Por Pablo Aranda
Ingeniero Medioambiental y activista.
Para hablar de seguridad alimentaria debemos tener una visión global de la materia. El mundo entero enfrenta cada vez mayores amenazas ambientales, por una parte, por los efectos del cambio climático, como, por ejemplo, los fenómenos meteorológicos extremos, mientras simultáneamente las crisis económicas y conflictos -de distinta connotación- entre países, esto sumado a la Pandemia de (CODIV-19), repercuten directa e indirectamente a los sistemas agroalimentarios.
La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su Informe Mundial de Crisis Alimentarias (GRFC en inglés), indica que, durante el año 2021, la población mundial alcanzó las fases más altas de inseguridad alimentaria, una situación catalogada como aguda y el peor escenario de la seguridad alimentaria en los seis años de historia del Informe. Este año 2022 la situación no mejoró, por el contrario, las cifras volvieron a aumentar los niveles de hambre y la escasez de agua en nuestro planeta. Los países más afectados por la hambruna (fase 5 de CIF) son: Etiopía, Yemén, Sudán del Sur, Nigeria, Kenya, Malawi y Afganistán. Pero esto no es todo, hay un número considerable de la población mundial, alrededor de 193 millones de personas, en 53 países, se encuentran hoy, no sólo con el peligro latente de una crisis de inseguridad alimentaria, mientras otras Naciones enfrentan crisis agudas en esta materia, incluso situaciones peores.
Como ya esbocé más arriba, los conflictos armados son el principal factor que fomenta la inseguridad alimentaria. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha afectado directamente los sistemas alimentarios mundiales, debido al alto grado de dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas, que tiene la gran mayoría de los países en el contexto de este mundo globalizado. La crisis del costo de los alimentos no sólo ocurre en Chile, es un fenómeno generalizado que pone en peligro la seguridad alimentaria global.
Esta “[…] situación exige una acción conmensurable para avanzar hacia enfoques integrados de prevención, anticipación y mejor orientación para abordar de forma sostenible las causas profundas de las crisis alimentarias, como la pobreza rural estructural, la marginación, el crecimiento demográfico y la fragilidad de los sistemas alimentarios […]”, afirmaron la Unión Europea, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos.
Para intentar llevar acciones que al menos detengan de alguna forma esta crisis que se intensifica cada vez más, el organismo supranacional mencionado, dentro su Marco Estratégico -pensado para el período 2022 – 2031- tiene como principal objetivo, la incorporación de la innovación para resguardar los sistemas agroalimentarios, para que estos sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. De este modo, se busca conseguir una mejor producción; una mejor nutrición; un mejor Medio Ambiente y una vida mejor y más digna, especialmente para las comunidades más afectadas por esta problemática.
Por otro lado, Chile ha suscrito diversos compromisos internacionales en el marco de su compromiso con el Desarrollo Sostenible, como son el Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el Acuerdo de París adhiriendo al compromiso con la Agenda 2030 de desarrollo y sus objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos son compromisos considerados importantes para el desarrollo del país, ya que constituyen el marco normativo que rige el desarrollo de proyectos, las inversiones extranjeras en el país, además de las exportaciones e importaciones de Chile. Cuestión no menor si se considera que el sector agroalimentario nacional es reconocido como un proveedor de alimentos producidos en forma “sustentable” para Chile y el mundo, comprometido con las personas, las comunidades, el entorno y el desarrollo de las economías locales, siendo las exportaciones uno de los pilares de la actual matriz productiva de nuestro país.
Dicha consideración de la sustentabilidad en el sector agroalimentario se plasma en La Estrategia de Sustentabilidad para el Sector Agroalimentario 2020-2030, elaborada por el Ministerio de Agricultura y se basa en los principios de la participación, equidad, integridad, compromiso, colaboración y transparencia, además de considerar por cierto la tríada económica, social y ambiental. Todo parece bien hasta aquí, al menos suena bonito.
Pero no es posible continuar hablando del tema que convoca este escrito, la Seguridad Alimentaria, sin tener en cuenta los recientes acontecimientos ocurridos sobre esta materia, me refiero específicamente a la aprobación (que finalmente le dio el Senado) al Tratado Integral y Progresista de asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11.
El TPP-11, como le llamaré simplemente de aquí en adelante, tiene entre sus miembros adscritos a Perú, México, Canadá, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Brunei, Vietnam y desde hace algunas semanas, Chile. Este entra en nuestra agenda nacional en el 2018 durante el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en aquel entonces ocurre una primera firma, que abrió la posibilidad de que finalmente nuestro país se suscribiera definitivamente en octubre del presente año, encontrándose ya en su etapa final, solamente falta su promulgación en el Diario Oficial para que ya sea válido como uno de los tantos marcos regulatorios supranacionales de los que somos miembros.
Hablamos de un tratado comercial donde 11 países -con acceso a la cuenca del Pacífico- acuerdan cooperar en materia económica, considerando distintos tópicos, pero nuestro país ya cuenta con tratados comerciales con todos esos países que han firmado este tratado y este, de sus 30 capítulos, sólo 5 abordan asuntos comerciales. Por lo tanto, era absolutamente innecesario aprobar su firma.
En el capítulo 2 del acuerdo, se detalla el acceso a mercados y el comercio de Productos de la Biotecnología Moderna en la Agricultura. Por lo cual el TPP-11 incentiva al uso de Biotecnología Moderna en el mejoramiento transgénico de cultivos. Esto puede traer riesgos considerables para la salud humana y el Medio Ambiente, que en un largo plazo pueden producir los transgénicos, debido a las alteraciones que se realizan en la naturaleza.
El TPP-11 concede los derechos a las empresas que modifican genéticamente los vegetales, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional del país, por cual se proyecta a futuro que eliminará los derechos fundamentales de las y los campesinos e impulsará la privatización de diversas clases campesinas.
La producción de estos alimentos transgénicos implica lidiar con varios factores para controlar las plagas, debido a esto los agricultores usan pesticidas, herbicidas y otros agrotóxicos para eliminar todo tipo de plagas o impedir el crecimiento de cultivos no deseados. Consecuencia de esto se produce un impacto sobre los suelos, el agua, la flora, la fauna y a la salud de las personas.
Cabe destacar que existe una preocupación de los conciudadanos, al no tener resuelto el denominado mecanismo de solución de controversias y la estrategia de las cartas laterales o “side Letters”, en donde el Estado puede hacer cambios regulatorios pero estos tribunales internacionales ad hoc inhabilitan estas políticas regulatorias.
Quiero terminar estas palabras diciendo que la situación es preocupante, ya no podemos hablar de Seguridad Alimentaria con la entrada del TPP-11 en esta ecuación llamada Chile, pues la inseguridad alimentaria se está incrementando y continuará así si no incitamos de manera urgente a fomentar y acelerar un marco regulatorio más robusto para procurar la Seguridad Alimentaria en el país. Es necesario dar mayor prioridad a la agricultura campesina, pequeña, familiar, de auto sustento, a escala o local, pero que sea eficaz para proteger realmente a los grupos más vulnerables de sociedad, con la esperanza de que los hogares mantengan una alimentación más nutritiva y diversificada, cuestión que será difícil con todos los “corta fuegos” que trae consigo el ya afamado TPP-11.
Las repercusiones de este acuerdo, serán desastrosas no sólo para la Seguridad alimentaria, sino también para nuestra soberanía nacional (sobre todo en lo que respecta a las semillas que ya no serán libres), la y el cambio climático, además de profundizar las desigualdades sociales y territoriales, además de afectar culturalmente a muchas comunidades.
Referencias:
Global Report on Food Crises, 2022 Join Analysis for Better Decisions.
Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria 2020-2030, Oficina de Estudios y Política Agraria, Odepa Ministerio de Agricultura, diciembre 2020.
Tratado Integral y Progresista de asociación Transpacífico (TPP-11).