Por Amelie M.
Más allá de las cualidades físicas, de los errores ortográficos o de las polémicas comunicacionales que pueda protagonizar una ministra, el descontento ciudadano rara vez nace de lo superficial. La molestia que hoy se percibe en las calles, en las ferias, en los hogares y en las conversaciones cotidianas tiene raíces mucho más profundas. No se trata de una persona ni de una frase desafortunada: se trata de la sensación amarga de haber depositado esperanza en un proyecto que prometió orden, seriedad y soluciones, pero que, al poco andar, parece haberse encontrado con los mismos límites de siempre: la desconexión con la vida real de la mayoría.
Un gobierno que se presentó como técnico, profesional y firme en sus convicciones conservadoras prometió traer certezas en tiempos de incertidumbre. Prometió eficiencia donde otros mostraron desorden, autoridad donde otros parecían vacilar y crecimiento donde otros ofrecían explicaciones. Sin embargo, gobernar no es solo administrar cifras ni repetir eslóganes de campaña. Gobernar exige comprender la complejidad humana de un país desigual, herido y cansado.
La delincuencia, por ejemplo, suele ser presentada desde la simpleza del castigo. Pero ningún país resuelve la violencia ignorando sus causas estructurales: la exclusión, la falta de oportunidades, la segregación barrial, la precariedad educativa, la salud mental abandonada y la ausencia de horizontes para miles de jóvenes. Cuando se reduce todo a mano dura, se gana un titular, pero se pierde una generación. Castigar puede contener momentáneamente; comprender puede transformar. Y un país necesita transformación más que espectáculo.
También se instaló con rapidez la narrativa de la crisis total: no hay recursos, las arcas fiscales están tensionadas, todos deben ajustarse el cinturón. Bajo ese diagnóstico, comenzaron medidas de impacto directo en la ciudadanía. La eliminación o reducción de mecanismos de estabilización como el MEPCO —fondo que amortigua las variaciones internacionales del precio de los combustibles para evitar alzas bruscas al consumidor— puede traducirse en aumentos inmediatos en transporte y bienes esenciales. Cuando sube el combustible, no solo sube la bencina: sube la feria, el pan, el traslado al trabajo y el costo mismo de vivir.
A ello se suman recortes presupuestarios a ministerios y servicios públicos, disminución o endurecimiento en el acceso a becas estudiantiles, reducción de programas sociales y postergación de inversiones locales. Medidas que en el papel parecen números ordenados, pero que en la práctica se sienten como puertas cerradas. Porque detrás de cada “ajuste” hay una familia que deja un tratamiento, un estudiante que posterga su carrera, una comuna que pierde recursos, una madre que vuelve a sacar cuentas imposibles.
Y así aparece una de las sensaciones más duras que puede experimentar un país: la desolación. No la rabia estridente ni la protesta visible, sino esa tristeza silenciosa de quien siente que nadie lo escucha. La desolación nace cuando el esfuerzo ya no alcanza, cuando trabajar no basta, cuando endeudarse es rutina y cuando las autoridades parecen hablar desde un lugar ajeno al cotidiano de la mayoría.
En ese contexto, un discurso presidencial llamando al sacrificio y recordando que en su familia no viajaban al extranjero quizás pretendía cercanía, pero terminó abriendo otra pregunta: ¿cuánto conoce realmente la autoridad la precariedad chilena? Porque para millones de personas el problema nunca ha sido renunciar a viajes internacionales. El problema es elegir entre gas o alimentos, entre remedios o transporte, entre pagar la luz o completar la lista escolar.
La población más vulnerable de Chile no necesita que le expliquen austeridad: la practica hace décadas. Sabe de ropa heredada, de ollas estiradas con agua, de cuentas repactadas, de caminar para ahorrar micro, de dormir con frío para no prender la estufa, de postergar el dentista, de inventar almuerzos con lo que quede. Cuando desde arriba se romantiza el sacrificio, desde abajo se siente burla involuntaria.
Y mientras eso ocurre, las ayudas prometidas se entrampan entre anuncios, diferencias administrativas y discusiones burocráticas. El esperado balón de gas para aliviar el invierno se vuelve símbolo de algo mayor: la distancia entre prometer y ejecutar. Si será por municipios, por otra entidad o mediante inscripción, poco importa cuando los días pasan y la necesidad no espera. La pobreza no funciona con calendario institucional.
Más dolorosa resulta aún la imagen de autoridades participando en almuerzos protocolares, encuentros sociales o actividades de abundancia en medio de llamados generales al ajuste. No se cuestiona el acto en sí, sino el mensaje que transmite. En tiempos duros, la sobriedad no es solo una decisión económica: es una señal ética.
A esto se suman falencias frecuentes en cualquier administración: ministros con baja capacidad comunicacional, vocerías contradictorias, ausencias en instancias relevantes, improvisación frente a crisis, escasa coordinación política y respuestas tardías ante problemas urgentes. Cuando eso ocurre de manera reiterada, la ciudadanía comienza a percibir que no hay conducción clara. Y cuando no hay conducción, crece la incertidumbre.
Chile no necesita gobiernos perfectos. Necesita gobiernos conscientes. Autoridades capaces de entender que detrás de cada indicador hay personas. Que el orden sin justicia se agota. Que la disciplina sin empatía se endurece. Que la economía sin humanidad se vuelve fría. Y que la seguridad sin oportunidades solo administra el miedo.
Tal vez lo más triste no sea el error de un mes, ni la torpeza de una vocería, ni una promesa incumplida. Lo más triste sería acostumbrarnos a esperar poco. Normalizar que siempre habrá distancia entre quienes gobiernan y quienes sobreviven. Aceptar que la política solo administra frustraciones.
Chile merece más que resignación. Merece un futuro donde gobernar no sea mandar desde arriba, sino comprender desde abajo. Porque cuando un país pierde la esperanza, no se vacían solo las urnas: se vacían también los sueños colectivos. Y reconstruir eso toma mucho más tiempo que cualquier mandato presidencial.
