Por Jorge Martínez Muñoz
Sociólogo, Secretario del Bloque por la Infancia.
En enero del año 2022 finalizó la tramitación en el Congreso del proyecto que daría nacimiento a la “Ley 21.430: Sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la Niñez y Adolescencia” y, un 6 de marzo de ese año, el expresidente Piñera aseguraría la promulgación de esta ley fundamental, esto cuando sólo faltaban 5 días para el cambio de Gobierno. El 15 de marzo del 2022, a 4 días de haber asumido, el presidente Gabriel Boric publica la Ley 21.430 y se compromete a impulsar su implementación efectiva. De esta manera, el periodo abierto en septiembre del año 2011 había concluido.
Hoy, septiembre 2025, estamos a las puertas de una nueva elección presidencial y debemos interrogarnos, desde el campo de la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia, sobre los desafíos existentes para el periodo 2026-2032. Esto implica constatar que quien asuma el gobierno, se encontrará con nuevas leyes, con nuevas instituciones y con otras en proceso de construcción. Se encontrará también con nuevas políticas e iniciativas, es decir, se encontrará con un intenso proceso de reformas que, en los tres años transcurridos, está en la etapa inicial de lo que esperamos sea un profundo proceso de cambios en las vidas de niños, niñas, adolescentes y familias, así como también en la labor del propio Estado hacia la niñez. Es necesario hacer notar que, el futuro gobierno debiera tener plena consciencia de que, una transformación como esta, en todos los países, ha tomado muchos años, e incluso, décadas. El mundo político, a su vez, debe asumir que esta no es una reforma menor, por tratarse de niñez, como ha sido la tónica desde la que han operado en las décadas pasadas.
Al mismo tiempo, el nuevo gobierno tendrá que confrontar las complejidades, las resistencias, la cultura del maltrato y del adulto centrismo, que acompañan todas las prácticas discriminadoras hacia la niñez, las cuales se han enraizado con fuerza en la cultura de nuestra sociedad. Es necesario decirlo también, el gobierno que asuma se encontrará con la persistencia de la crisis del “sistema de protección especializado”. A este escenario, debemos agregar que, con posterioridad a la Pandemia, las estadísticas evidencian deterioros o estancamientos en diversos ámbitos, por tanto, el nuevo gobierno tendrá que asumir que la tarea no viene fácil y que, a pesar del importante trabajo liderado por la Subsecretaría de la Niñez para implementar la Ley 21.430, tomará aun su tiempo empezar a evidenciar impactos en la realidad de la niñez y de las familias.
La jurista española Clara Martínez, señalaba en un encuentro en la Universidad de Chile que la Protección Integral son “Todos los Derechos, Todos los Niños y Niñas, Todas las Medidas, Todos los Poderes Públicos”. Desde esa definición, todo el Estado debe hacerse cargo de su responsabilidad como garante principal de los derechos de toda la niñez y, de manera particular, a los órganos de la administración del Estado (Ministerios, Servicios y Municipios), les corresponde un papel de primera línea, el cual no pueden soslayar.
Desde lo anterior, hay transformaciones que son imprescindibles en la configuración de un sistema institucional de protección integral y allí, un nudo mayor es el de la falta de potestad que tienen las Oficinas Locales de Niñez, para ejercer su rol mayor de autoridad de protección administrativa en los territorios. La Ley 21.430 le establece funciones que dicen relación con dicho rol, pero no le concede responsabilidad administrativa para ejercerlas. Dichas Oficinas deben articular todas las iniciativas existentes en el territorio, deben hacer exigible lo demandado cuando un niño o niña es derivado a un servicio, deben articular derivaciones con los tribunales, deben tomar medidas de protección y acciones de tutela administrativa, pero carecen de responsabilidad legal, en tanto autoridad, para hacer efectiva sus decisiones. Esto hace muy difícil su instalación y el cumplimiento de su misión.
En el marco de la discusión de la Ley de Garantías, el legislador y el Ejecutivo de entonces lo que visualizaban, y esto a pesar de las numerosas alertas que pusimos desde la sociedad civil, era la creación de un programa más, donde se contrataba a honorarios a un equipo para cumplir lo encomendado, pero no asumieron nunca que el rol y las funciones de las que se dotaba a esta oficina requerían, inevitablemente, la construcción de una nueva institucionalidad pública en los territorios. Hoy día, en el marco de la discusión del proyecto de ley de armonización de las leyes que crearon el Servicio de Protección y el sistema de transferencias del Servicio a las colaboradoras, con la Ley 21.430, se buscan maneras de mejorar esta situación, pero no será para hoy y las urgencias golpean las puertas todos los días.
Una transformación relevante que, la propia ley dejó en la vaguedad absoluta, es la Prevención y Promoción como acciones prioritarias para garantizar derechos reconocidos y llegar antes. No obstante, el despliegue del sistema de protección integral en los territorios ha ido dejando en evidencia el vacío histórico de la política pública al respecto. En este sentido, será cada vez más urgente poder contar con una gran estrategia nacional de promoción y prevención contra toda forma de maltrato y de violencia hacia la niñez y la adolescencia. Dicha estrategia debe ser articulada en los territorios desde las Oficinas Locales de Niñez y asentarse en el apoyo de las más diversas organizaciones de la sociedad civil.
Como se verá, los desafíos siguen siendo enormes, no obstante, aunar todas las voluntades que sean posibles, para avanzar sin pausas, reforzando el camino de la protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia es, hoy por hoy, el único camino viable.
