Por MODATIMA Antofagasta
En plena era de crisis climática y ambiental, Chile ha enfrentado una elección que no es solo sobre personas, sino sobre cómo se desarrolla el país. La visión del presidente electo José Antonio Kast, y sus asesores, expuesta en debates, programas y declaraciones públicas revela una tendencia para el ambientalismo: subordinar la protección ambiental al crecimiento económico en corto plazo y deslegitimar al ambientalismo como actor político independiente.
La propuesta de Kast no niega la importancia del medioambiente; más bien lo redefine como un insumo para la productividad. En su mirada, los recursos naturales y la ciencia deben gestionarse con eficiencia para dinamizar la economía. El medio ambiente no es, en sí mismo, un objetivo ético ni un límite al desarrollo, sino una variable a ser optimizada en función del crecimiento. Esta lectura instrumentaliza las políticas ambientales y las vacía de significado más allá de su función productiva.
Más grave aún, Kast ha planteado que el ambientalismo politizado se transforma en un obstáculo para el desarrollo. Esta caracterización —amplificada por su equipo— tiende a confundir defensa de estándares ambientales, participación ciudadana y cuestionamientos al statu quo con una suerte de ideologización improductiva, cuando en realidad representa voces legítimas de comunidades, científicos y organizaciones que han trabajado por décadas por la protección del territorio y la justicia socioambiental.
El caso del proyecto INNA, cercano al Observatorio Cerro Paranal, es ilustrativo. En ese episodio, Kast rechazó el megaproyecto energético —no desde una crítica ambiental clásica, sino desde una defensa de la Astronomía como activo estratégico— y en paralelo ha apoyado otras iniciativas productivas flexibilizando estándares y promoviendo la revisión de guías ambientales. Aquí no se trata de incoherencia, sino de una lógica clara: protejo lo que aporta valor económico, y priorizo inversión cuando el valor ambiental se percibe como barrera.
Este enfoque tiene implicaciones profundas:
- Despolitiza decisiones que siempre lo son. La gestión ambiental no es mera técnica. Las normas, los criterios de evaluación y las prioridades de inversión reflejan valores, no algoritmos neutros. Presentar estas decisiones como exclusivamente técnicas es despojar al debate democrático de su contenido político.
- Debilita el rol de las comunidades y de la sociedad civil. Si el ambientalismo es visto como un actor que “impide desarrollo”, entonces sus demandas quedan reducidas a obstáculos que la política debe sobrepasar, no escuchar. Esto margina voces locales y minimiza impactos sociales y territoriales.
- Vacía de contenido la evaluación ambiental. Revisión de guías, simplificación de permisos y énfasis en certeza jurídica para inversionistas no fortalecen el sistema ambiental: lo reorientan hacia la facilitación regulatoria. Lo que podría ser protección del entorno puede convertirse en gestión de permisos.
- Corroe la justicia ambiental. Cuando el medio ambiente es un insumo para la productividad, las desigualdades en exposición a riesgos, acceso a recursos y calidad de vida corren el riesgo de profundizarse, pues se privilegia lo medible y rentable por sobre lo justo.
Para el ambientalismo, esto no es un desafío menor. Significa pensar estrategias que no solo defienden normas, sino que recuperen el sentido del medio ambiente como bien común y como límite razonable a la expansión productiva sin control. Implica también conectar las preocupaciones ambientales con justicia social, derechos territoriales y Derechos Humanos, para contrarrestar narrativas que reducen todo a “trabas” o “burocracia” “medio ambiente versus empleo”.
No se trata de negar la importancia de la eficiencia o de la inversión; se trata de reconocer que, sin un medio ambiente sano, no hay desarrollo sostenible, ni bienestar social real. El riesgo no es sólo retroceso de normas ambientales: es la erosión del propio espacio de la política ambiental como ámbito de deliberación legítima.
Si Chile decide avanzar bajo una visión que considera al ambientalismo como un obstáculo, estaremos optando por un desarrollo más rápido, quizá más competitivo, pero con menor capacidad de autoevaluar sus límites y menor espacio para las voces que demandan un vínculo más equitativo y responsable con el planeta.
Y en un mundo donde cada vez es más evidente que el crecimiento sin sostenibilidad es una ilusión, marginar al ambientalismo —como actor político, ético y social— no solo es un riesgo para el medio ambiente: es un riesgo para la rentabilidad, y, en definitiva, para el país mismo.
