Por Alexis Cortés
Académico Universidad Alberto Hurtado.
El triunfo de Kast dejó una postal reconocida transversalmente. Un conteo de votos realizado ejemplarmente por el Servicio Electoral, el temprano reconocimiento del resultado de parte de la adversaria derrotada y su posterior visita para felicitarlo, una llamada del presidente saliente al futuro inquilino del Palacio de gobierno con una hora marcada al otro día para ya afinar un traspaso impecable. El formalismo republicano chileno en su esplendor.
Con todo, de ese reconocimiento parece derivarse una desactivación de las posibles alarmas provocadas por el hecho de que un abierto partidario de la dictadura chilena llegue al poder. El estilo sobrio y contenido de José Antonio Kast lo distancia de la agresiva grosería de algunos de sus referentes internacionales como Bolsonaro o Milei. Algunos analistas destacaron que, en su discurso triunfal, la promesa parece ser que Chile volverá a ser aburrido (fome). ¿Son estos elementos señales de moderación?
La campaña de José Antonio Kast se centró, a diferencia de sus intentos anteriores, casi exclusivamente en enfrentar la seguridad pública y la crisis migratoria mediante un gobierno de emergencia, enfatizando la necesidad de cambio de timón respecto de un gobierno impopular. Los temas valóricos, que lo llevaron a ser presidente de una de las organizaciones internacionales responsables en parte del giro conservador global (Political Network for Values), estuvieron prácticamente ausentes. Estos temas polémicos, al igual que sus posiciones frente a la Dictadura y su defensa a algunos de sus principales criminales, fueron evadidos sistemáticamente.
El pulcro cumplimiento de los formalismos no es sinónimo de convicción democrática ni una distancia estructural de amenazas similares a las que provocó Bolsonaro en Brasil durante su gobierno. La fotografía del presidente electo con el actual mandatario de Argentina Javier Milei sosteniendo la famosa motosierra para reducir el Estado no transmiten mesura, por más que Kast no comparta la estridencia del trasandino. Por otra parte, la calculada omisión de creencias morales conservadoras no equivale a la tolerancia. La legitimidad del expresivo triunfo de Kast no debería significar, por tanto, ausencia de preocupación ni una minimización de sus posibles consecuencias.
Es cierto que Chile cuenta con instituciones que se han estabilizado en sus procedimientos. La democratización chilena fue de la mano con el incremento de limitaciones a las capacidades administrativas del Estado en buena medida por la desconfianza de la derecha a las funciones ejecutivas del poder público, sobre todo porque ese periodo contó con una clara hegemonía electoral de la centroizquierda. ¿Ese Estado neoliberal acaso será un freno al propio neoliberalismo de Kast? Algunos personeros del círculo del presidente electo ya señalaron que podrán recurrir a medidas administrativas para implementar su agenda de gobierno, considerando el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
Kast enfrentará una encrucijada no menor, de persistir en el cumplimiento de sus promesas de campaña deberá torcer una dinámica de funcionamiento que la propia derecha chilena performó respecto del Estado, ahora bien, si no cumple sus promesas verá rápidamente debilitado el apoyo que lo llevó a La Moneda. Pero cuidado, la narrativa de un gobierno de emergencia es funcional para justificar medidas extraordinarias y de shock, por lo mismo esa noción puede ser interpretada también como una amenaza.
Tal como ha observado la socióloga Pierina Ferreti, Chile es un país que ha vivido más tiempo bajo el neoliberalismo que bajo cualquier otro modelo de desarrollo. Por lo mismo, se podría pensar que en esas condiciones es poco lo que Kast puede hacer para profundizar aún más esas dinámicas. Sin embargo, bien vale recordar que en el proceso constitucional 2023, conducido principalmente por el Partido Republicano, tenemos un claro ejemplo de que el neoliberalismo y el conservadurismo pueden radicalizarse mucho más. Esa propuesta constitucional y la forma de conducción de republicanos pueden considerarse como un anticipo del futuro gobierno.
Chile en las últimas décadas ha vivido una profunda transformación societaria y normativa en materia valórica y de derechos sexuales y reproductivos. De modo tal, que los avances legislativos cuentan con un elevado apoyo ciudadano, por lo mismo, es posible que la amenaza en esa materia no se exprese directamente, sino mediante medidas administrativas, reglamentos o recortes presupuestarios que dificulten la implementación de esas cuestiones. Es probable que se inicie una contra-reforma en materia educacional, sobre todo escolar para que, tal como lo hicieron en el proceso 2023, los proyectos educativos privados tengan mayores posibilidades de acceso a recursos públicos, sin ningún tipo de mediación regulatoria curricular. No sería sorprendente que seamos testigos de una ofensiva a favor del homeschooling financiado por el Estado. El traspaso de recursos públicos a entidades privadas debería tender a fortalecerse, algo que puede ser especialmente agudo en materia de salud, considerando la persistencia de listas de espera con tiempos por sobre lo tolerable.
Por otra parte, los avances que se han producido en materia de protección del medio ambiente estarán en riesgo, no solo porque el propio Partido Republicano ha demostrado una concepción evidentemente economicista del medio ambiente, también porque en la discusión pública ha habido un sistemático ejercicio de descrédito de nuestra normativa ambiental. Así lo demuestra el despectivo uso de la noción de “permisología” y la atribución narrativa que la convierten en el principal obstáculo para la inversión privada.
Normalmente cuando se anuncian políticas de austeridad y recortes presupuestarios, uno de los ámbitos que primeramente se ven afectados son el financiamiento público de la ciencia y la investigación, particularmente en ciencias sociales y humanidades; así como las políticas culturales definidas como no prioritarias o incluso como instrumentos de una supuesta “guerra cultural” del progresismo.
La lenta recuperación de derechos laborales es otro aspecto que podría verse afectado, por ejemplo, a través del papel que pueda jugar una Dirección del Trabajo favorable a intereses empresariales o a través de la implementación restringida de leyes ya aprobadas. Asimismo, ya se han multiplicado las declaraciones que buscan criminalizar eventuales manifestaciones por el malestar provocado por medidas impopulares. En ese punto, ha sido particularmente explícita la amenaza “con graves consecuencias” al rol que pueda jugar el Partido Comunista en esas movilizaciones. Desde hace años, han sido más o menos directas las declaraciones de personeros de ultraderecha cuestionando la compatibilidad con la democracia de la existencia de ese partido. La posibilidad de reedición de algo parecido a una “ley maldita” no resulta descabellado y es, por lo mismo, sumamente preocupante.
Chile le ha dado una clara mayoría a un candidato de ultraderecha en segunda vuelta, pero no le ha entregado un cheque en blanco. Aunque ese sector ha externalizado la destemplanza en el Partido Nacional Libertario de Kaiser, el pulcro respeto de las formalidades no garantiza que los valores democráticos estén a resguardo. Hasta ahora países como Brasil y EEUU lograron hacer respetar las mayorías democráticas que sustituyeron gobiernos de extrema-derecha, pero con inéditos intentos para impedir los traspasos de mando. La invasión al Capitolio en Washington y la depredación de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia están demasiado frescas en la retina como para despejar cualquier duda al respecto.
