Por Briosca Quiero López
Estudiante de Sociología. Escuela de Sociología, Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Universidad Central de Chile.
En Chile, hablar de economía es hablar inevitablemente de desigualdad. Aunque los indicadores macroeconómicos muestran un país estable y atractivo para la inversión extranjera, esa imagen se desvanece frente a la vida cotidiana de los hogares. La promesa de que el crecimiento reduciría las brechas sociales no se ha cumplido, como revelan los índices de pobreza multidimensional que persisten en varias regiones del país. Según la Encuesta Casen, más de un 20% de los hogares enfrenta privaciones simultáneas en educación, salud, trabajo y vivienda, lo que contradice la idea de que el crecimiento basta para garantizar bienestar.
La alimentación ilustra con claridad estas tensiones. En teoría, los precios se regulan por la oferta y la demanda, guiando a productores y consumidores. Sin embargo, los mercados son instituciones socialmente constituidas que reproducen jerarquías y desigualdades (Hernández, 2017). El ejemplo de la ODEPA es ilustrativo: mientras en diciembre un kilo de tomates alcanzaba $1.150, en abril su valor descendía a $650; en paralelo, la papa aumentó de $550 a $690 por factores de almacenamiento y estacionalidad. Para una familia en pobreza multidimensional, estas oscilaciones no son un dato técnico, sino la diferencia entre acceder o no a una dieta equilibrada. Un alza sostenida de 20% en productos básicos puede significar la renuncia a proteínas o verduras, acentuando la malnutrición y el sobreendeudamiento.
Factores internacionales agravan la situación. La inflación postpandemia, la crisis energética europea y la guerra en Ucrania han tensionado la seguridad alimentaria global. Chile, como economía dependiente, asume los costos de insumos importados —fertilizantes, diésel, granos— cuyo precio en dólares se traslada al consumidor. La depreciación del peso frente al dólar en 2022 elevó hasta un 30% los costos de producción agrícola, lo que repercutió directamente en la canasta básica. Así, variaciones del petróleo en mercados lejanos terminan encareciendo la mesa en comunas como Temuco o Toltén. Se confirma lo que la teoría de la dependencia planteó hace décadas: las periferias cargan con los riesgos estructurales de un modelo centrado en exportar materias primas e importar insumos estratégicos.
Dentro de este marco, la desigualdad no es un efecto colateral, sino un componente constitutivo del modelo. La economía chilena ha crecido, pero sin redistribuir de manera equitativa. Como señaló Marx (1867/1973), las “leyes naturales de la producción capitalista” reproducen contradicciones sociales de manera estructural. Polanyi (1976) advertía que reducir la economía a la lógica del mercado invisibiliza las relaciones sociales que la sostienen, mientras Luhmann (1988/2017) recordaba que “toda acción económica es acción social”, mostrando que lo económico no puede separarse de los demás sistemas de la vida colectiva.
Un caso paradigmático es la alimentación saludable en sectores vulnerables. El informe técnico para Temuco y Toltén demostró que con $800 millones era posible cubrir semanalmente a toda la población en pobreza multidimensional, incluso con excedentes para logística y segundas entregas. La propuesta era financieramente viable y culturalmente pertinente, pues articulaba productores locales con la demanda comunitaria. Sin embargo, quedó relegada al plano de los proyectos piloto, sin transformarse en una política pública estructural. Surge entonces la pregunta: ¿cómo explicar que un país capaz de generar excedentes fiscales en determinados ciclos no logre garantizar un derecho tan básico como la alimentación?
Reducir la economía a cifras abstractas es un error. Es, ante todo, una trama de relaciones sociales que expresa desigualdades históricas. Como explica Luhmann (1988/2017), opera con sus propios códigos (pagos/no pagos), pero en interdependencia con otros sistemas. La cultura del consumo rápido, descrita por Moulian (1998), evidencia que el mercado no solo produce bienes, sino también subjetividades atrapadas en la lógica de la obsolescencia. En esta misma línea, López de Ayala (2004) subraya que el consumo no se limita a satisfacer necesidades, sino que funciona como mecanismo de diferenciación social y reproducción de identidades. Weber también ayuda a comprender este fenómeno: la racionalidad económica con arreglo a fines se sostiene en valores y creencias compartidas, de modo que las prácticas de consumo y producción son, al mismo tiempo, acciones sociales cargadas de sentido.
Superar la paradoja de un país que crece sin resolver sus fracturas internas implica cuestionar los cimientos de un modelo sostenido en la desigualdad: fortalecer sistemas alimentarios territoriales, avanzar en redistribución tributaria y situar la economía de cuidados en el centro de la agenda pública. Este último punto es crucial: gran parte del trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo en mujeres y permanece invisibilizado en las estadísticas oficiales. Reconocerlo como actividad productiva, financiarlo y redistribuirlo socialmente es indispensable para una sociedad más justa.
La experiencia comparada ofrece aprendizajes valiosos. Países como Uruguay y Costa Rica han logrado disminuir desigualdades persistentes gracias a sistemas de protección social sólidos, inversión en salud y educación, y apoyo sostenido a la producción local. En Europa, modelos como el alemán o el escandinavo muestran que la redistribución tributaria progresiva no solo es viable, sino condición fundamental para articular crecimiento con cohesión social. Chile podría aprender de estas experiencias para transformar su crecimiento económico en bienestar colectivo.
En definitiva, la economía no es un terreno neutro ni meramente técnico. Es un espacio donde se definen proyectos de sociedad y donde lo ético y lo político son inseparables de lo económico. Establecer que cada decisión presupuestaria o tributaria genera ganadores y perdedores es el primer paso para construir un horizonte más justo. Si la política económica logra articular eficiencia con equidad, Chile podría convertir su histórica deuda social en una oportunidad de cohesión y dignidad para todos.
Referencias:
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Reporte comunal Temuco.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). Reporte comunal Toltén.
Hernández Aracena, J. (2017). Sociología del mercado en América Latina: Hacia una agenda de investigación. Sociológica, 32(91), 77–110.
Instituto Nacional de Estadísticas. (2024). Encuesta suplementaria de ingresos 2024. INE.
Instituto Nacional de Estadísticas. (2024). Proyecciones de población por comuna 2024.
López, M. (2003). El análisis sociológico del consumo: una revisión histórica de sus desarrollos teóricos. En VVAA, Economía para no economistas (pp. 15–35). Universidad de la República de Uruguay.
López de Ayala, M. C. (2004). El análisis sociológico del consumo: Una revisión histórica de sus desarrollos teóricos. Sociológica, 5, 161–188.
Luhmann, N. (2017). La economía de la sociedad (A. Mascareño, Trad.). Herder. (Obra original publicada en 1988).
Marx, K. (1973). El capital. Crítica de la economía política (Tomo I). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1867).
Moulian, T. (2014). El consumo me consume. Ediciones Universidad Diego Portales.
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. (2025). Boletín diario de precios y volúmenes – Vega Modelo de Temuco.
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. (2025). Boletín de precios de la Vega Modelo de Temuco. Ministerio de Agricultura de Chile.
Polanyi, K. (1996). El sistema económico como proceso institucionalizado. En M. Godelier (Comp.), Antropología y economía (pp. 155–178). CIESAS-UAM-UIA.
UDELAR. (s.f.). Capítulo 1: La economía como ciencia social. En Economía para no economistas. Universidad de la República.
Weber, M. (1978). Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva (G. Roth & C. Wittich, Eds.; E. Fischoff et al., Trads.). Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada entre 1921 y 1923).
