¿Ilegales ante qué?

Grillo (1984) de Jean-Michel Basquiat

Fecha de Publicación:
Abril , 2026

Por Fidel Lajara

Psicólogo

“Expulsar a los inmigrantes ilegales del país” fue una de las promesas de campaña más relevantes del actual presidente de Chile. Se trata de una narrativa sostenida por más de una década, avalada por los medios de comunicación, especialmente en períodos de propaganda y debate electoral.

La promesa de expulsión se tradujo en una política concreta: lo que el mandatario y su sector entienden como “quitar beneficios”. En la práctica: obstaculizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación y el trabajo formal para las personas extranjeras con su documentación no regularizada.

Su candidatura apeló a la supuesta épica de una cuenta regresiva, teatralizando su ascenso al poder como un punto de inflexión frente a la permanencia de los inmigrantes en el país. Este discurso se propagó como una amenaza implacable que, con el tiempo, terminó convertida en una cordial invitación a abandonar el territorio.

Ya en el poder, comienza a hacerse evidente —no sin resistencias— que los obstáculos para acceder a derechos básicos, como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, no solo persisten, sino que se profundizan. Los recortes en carteras clave han ampliado la brecha en el acceso a bienes esenciales, en un contexto marcado por el alza histórica de los combustibles —diésel y bencina—, todo ello justificado bajo el mito del “Estado en quiebra”.

Por supuesto, la promesa de obstaculizar el acceso a los llamados “beneficios” no afectó únicamente a la población migrante, sino a la mayoría de quienes habitan el país, sin distinción de nacionalidad. La excepción es evidente: asesores gubernamentales, cuyos salarios, en algunos casos, se duplicaron hasta bordear los $10.000.000 mensuales, y grandes empresarios, quienes se verán beneficiados con la reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

¿Qué nos enseña esto sobre el ejercicio de gobernar?

Giorgio Agamben, en Homo Sacer: el poder soberano y la nuda vida (2013), ofrece herramientas conceptuales sugerentes para pensar este problema. El filósofo italiano, retomando a Carl Schmitt —teórico político vinculado al nazismo—, se detiene en la llamada “paradoja de la soberanía”, que formula del siguiente modo:

“El soberano está, al mismo tiempo, fuera y dentro del ordenamiento jurídico”.

Para Agamben, esto implica que el soberano, al tener la potestad legal de suspender la ley, se sitúa simultáneamente dentro y fuera de ella.

Este borde difuso —donde no hay un afuera ni un adentro claramente delimitados— permite comprender las paradojas de un gobierno de estas características.

Así, el problema no es solo la suspensión de derechos, sino algo más radical: la posibilidad de declarar “ilegal” no una acción, sino a la persona misma. Es decir, despojar al ser humano de su estatuto jurídico, situándolo en un espacio donde la ley deja de protegerlo sin dejar, al mismo tiempo, de imputar y someterlo.

Siguiendo a Agamben: “el soberano, por medio del estado de excepción, ‘crea y garantiza la situación’ de la que el derecho tiene necesidad para su propia vigencia” (p. 29, 2013).

Es así que, el Ejecutivo se propuso como un “gobierno de emergencia”, amplificando la tesis de una crisis de acceso a los servicios estatales y seguridad nacional cuya causa sería que los “inmigrantes ilegales” gozan de beneficios sociales, impidiendo que los ciudadanos chilenos accedan a ellos.

Lo que para algunos son beneficios sociales, para la comunidad internacional son derechos inalienables para la dignidad de la vida humana. Se fabrica una crisis para asumir el monopolio de su solución. En concreto, se puede gobernar por decreto para excluir al Parlamento en la toma de decisiones relevantes; por ejemplo, la del alza de los combustibles, afectando el costo general de la vida.

¿Qué implica declarar a la persona misma como ilegal?

Para Roberto Esposito, en su ensayo El dispositivo de la persona (2011), los fundamentos del derecho occidental se remontan al derecho del Imperio romano. “En Roma, era persona quien gozaba de la posibilidad de reducir a otros a la condición de cosa” (p. 23).

Siguiendo a Esposito, declarar al otro como ilegal es tratarlo como cosa, deshumanizarlo; en tanto, el otro queda despersonalizado del derecho y se vuelve objeto del beneficio del soberano. Hay una inversión del derecho.

Es así como el derecho a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la seguridad se invierte: o son bienes de consumo o beneficios que el Estado puede suspender. Es lo que también se hace con el otro, quien puede o no ser persona y sujeto de derechos según la decisión del soberano en sí, que es quien asume el monopolio de esa decisión.

Esta decisión es la prueba de un gobierno totalitario, que monopoliza el poder respecto de la ley. Recordemos: el soberano es quien tiene el poder de “suspender la ley para situarse dentro y fuera de ella”.

Es por eso por lo que parece importante preguntar, a propósito de las personas migrantes, de la noción de ciudadanía, de la catástrofe global y los corredores humanitarios:

¿Las personas son ilegales ante quién?

Ante el soberano de un país donde, en lo fáctico, todo habitante es inmigrante, y donde la ilegalidad no es una condición jurídica, sino una decisión política.