Por Paulina Fernández Fawaz
Directora de Abogacía y Estudios, Aldeas Infantiles SOS
Actualmente en el ámbito de las políticas públicas para niños, niñas y adolescentes, se están desarrollando en paralelo diversos procesos transformadores. Por un lado, avanza la instalación del Sistema de Protección Integral, establecido por la Ley 21.430 (2022), que mandata la implementación progresiva de Oficinas Locales de la Niñez en todas las comunas del país. Por otro lado, persisten importantes desafíos en la implementación del Servicio de Protección Especializada (ley 21.302, 2021), cuya puesta en marcha ha sido muy compleja. A esto se suma la reciente aprobación de la ley que crea el Servicio de Reinserción Social Juvenil (Ley 21.527, 2023), en reemplazo definitivo del SENAME, y cuya instalación debería concluir en enero del 2026.
En la Ley de Garantías se establece que el “sistema de protección integral a la niñez se desarrolla a partir de una red intersectorial integrada de diferentes medios de acción ejecutados a partir de políticas, planes, programas, servicios, prestaciones, procedimientos y medidas de protección de derechos, realizados por diferentes órganos de la Administración del Estado (art.57)”. Este sistema articula la protección integral de carácter universal y la protección especial, siendo el Servicio de Protección Especializado responsable de ejecutar, en conjunto con su red de organismos colaboradores, los programas (ambulatorios y cuidado alternativo) y servicios para aquellos niños y niñas que han sido gravemente vulnerados en sus derechos y que por los niveles de desprotección que presentan requieren de una atención especializada.
En este Sistema, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la familia es reconocida como grupo fundamental de la sociedad y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno familiar protector, estable y afectivo constituye un objetivo central (1989). El Estado, por tanto, tiene el deber de brindar protección, apoyo y la asistencia necesaria a todas las familias, sin importar su composición, para fortalecer su rol en el cuidado y de ejercicio de una crianza respetuosa, y prevenir la pérdida del cuidado parental.
Sin embargo, este es un ámbito de grandes desafíos para las políticas públicas. Las cifras sobre la situación de la niñez y adolescencia muestran mayores niveles de desprotección, aumento de la violencia hacia este grupo y mayor criminalidad en los territorios que impactan negativamente en el bienestar de niños, niñas y adolescentes con el aumento de muertes generados por impactos de bala.
En el ámbito del cuidado alternativo las cifras actuales muestran un incremento sostenido en el número total de ingresos, especialmente en los menores de 3 años y en adolescentes mayores de 14. Desde octubre de 2021, cuando inicia el Servicio de Protección Especializado, se observa:
- Un aumento del 39% el ingreso de niños y niñas de 0 a 3 años. Sólo en mayo de este año ingresaron 338, de los cuales 28,1% fue a residencias y el restante a familias de acogida.
- Un aumento del 29% en el ingreso de adolescentes, y un incremento de los mayores de 18 años, que pasaron de 300 a 500.
- La principal causal de ingreso son las situaciones de violencia ejercida contra los niños y niñas (80%) (SPE, 2025).
La violencia es la principal causa que genera el ingreso de niños y niñas al sistema de protección especializada y a la pérdida del cuidado. En términos sociales, los datos evidencian de que 1 de cada 3 niñas y niños entre séptimo básico y tercero medio dice que, alguna vez en su vida, su cuidador o cuidadora lo ha cacheteado, golpeado, pateado o le ha hecho daño físico (2 de cada 3 sufre violencia psicológica) y un 26% de adolescentes entre 15 y 17 años señala haber vivido alguna forma de violencia en su familia (2012, la cifra era de 16%). Por otro lado, en el espacio público, 1 de cada 5 niñas y niños entre 15 y 17 años declara haber sido víctima de violencia física por parte de desconocidos en el espacio público, al menos una vez en su vida. (Colunga, Observatorio Niñez, 2025).
Esta realidad plantea un llamado a la acción urgente, que supere las limitaciones actuales de las políticas públicas (universales y focalizadas) para prevenir e interrumpir el círculo de la violencia y de establecer en todo el territorio nacional programas orientados a apoyar y acompañar a las familias y comunidades para generar entornos amables y protectores para los niños, niñas y adolescentes; y de esta forma, evitar la separación familiar.
En el sistema de protección especializado, las intervenciones que se realizan no son solo con los niños y niñas para la recuperación de las vulneraciones vividas sino que con las familias con miras a interrumpir esas vulneraciones, entregar herramientas para que manejen otras formas de educar y guiar a sus hijos e hijas, y restituir el derecho a vivir en familia para aquellos que perdieron el cuidado de sus padres. Por tanto, en este sistema el bagaje de conocimientos, de experiencias y aprendizajes es muy grande, y que debieran constituirse en un insumo técnico para el sistema de protección universal.
Consideramos, entonces, fundamental enfatizar sobre la necesaria vinculación entre el cuidado alternativo y este sistema de protección universal, no sólo por las experiencias y aprendizajes, sino por la responsabilidad de los distintos Servicios en asegurar programas y prestaciones contribuyan en el abordaje de las causas asociadas al abandono o negligencia: pobreza, exclusión, consumo de sustancias, hacinamientos y falta de acceso a una vivienda, violencia y falta de apoyo a quienes cuidan.
Esta articulación es indispensable para garantizar el derecho a vivir en familia, con el objetivo de reducir progresivamente las situaciones de separación evitable, y así menos niños y niñas deban ser colocados en programas de cuidado alternativo, siendo éstas una respuesta tardía a las graves vulneraciones y violencias de las que están siendo víctimas los niños y niñas. Esto exige voluntad política, financiamiento sostenido, decisiones basadas en evidencia y una mirada estructural que coloque en el centro la restitución de derechos, la prevención de la pérdida del cuidado familiar y la búsqueda de soluciones sostenibles y afectivas para que cada niño, niña y adolescente crezca y se desarrolle en un entorno familiar y comunitario.
Referencia:
Fundación Colunga. (s. f.). Observatorio Niñez. Fundación Colunga. Recuperado de https://www.fundacioncolunga.org/observatorio-ninez/
Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
