Por Juan Pablo Correa Salinas
Psicólogo social
En nuestro país, la disputa por la (des)igualdad se encuentra asociada a los proyectos políticos contrapuestos de la izquierda y la derecha. Mientras la izquierda busca validar una sociedad con menos desigualdad económica y más diversidad en los estilos de vida y las identificaciones personales, la derecha apuesta por una sociedad socioeconómicamente desigual y culturalmente homogénea.
Pero ¿qué nivel de desigualdad está dispuesto a tolerar cada sector? Atendiendo a las opiniones planteadas en el debate constitucional, así como a las políticas públicas que ambos grupos promueven, la mayor parte de la izquierda parece estar de acuerdo con la plurinacionalidad y la multiculturalidad, con la paridad de género en los cargos de autoridad, con la descentralización geográfica del poder político y económico, con la aplicación de normas de preferencia (cada cual puede elegir) en aquellas decisiones que involucran la identidad de género, la orientación sexual, el aborto y la eutanasia. Más en general, la izquierda promueve la instalación de condiciones de igualdad de estatus y paridad participativa (Fraser, 2000) entre todo(a)s lo(a)s ciudadano(a)s. Cada una de estas políticas facilita la heterogeneidad identitaria y la pluralidad de estilos de vida. En temas económicos, en cambio, la izquierda busca desarrollar políticas redistributivas que disminuyan la desigualdad de ingresos y patrimonio, y, además de eliminar la pobreza, terminen con los mercados estratificados en áreas como la salud, la educación y la previsión. También desea igualar el poder de decisión de capitalistas y trabajadores en el funcionamiento de las empresas, aunque no ha realizado muchas propuestas concretas para hacer efectivo este último proyecto.
La derecha, en cambio, promueve la estratificación de los mercados y no ve problema alguno en que exista alta desigualdad socioeconómica en el país mientras se disponga de políticas públicas especiales para paliar la situación de las personas más pobres. La desigualdad no es un problema dicen en la derecha, la pobreza sí. La forma extrema de esta posición es recogida en una pregunta retórica formulada insistentemente por Axel Kaiser: ¿prefieren un país altamente desigual donde nadie viva bajo la línea de la pobreza o un país altamente igualitario dónde todos vivan en situación de pobreza?
Teresa Marinovic -ex convencional constituyente y divulgadora de muchas de las ideas de derecha más radicales- plantea la cuestión de una manera distinta. Lo que importa, ha dicho, es la igualdad ante la ley, no la igualdad de resultados. Con esta última expresión alude expresamente a lo que la izquierda denomina “igualdad sustantiva”, esto es, a la igualdad de hecho, aquella que asegura que las desventajas inherentes de determinados grupos (llamados por la ONU “grupos de especial protección”) no se mantengan. La igualdad ante la ley (o igualdad formal), en cambio, es concebida por Marinovic y gran parte de la derecha como “igualdad de oportunidades” en la medida en que creen en la existencia de un mundo justo. La creencia en un mundo justo (CMJ) ha sido conceptualizada por la psicología social (Lerner, 1965) como un sesgo cognoscitivo que afirma que las personas obtienen lo que se merecen. De este modo los pobres y desfavorecidos son culpabilizados por su situación, haciéndolos responsables de sus padecimientos. Una versión extrema de la CMJ ha sido conocida en los últimos años como “psicología de la felicidad”. Ella sostiene que la felicidad se construye por medio de la voluntad, lo cual implica que quienes son felices han de ser felicitados por su logro, mientras que quienes no lo son pueden, además, ser criticados por ello.
En los temas “culturales” o “valóricos” -como regularmente se les denomina- la mayor parte de la derecha asume una posición conservadora y autoritaria. Es decir, no está dispuesta a aceptar el “cada cual decide” (norma de preferencia) propuesto por la izquierda. Más bien intenta imponer universalmente su particular idea de la vida buena a través de la ley y las instituciones políticas. Se opone a cualquier forma de aborto libre, a la eutanasia en todas sus modalidades y aceptó a contrapelo la nueva ley de identidad de género, así como el matrimonio igualitario. A través de lo que llama el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, intenta impedir que el Estado exija a los colegios la entrega de educación sexual inclusiva y, más en general, que instale el pluralismo en colegios y universidades, terminando con la educación confesional de carácter parroquial.
Una manera interesante de abordar el tema de la desigualdad es a través de la noción de anomia. El sociólogo Robert Merton (Merton, 1957) caracteriza las sociedades anómicas como: i) aquellas que establecen las mismas metas para todas las personas (ej: trabajo, propiedad, conocimiento, reconocimiento, poder político, seguridad, felicidad, amor, sexo, recreación, salud, etc.) pero, ii) no reparten en forma igualitaria los medios que consideran legítimos para alcanzarlas. De este modo, existen personas y, sobre todo, grupos o categorías de personas, que corren con ventaja en la carrera por obtener las metas que todos (o la mayoría) desean, mientras que otras personas, grupos o categorías deben conformarse con obtener menos de lo deseado o recurrir a medios ilegítimos para conseguir lo que quieren. Las sociedades anómicas son productoras de desigualdad en la administración de los medios y tienen un problema grave de legitimidad a propósito de esta situación. El uso de medios ilegítimos para obtener metas validadas por la cultura termina por legitimarse en las sociedades anómicas una vez se heredan los bienes mal habidos o se olvida el origen de los mismos.
Un problema adicional que plantea la repartición de bienes altamente deseados es la existencia limitada de algunos de ellos. Es el caso del poder político o de las máximas formas de reconocimiento en materias como las artes, las ciencias, el deporte, etc. En casos como estos, parece claro que, aunque todas las personas cuenten con los medios necesarios, muchas no obtendrán el resultado buscado, pues éste se reserva exclusivamente para quienes ganen la competencia.
Una tercera dificultad asociada a la situación descrita es la posibilidad de cambiar bienes de distinto tipo y, por lo tanto, de apropiarse de bienes diversos habiendo obtenido éxito en una sola de las áreas en disputa. La posibilidad de conseguir poder político a través de la fama deportiva o mediática, o la consecución de capital económico a través del poder político (o al revés), son ejemplos obvios de esta situación. En estos casos se ve cuestionada también la legitimidad del sistema de repartición de bienes.
En una reflexión filosófico-política sobre estos problemas, Michael Walzer (Walzer, 1984) ha desarrollado una “teoría de la justicia compleja”. Su planteamiento lleva al extremo un dispositivo creado por la filosofía liberal: la separación entre esferas de valor. Walzer sostiene que el liberalismo clásico fue concebido como un arte de separación. Es decir, como un dispositivo de construcción de muros imaginarios que obstruyen el intercambio -como prefiere decir Judith Andre (Andre, 1995)- entre esferas que producen y distribuyen bienes de diferente tipo. La separación genera las libertades que el liberalismo quiere promover. El ejemplo más repetido es el de las iglesias y el Estado. Al separar estas dos esferas de distribución de bienes (religiosos y políticos) el liberalismo genera dos libertades: la libertad de conciencia religiosa (el Estado no puede entrometerse en la administración de bienes religiosos) y la libertad de conciencia política (las iglesias no pueden entrometerse en las decisiones de la autoridad política y la ciudadanía). Otro ejemplo repetido por Walzer es el de la separación entre familia y Estado. Esta separación termina con la herencia familiar del poder político, haciendo posible el advenimiento de la democracia y la superación de las estratificaciones sociales rígidas.
Cada sociedad debe decidir dónde y cómo aplica el arte de la separación, afirma Walzer. No obstante, en su libro Las esferas de la justicia (Walzer, 1983) propone algunas áreas en las que la distribución de bienes debe realizarse por separado para que la democracia liberal pueda funcionar. De este modo, dice Walzer, nadie podrá ganar la competencia por los bienes en todas o muchas esferas -superman y superwoman no son de este mundo- y nadie se quedará sin nada si le dan la posibilidad de participar en la repartición en condiciones mínimamente justas.
Para que una sociedad que busca administrarse conforme a criterios de justicia pueda funcionar, es necesario que todas las personas que compiten por bienes distintos en diferentes esferas de distribución cuenten con los recursos necesarios para enfrentar la situación en condiciones igualitarias. Es tarea del Estado proporcionar esos bienes, dice Walzer. Ellos incluyen una vivienda y un trabajo dignos (o un subsidio adecuado, de no haber pleno empleo en esa sociedad), una educación de calidad para todos, un buen sistema de salud de acceso universal, etc.
Pero la justicia compleja debe enfrentar dos situaciones que obstruyen el arte de la separación. La primera de ellas es el crecimiento desmesurado de una esfera de distribución de bienes. Es lo que ocurre en la sociedad contemporánea con el capital financiero. La última fase del capitalismo que hoy denominamos neoliberalismo es justamente eso. La concentración del capital financiero en manos privadas ha llevado a una situación que OXFAM (Ahmed, 2022) describe diciendo, por ejemplo, que los 10 hombres más ricos del mundo (no hay mujeres en este grupo) poseen más riqueza que los 3100 millones de personas más pobres. O que la riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa del COVID-19.
La extrema riqueza es un problema no sólo porque forma parte del mismo engranaje que produce y reproduce la pobreza en el mundo. También es un problema porque permite que las grandes corporaciones cuenten con un capital superior al de muchos Estados, controlando las decisiones ciudadanas y destruyendo la democracia al cooptar el poder político e invalidar sus sistemas de representación.
Una segunda amenaza sobre la justicia compleja proviene de lo que el marxismo llama lucha de clases. Se trata de la participación coordinada de uno o más grupos en las diferentes esferas de repartición de bienes. Esto no hace posible que una misma persona pueda triunfar en todas las áreas, pero facilita que lo haga un colectivo bien integrado y suficientemente favorecido por las condiciones de partida (dinero, salud, educación, etc.). Una situación como esa destruye la separación de diferentes tipos de repartición de bienes y, por ende, también la igualdad compleja.
Una forma institucional de obstrucción de la igualdad compleja ha sido creada en Chile a través de mercados estratificados en salud, educación y, sobre todo, previsión. En educación el mecanismo es la bonificación estatal para el financiamiento de colegios particulares subvencionados e instituciones de educación superior. En el caso de la salud y la previsión la situación es mucho más radical. El Estado establece por ley la obligación de los trabajadores de reservar parte de su sueldo para gastos de salud y previsión. Pero les expropia el control de ambos procesos y lo traspasa a instituciones privadas de propiedad de grandes grupos económicos (muchos de ellos extranjeros). Las Isapres (en salud) y las AFP y aseguradoras (en temas previsionales) pueden financiar negocios privados millonarios disponiendo del dinero fresco que proviene del ahorro obligatorio de los trabajadores, ofreciendo a cambio servicios cuya calidad es altamente cuestionada por la mayor parte de la ciudadanía. No por todos, claro, debido a que la oferta de salud y previsión para la parte económicamente más favorecida (bastante menos del 10% de los cotizantes) puede no ser mala. El principio general es “cada cual se rasca con sus propias uñas”, pero lo que pueden hacer las uñas de cada trabajador(a) no es algo que él o ella decida, sino quienes por ley los reemplazan en la administración de sus fondos.
El diseño que José Piñera hizo de las AFP durante la dictadura permitió reemplazar la seguridad social en la entrega de pensiones por el ahorro individual y su inversión financiera, otorgando dinero fresco a los grupos económicos que controlan la economía del país. Fue tan malo el resultado en materia de pensiones y tan bueno en el financiamiento constante de la gran empresa, que la discusión política sobre el sistema de pensiones y la necesidad de reformarlo lleva más de una década en Chile. La derecha insiste en mantener el sistema y mejorar las pensiones del grupo menos favorecido a través de bonificaciones estatales con cargo a impuestos generales. La izquierda, en cambio, propone terminar con las AFP, separando la administración del sistema y la inversión financiera de los fondos. Al haber un sólo administrador (eventualmente estatal) se ahorraría mucho en administración, lo que ayudaría a mejorar las pensiones. Pero lo que la izquierda no ve es que tomar en serio las palabras de la derecha cuando afirma que los fondos previsionales son de propiedad de lo(a)s trabajadore(a)s permitiría que estos pudieran disputar colectivamente el control de la economía a los grandes capitales privados. Más aún si en eso pudieran construir una alianza con el Estado para explotar los grandes recursos económicos del país.
La disputa por la (des)igualdad en Chile es una disputa tanto por los fines como por los medios con los que se alcanzan esos fines, e incorpora también la cuestión de si las metas socialmente legítimas serán de principio iguales o similares para todos o diferentes personas y grupos podrán proponerse objetivos diferentes en sus vidas y ser respetados por ello. La etapa actual del proceso constituyente parece indicar que esta última posibilidad está lejos de ser plenamente aceptada en el país.
Para terminar, cabe señalar que esta confrontación discursiva no obedece a una realidad simétrica. En general, quienes votan por la derecha son dueños de las grandes empresas del país, de la banca, de las universidades privadas, de la gran mayoría de los colegios particulares, de los grandes medios de comunicación (en especial prensa y televisión, dado que la realidad de la radio es un poco más pluralista), etc. Quienes votan por la izquierda sólo pueden compensar esta situación a través del poder político, y para ello necesitan conseguir un amplio apoyo ciudadano a sus propuestas de producción y reducción de la (des)igualdad.
Referencias:
Andre, J. (1995) “Intercambios obstruidos: una taxonomía”. En Miller, D. y Walzer, M. (Comp.) (1995) Pluralismo, justicia e igualdad. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1996.
Fraser, N. (2000) “Nuevas reflexiones sobre el reconocimiento”, en New left review, ISSN 1575-9776, N°4, 2000, pp.55 – 68. Edición en español, ejemplar dedicado a políticas económicas, modelos de democracia y estrategias imperialistas de la tercera vía.
Lerner, M. J. (1965). Evaluation of performance as a function of performers reward and attractiveness. Journal of Personality and Social Psychology, 1(4), 355-360.
Merton, R. (1957) “Estructura social y anomia”. En Teoría Social y Estructura Social (4 estudios), pp.51 – 95.
Ahmed, N. y otros (Enero 2022) Informe de Oxfam Internacional “Las desigualdades matan”. Revisado el 28 de julio de 2023 en:
https://oxfammexico.org/wp-content/uploads/2022/03/bp-inequality-kills-170122-es.pdf
Walzer, M. (1983) Las esferas de la justicia: una defensa del pluralismo y la igualdad, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.
Walzer, M. (1984) “El liberalismo y el arte de la separación”, en Guerra, política y moral. Barcelona: Paidós, 2001, pp.93 – 114.