Por Macarena Hernández Riquelme
Psicóloga, Magíster en Psicología Clínica. Doctorando en Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
“La idea subyacente del Estado de bienestar, en cierto sentido,es la de una sociedad
interdependiente, donde la idea de la responsabilidad está ampliamente compartida”
Amartya Sen
Cuidados: El nudo de las desigualdades de género
Los cuidados son el soporte fundamental para la sustentabilidad de la vida humana. Son una tarea compleja, que varía según el número de personas cuidadas, las edades, la intensidad del cuidado, el nivel de dependencia y los apoyos para realizar el cuidado. Comprende el desarrollo de diversas actividades, tales como aseo e higiene, alimentación, tareas domésticas, atenciones o procedimientos asociados a la salud. En el caso de los niños y niñas, la necesidad de brindar protección, educación y generar el soporte emocional suficiente de una crianza respetuosa. Esta naturaleza multidimensional de los cuidados requiere definir que los sujetos que brindan cuidados debieran ser considerados una parte fundamental de atención de la política pública, pues el desarrollo de la labor cotidiana que realizan cuidadoras los enfrenta a niveles de complejidad y exigencia que impactan en su calidad de vida, agudizadas por la crisis sanitaria actual.
Según los resultados de la Encuesta “Segunda encuesta crianza en Pandemia 2020” del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, arroja que el 61% de las mujeres señala como principal dificultad el estrés asociado a cuidar, trabajar y realizar las tareas domésticas, evidenciando una desigualdad de género asociada a la baja redistribución de las tareas domésticas y de cuidado al interior de las familias chilenas. (Hernández; Rodríguez 2021).
La desigualdad en las relaciones de género en el cuidado constituye un problema social: aun cuando el trabajo de cuidado se externalice a través de la contratación de servicios, muchas mujeres se ven obligadas a excluirse del mercado laboral o enfrentadas a mayores dificultades que sus pares masculinos para articular trabajo productivo y reproductivo (Batthyány, Genta, & Perrotta, 2014).
Si bien durante la última década han emergido nuevos discursos sobre la implicación de los hombres en el cuidado, y se ha avanzado progresivamente hacia mayores niveles de corresponsabilidad en este ámbito, diversos autores identifican enormes brechas entre el plano discursivo y las prácticas cotidianas, en tanto el rol de proveedor permanece como un eje clave de la masculinidad hegemónica y aún existen escasas políticas públicas que promuevan la corresponsabilidad.
La encuesta nacional del uso del tiempo (2016) aplicada en Chile, ha sido uno de los instrumentos que ha evidenciado esta desigual distribución del tiempo entre hombres y mujeres. Mientras que las mujeres destinan en promedio a nivel nacional 5,89 horas al trabajo no remunerado, los hombres destinan 2,74 horas. Esta injusta distribución del tiempo no hace sino mostrar la rígida división sexual del trabajo que aún prevalece en las prácticas cotidianas, y que tiene implicancias sociales, económicas y políticas en el cuidado.
Crisis y redistribución de los Cuidados
La redistribución del cuidado de las personas es una clave para la protección social en el siglo XXI en América Latina y el Caribe (Provoste, 2012). Se trata de una necesidad urgente, que surge no sólo de las tendencias políticas y culturales devenidas hacia la igualdad de género, sino también de las profundas transformaciones de la sociedad del último tiempo.
Chile viene experimentando una de las transiciones demográficas más aceleradas de la región. De acuerdo a las proyecciones de población de 60 y más años de edad realizadas por CEPAL, al año 2025 la proporción de adultos mayores en nuestro país superará el 20%. Para enfrentar los desafíos de los cambios demográficos, distintos organismos internacionales han recomendado aumentar los servicios sociales antes que la transición demográfica nos alcance, es decir, antes que los mayores de 60 años sobrepasen a los menores de 16 años.
Estos cambios demográficos no hacen otra cosa que relevar una crisis respecto de quienes deben cuidar. Tradicionalmente, los actores que han resuelto el cuidado han sido las familias, y dentro de las familias, las mujeres. El incremento de los niveles de educación de las mujeres y el aumento del trabajo remunerado femenino han puesto en justa tensión el rol tradicional del ejercicio del trabajo doméstico, y, por ende, los arreglos sociales, servicios y normas respecto del cuidado.
La tensión respecto de quienes proveen de cuidados ha sido conocida como la “crisis de los cuidados”, visibilizándose como un problema de carácter público, que debe ser atendido por el Estado. Para autoras feministas, la crisis de los cuidados no es otra cosa que, un síntoma de la emancipación femenina (Montaño, 2012).
Los cuidados involucran a diferentes actores, instituciones y formas de relación (Esquivel, 2011, et al), no solamente a las familias, sino que las comunidades, las instituciones, las organizaciones, y el Estado. La redistribución del cuidado implica una articulación entre los actores, a partir de una política pública que sitúe al cuidado como un derecho social con igualdad de género en su diseño e implementación.
Cuidados: ¿Hacia dónde vamos?
Las políticas de cuidado deben considerar no sólo la creación de servicios universales de cuidado, sino también debe ir en coherencia con políticas de empleo orientadas hacia la inserción laboral de mujeres y desegmentación del trabajo de cuidado, así como de una política de desarrollo productivo territorial que logre acciones positivas en el encadenamiento productivo, fortaleciendo la economía local. Estas tres políticas deben estar a la base de los diseños de sistemas de cuidado.
El sistema de cuidado en Chile actualmente solo contempla aumento de la cobertura de los programas que ya existen, como son los de visitas domiciliarias, centros diurnos o residencias de larga estadía, prestaciones que se entregan a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de Salud, SENAMA, y SENADIS. Se incluyen también al menos un estipendio para cuidadoras de personas con dependencia, focalizado en quienes “acceden” a un programa, consistente en $28.000 mensuales. Otros subsidios, tales como el subsidio familiar o duplo, que están dirigidos a cuidadores de niños y niñas considerados cargas familiares, alcanzan cerca de $13.000 por carga familiar. Estas bonificaciones no alcanzan ni el 10% del sueldo mínimo, quedando muy por debajo de las necesidades y costos asociados al cuidado.
Lamentablemente el sistema aún no ha sido legalizado, por tanto, solo cuenta con una glosa presupuestaria que hace difícil la tarea de articulación de prestaciones y otros servicios. Asimismo, si bien en sus inicios como programa piloto (2015) contó con programas de respiro de cuidadoras, estos fueron eliminados en la administración anterior, fundiéndose en líneas de trabajo sin mayor impacto en la población.
Al comparar con experiencias internacionales, otros sistemas de cuidado en España o Alemania contemplan una gama mucho más amplia de dispositivos de cuidados, tales como residencias de respiro de fines de semana, que permite a los cuidadores obtener un respiro durante los fines de semana, mientras sus familiares son atendidos por un servicio de excelencia que contempla actividades lúdicas y de socialización a las personas con dependencia. Existen otros servicios consistentes en residencias vacacionales, que entregan un servicio de cuidado a las personas con dependencias por periodos de vacaciones, contemplando actividades deportivas, recreativas y de socialización, que permiten mejorar las condiciones de bienestar de las personas, al mismo tiempo que entregan al cuidador o cuidadora la posibilidad de contar con tiempo de calidad para sí mismo, pudiendo tomar vacaciones del cuidado. Todos estos servicios cuentan con estándares de calidad medibles, así como remuneraciones y subsidios al cuidado que permiten costear los servicios o pagar a un cuidador/a.
En Chile, el nuevo sistema nacional de cuidados se encuentra en una etapa muy incipiente, centrándose en consolidar una secretaría ejecutiva que permita cuantificar el número de cuidadores/as que existen en el país. Sin embargo, a la fecha no se conoce la hoja de ruta del sistema, ni los programas nuevos que se añadirán a la oferta de servicios, o cómo se diseñará una política de cuidados. En este marco, se hace importante que las autoridades ministeriales consideren procesos participativos en el diseño de esta política pública, por cuanto se ha relevado su importancia hasta proponerla en el nuevo texto Constitucional, requiriendo de apoyos transversales de todo el intersector que impulse su diseño e implementación.
Respecto del derecho al cuidado, el artículo 50 de la nueva propuesta Constitucional a ser votada el 4 de septiembre de 2022 señala:
1° “Toda persona tiene derecho al cuidado. Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. El Estado se obliga a proveer los medios para garantizar que el cuidado sea digno y realizado en condiciones de igualdad y corresponsabilidad.
2° El Estado garantiza este derecho a través de un sistema integral de cuidados, normas, y políticas públicas que promuevan la autonomía personal, y que incorporen los enfoques de derechos humanos, de género e interseccional. El sistema tiene un carácter estatal, paritario, solidario, y universal, con pertinencia cultural. Su financiamiento será progresivo, suficiente y permanente.
3° Este sistema prestará especial atención a lactantes, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas en situación de discapacidad, personas en situación de dependencia, y personas con enfermedades graves o terminales. Asimismo, velará por el resguardo de los derechos de quienes ejercen trabajos de cuidados”.
Si bien en el programa del presidente Boric se hace hincapié en la creación de un nuevo sistema de cuidado, su implementación depende totalmente de poder contar con los recursos presupuestarios necesarios. El costo actual del nuevo sistema de cuidado propuesto en el programa de gobierno equivale a un 0.8% del PIB actual, por tanto, su diseño e implementación depende exclusivamente de la aprobación de una reforma tributaria, que permita costear el cuidado con dignidad, universalidad, y corresponsabilidad, garantizando el ansiado derecho al cuidado.
Referencias
Batthyány, Genta, & Perrotta, “Las representaciones sociales del cuidado infantil desde una perspectiva de género. Principales resultados de la Encuesta Nacional sobre Representaciones Sociales del Cuidados” (2014) artículo publicado en https://www.researchgate.net/publication/276220215_Las_representaciones_sociales_del_cuidado_infantil_desde_una_perspectiva_de_genero_Principales_resultados_de_la_Encuesta_Nacional_sobre_Representaciones_Sociales_del_Cuidado
Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2016. Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Montaño, S. Redistribuir el Cuidado (2013) Cuadernos de Cepal, Santiago de Chile.