Descentrados Chile

Un 8 de marzo con la ley de conciliación

Fotografía: Araceli Bravo

Por Natalia Zúñiga Valenzuela
Presidenta Sindicato de Trabajadores/as de la Universidad Alberto Hurtado

Los 8 de marzo siempre están llenos de sentimientos contradictorios y tensiones, entre la conmemoración que nos reúne y todas las demandas incumplidas. En mi opinión, gran parte de las demandas pendientes están relacionadas con lo que dio origen a la conmemoración, es decir, la mujer trabajadora. No entraré en este caso en el debate, que me parece muy interesante, respecto al trabajo no remunerado, sino que me centraré en la mujer que trabaja actualmente de manera remunerada.

Esto se debe al contexto nacional en el que se aprobó a finales de enero la ley de conciliación de vida familiar y laboral (21.645), que establece, entre otras cosas, la posibilidad para las personas cuidadoras de niños menores de 14 años y personas con discapacidad de solicitar trabajo a distancia o teletrabajo, además de cambiar la fecha de vacaciones para hacerlas coincidir con el periodo de vacaciones escolares.

La ley, que busca seguir las orientaciones de la OIT para avanzar en un trabajo decente, generó amplias expectativas en el segmento de mujeres asalariadas, ya que permitía conciliar las tareas de cuidado con las de trabajo fuera del hogar. Y es cierto, los cuidados no son un tema exclusivo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, aunque sean realizados principalmente por mujeres. La ley entonces da indicios de visibilizar una realidad que parece costarnos mirar, a saber, que en la actualidad las familias trabajadoras no dan abasto con las labores de trabajo remunerado y de cuidado. Hasta ahí, la ley parecía aportar una mirada a la familia real, además de entender los cuidados como un tema de todos y todas, no solo de las mujeres cuidadoras; en este sentido, quienes podían solicitar el trabajo a distancia eran personas cuidadoras sin importar su género, y aunque se dé por sentado que en su mayoría son mujeres, da la oportunidad de que cualquier cuidador lo pueda solicitar sin importar su género, promoviendo así la coparentalidad.

Pero estas buenas intenciones se han visto opacadas por varios factores que nuevamente nos recuerdan las tensiones de cada 8M. A pesar de que no soy abogada, me doy cuenta de que hay cosas que a simple vista parecen no conocer el país en el que vivimos. A mi entender, el primer problema es que la solicitud se realiza de forma individual, sin generar ningún mecanismo que corrija la asimetría de poder que existe entre un jefe y una trabajadora, por ejemplo. En un país cargado de miedo, en el que en el año 2022 solo el 7,2% de los trabajadores/as participa en negociaciones colectivas, no podemos pretender que las trabajadoras puedan negociar individualmente con su empleador para solicitar labores de cuidado. Los trabajadores/as tienen miedo de perder su empleo; las familias deben sortear entre trabajos con bajos salarios y cuidados que nadie tiene tiempo de realizar. Si los cuidados permiten la continuidad de la vida, ¿cómo restringimos el tiempo para desarrollarlos enviando a trabajadores atemorizados a solicitar autorización para cumplir responsabilidades colectivas que permiten la sostenibilidad de la vida?

La solución no es ni será nunca individual, porque los cuidados no pueden seguir siendo un tema individual y familiar. En este sentido, la ley se equivoca, porque son las organizaciones de trabajadores, es decir, los sindicatos, los únicos que en este contexto pueden enfrentar una negociación con el empleador, pues sus dirigentes, que cuentan con fuero, no viven el temor de la mayoría de los trabajadores a ser despedidos. Los contratos colectivos son la herramienta, además, para establecer acuerdos que se adapten a las necesidades de los distintos espacios laborales, pues son acuerdos a los que llegan personas que conocen sus características y funcionamiento. Los cuidados deben ser protegidos por una legislación que permita su aplicación a la realidad de la clase trabajadora, que no piense que la solicitud de teletrabajo la realizará una trabajadora profesional a su jefa y ex compañera de universidad, por caricaturizar, sino una trabajadora con un sueldo que no le alcanza, con un jefe o jefa a quien teme porque sabe que tiene el poder de despedirla y solicitar cualquier cambio que podría poner en riesgo la fuente de ingresos de su familia. Frente a esa asimetría de poder, no se puede pensar que se logrará avanzar en el derecho a los cuidados, menos si la ley plantea que la solicitud es individual, pues incluso para el 20% de los trabajadores que están sindicalizados, la ley no favorece que los acuerdos los realice la organización sino cada trabajador/a.

Por último, y para seguir hablando de cuidados como derecho, debemos entender que estos no son un tema exclusivo de las mujeres ni de las familias. Los cuidados son una responsabilidad que debemos asumir como sociedad, y hasta aquí no hemos hablado del rol de las empresas. De acuerdo con la nota publicada por el financiero, más del 60% de las solicitudes han sido denegadas. ¿Cuál es el rol de las empresas en esto? ¿Tienen alguna preocupación por la vida de sus trabajadoras o trabajadores? Porque es posible que asuman su rol en la sostenibilidad de la vida y, por tanto, en los cuidados. No hay dudas de que la multiplicidad de roles que deben asumir quienes trabajan fuera del hogar y se hacen cargo de los cuidados y el trabajo doméstico no es humanamente posible ni sanamente sostenible. Además, los cuidados son una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, no de una persona o una familia. Bajo qué argumento se puede denegar a trabajadores y trabajadoras cuidar a sus hijos o padres; ¿quién debería entonces cuidarles? ¿Quiénes deberían entonces hacerse cargo de esto? Es un deber ético de las empresas tomar un rol activo en esto; es deber de todos asumir los cuidados como parte indispensable para la continuidad de la vida.