluación ambiental a un mero trámite sectorial.
Pero el problema no es sólo técnico; es profundamente democrático. Una evaluación responsable de proyectos de inversión exige que las comunidades puedan incidir de manera significativa en las decisiones que les afectan. Esto implica acceso oportuno a información completa, consultas vinculantes y mecanismos claros de objeción. La ley en discusión, sin embargo, sigue tratando a las comunidades como meras espectadoras, mientras se intensifica la concentración del poder alejado de los territorios.
Peor aún, el proyecto no aborda el problema de fondo: la asimetría entre el poder de las empresas y el de las comunidades. Mientras las primeras cuentan con equipos técnicos y recursos para influir en los procesos, las segundas deben conformarse con audiencias públicas donde sus argumentos rara vez son considerados. Sin una reforma que nivele esta cancha, cualquier simplificación de trámites será, en la práctica, una ventaja para los más poderosos.
Hay alternativas. Países como Canadá y Nueva Zelanda han demostrado que es posible agilizar procesos sin sacrificar estándares ambientales, ni participación ciudadana. La clave en esos casos ha sido la creación de instituciones técnicas independientes y la implementación de consultas previas con resultados vinculantes.
Chile merece un debate más serio. No se trata de elegir entre inversión o protección ambiental, sino de entender que el verdadero desarrollo sólo es posible cuando las decisiones se toman con las comunidades, no contra ellas. La Ley de Permisos Sectoriales, en su forma actual, va en la dirección equivocada. Corresponde al legislador rectificar el rumbo antes de que, una vez más, el afán de eficiencia termine pagando un costo que no estamos dispuestos a asumir: el de nuestra democracia y nuestro territorio.
Al final, la pregunta es simple: ¿queremos un país donde los proyectos se impongan, o uno donde las inversiones se construyan desde el diálogo y el respeto? La respuesta que dará el congreso definirá el Chile de las próximas décadas.
