Por Carla Núñez Matus
Psicóloga comunitaria
Miembro red de investigadoras en temas de niñez (RIN)
Miembro Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria (SOCHPSICO)
En las últimas semanas, la discusión sobre los ajustes económicos impulsados por el gobierno actual ha encendido legítimas alertas en la ciudadanía y en diversas organizaciones sociales. No es para menos, mientras se anuncian recortes en carteras ministeriales clave y se reducen impuestos a los sectores económicamente más favorecidos, el país se pregunta legítimamente a que responden estas medidas: ¿Desarrollo, crecimiento?
Se habla de deuda pública, incluso irresponsablemente de “quiebra fiscal”, se menciona la necesidad de estimular a financistas internacionales para recuperar el crecimiento. Se habla mucho, pero se entiende poco. Y en esa niebla técnica, el riesgo mayor es que se pierda de vista lo esencial: Las decisiones fiscales no son meros ejercicios contables, tienen consecuencias directas en el diario vivir de las personas.
Desde un enfoque de Derechos Humanos, las políticas fiscales no son neutrales. Están obligadas a cumplir con principios rectores como transparencia, participación, el uso máximo de los recursos disponibles para garantizar derechos y la no regresividad. Estos no son ideales abstractos para una sociedad más justa; son exigencias concretas para cualquier Estado que se rige por el respeto a los Derechos Humanos. ¿Qué significa esto? Que ninguna decisión tributaria o de gasto puede tomarse a puertas cerradas, ni puede significar un retroceso en, por ejemplo, el acceso oportuno a la salud, la educación, la protección social o la vivienda digna, entre otros muchos derechos.
Es cierto, Chile ha aumentado su deuda fiscal en los últimos años, como prácticamente todos los países de la región tras la Pandemia. Pero reducir el debate a una obsesión por el equilibrio numérico, sin importar las consecuencias sociales, es caer en un extractivismo que no solo daña el Medio Ambiente, sino también las condiciones laborales y la cohesión social. No se trata de crecer a cualquier costo, sino de crecer con equidad.
Por eso resulta urgente avanzar hacia una mayor progresividad en la recaudación: quien tiene más, debe aportar más. Y paralelamente, priorizar el gasto público en garantizar derechos, no en alivios tributarios para quienes menos lo necesitan. La justicia fiscal es un medio —junto a otras decisiones de gobierno— para fortalecer la democracia y la inclusión. Sin ella, cualquier discurso de desarrollo se vuelve hueco.
Ahora bien, si en una eventual situación de crisis extrema fuera necesario restringir ciertos gastos, un enfoque de Derechos Humanos exige que esos recortes nunca sean unilaterales ni permanentes. Deben ser temporales, informados con claridad a la ciudadanía, y sustentados en evaluaciones ex ante y ex post, con datos disponibles y abiertos al escrutinio público. No podemos normalizar ajustes que se deciden en despachos cerrados y cuyos costos soportan siempre los mismos.
La pregunta clave, entonces, es: ¿Quién absorbe el peso de estas decisiones fiscales? Porque no se trata de parches compensatorios —transferencias condicionadas a que las familias demuestren que llevan a sus hijos a la escuela o cumplen ciertas exigencias—. El desafío sigue siendo la distribución. Y eso implica un cambio de mirada: Nuestros impuestos no son una carga, sino el mecanismo colectivo a través del cual garantizamos condiciones mínimas para el ejercicio de derechos de toda la sociedad. Somos corresponsables de la vida social, entenderlo así es lo que hace posible la paz social y nos permite construir, juntos, vías de desarrollo en dignidad. Como tantas veces lo hemos soñado. La justicia fiscal es, ante todo, una cuestión de derechos. Y los derechos no se negocian, se garantizan.
