Por:
Fabian Alberto Merchan de las Salas
Magister en Estudios Artísticos y de la Cultura, Universidad Distrital, (Colombia).
Edwin Tovar Briñez
Postdoctor en Metodología de la Investigación Critica, Ipecal (México).
La discusión sobre la migración en Chile se ha ido endureciendo de manera progresiva en los últimos años, desplazándose desde el terreno técnico de las políticas públicas hacia un campo dominado por el miedo, la sospecha y, en no pocos casos, la deshumanización. El debate público se ha llenado de palabras como expulsión, control, amenaza, frontera y seguridad, mientras se empobrece el análisis sobre las causas profundas del fenómeno migratorio. En ese desplazamiento discursivo, las personas concretas tienden a desaparecer: se diluyen sus historias, sus trayectorias vitales, sus saberes, sus pérdidas y las razones íntimas (pero también estructurales) que las obligaron a abandonar sus países de origen. Pensar la migración con seriedad ética exige detenerse precisamente allí: en la vida humana que hay detrás de las cifras y de los titulares alarmistas.
Una parte significativa de la población migrante que llega a Chile no lo hace desde la improvisación ni desde la carencia absoluta de capital humano. Muy por el contrario, muchos migrantes han huido de sus países siendo médicos, enfermeras, ingenieros, docentes, técnicos especializados y profesionales altamente calificados, formados en universidades públicas y privadas, con trayectorias laborales previas y con un fuerte compromiso con su ejercicio profesional. Sin embargo, estos conocimientos y habilidades se vieron truncados no por incapacidad individual, sino por contextos nacionales marcados por crisis económicas prolongadas, colapsos institucionales, persecuciones políticas, violencia estructural o el deterioro del sistema productivo. Migraron, entonces, no por falta de capacidades, sino por la ausencia radical de oportunidades. En este sentido, la migración no puede ser leída como un fracaso personal, sino como un acto de supervivencia, resiliencia y dignidad.
Paradójicamente, al llegar a Chile, estas personas se enfrentan a sistemas de convalidación de títulos largos, costosos y, en muchos casos, excluyentes, que terminan operando como barreras estructurales de integración. El resultado es ampliamente conocido y socialmente visible: médicos conduciendo taxis, ingenieros trabajando como repartidores, docentes desempeñándose en labores informales o precarias. No porque carezcan de formación o vocación, sino porque el sistema no logra (o no decide) reconocerlos plenamente. Aun así, el país se beneficia de manera evidente: recibe mano de obra altamente calificada sin haber invertido un solo peso en su formación inicial, lo cual representa, desde una perspectiva económica, una ganancia estructural para el Estado receptor (OECD & Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2018). Esta contradicción revela una integración funcional pero incompleta, donde se aprovecha el trabajo, pero se niega el reconocimiento.
Junto a esta migración calificada, existe también una migración no profesionalizada, compuesta por personas que no poseen títulos universitarios, pero que de ningún modo carecen de valor social, experiencia o conocimiento práctico. Estos migrantes ocupan, en gran medida, trabajos que la población nacional ya no desea realizar o que han sido históricamente precarizados y desvalorizados: agricultura intensiva, construcción, aseo urbano, cuidado de personas mayores, comercio informal, servicios nocturnos o labores de alta rotación. Lejos de “quitar empleos”, cubren nichos laborales abandonados, sosteniendo sectores completos de la economía urbana y rural y permitiendo que estos continúen funcionando (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2024). Su aporte no es marginal, aunque con frecuencia sea invisibilizado.
Desde una perspectiva estrictamente estatal, este fenómeno resulta funcional y, en muchos sentidos, conveniente: el país accede a fuerza laboral (tanto calificada como no calificada) sin haber asumido los costos de crianza, educación, salud básica y formación profesional de esas personas. Diversos estudios internacionales coinciden en que, en promedio, los migrantes aportan más en impuestos, consumo y trabajo de lo que reciben en beneficios sociales, especialmente cuando se encuentran en edad productiva (OECD & OIT, 2018). El problema, por tanto, no es económico. El verdadero conflicto es político, cultural y simbólico: tiene que ver con quién es reconocido como parte legítima de la comunidad y quién es permanentemente ubicado en los márgenes.
A pesar de esta evidencia, el discurso público tiende a invisibilizar los aportes de la migración y a reducirla a una ecuación simplista entre extranjería y criminalidad. Sin negar que existan migrantes involucrados en delitos (como también ocurre con ciudadanos nacionales), la evidencia empírica no respalda la idea de que la migración, en sí misma, incremente de forma proporcional las tasas delictivas. Estudios comparativos en América Latina muestran que no existe una correlación directa, automática ni lineal entre aumento de migración y aumento de criminalidad (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2023). Sin embargo, el miedo suele ser más eficaz que los datos, y la percepción termina imponiéndose sobre la evidencia.
En este punto se configura un riesgo histórico bien conocido: la construcción del chivo expiatorio. Cuando las sociedades enfrentan crisis económicas, inseguridad ciudadana o debilitamiento institucional, buscan culpables visibles y vulnerables. A lo largo de la historia, estos han sido migrantes, minorías étnicas o sectores empobrecidos. El problema de fondo (desigualdad estructural, informalidad laboral, ausencia estatal, corrupción) permanece intacto, mientras la frustración social se canaliza hacia “el otro”. Chile no es ajeno a esta lógica y, de hecho, su propia historia reciente debería servir como advertencia frente a los peligros de la exclusión y la estigmatización.
Preguntarse si es “válido” expulsar migrantes no puede reducirse a una respuesta meramente legalista. La pregunta es mucho más profunda y ética: ¿es justo?, ¿es eficaz?, ¿es moralmente defendible? La experiencia comparada demuestra que las expulsiones indiscriminadas no solucionan la inseguridad, no fortalecen la economía y no mejoran la cohesión social. Por el contrario, debilitan el Estado de derecho, erosionan la confianza institucional y normalizan la exclusión como herramienta política de corto plazo.
La migración, en sí misma, no es un problema; es un espejo que revela las falencias del Estado y de la sociedad que recibe. Gestionarla con humanidad, con políticas basadas en evidencia y con memoria histórica no es un gesto de ingenuidad, sino una apuesta racional por una convivencia más justa y sostenible. El verdadero desafío para Chile no es decidir a quién expulsar, sino cómo integrar sin miedo, sin explotación y sin repetir los errores del pasado de otras sociedades.
Referencias:
OECD & Organización Internacional del Trabajo. (2018). Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de los países en desarrollo. OECD Publishing.
https://doi.org/10.1787/9789264291904-es
Organización Internacional del Trabajo. (2024). Movilidad humana y migración laboral en América Latina y el Caribe (Nota técnica). OIT.
https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-08/oit_tendencias_movilidad_humana_y_migraci%C3%B3n_laboral_america_latina_caribe_2024.pdf
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). En qué situación están los migrantes en América Latina y el Caribe. PNUD.
https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/en-que-situacion-estan-los-migrantes-en-america-latina-y-el-caribe
