Por Gustavo Vergara
Coordinador del Núcleo Economía, Fundación Territorios Colectivos.
Durante la campaña previa al plebiscito del 4 de septiembre varias voces, supuestamente expertas en los vaivenes del mercado, salían a pregonar que el Rechazo traería las tan anheladas certezas que demandan los inversionistas extranjeros para privilegiar nuestro país con sus capitales. Por lo tanto, el único camino para dar las señales de estabilidad necesarias para atraer la inversión extranjera, fomentar el empleo y con esto impulsar el consumo y la demanda interna, era rechazar la propuesta de texto constitucional para frenar el ánimo refundacional que amenazaba con destruir los cimientos de la economía chilena que tanto esfuerzo (y sangre) ha costado instaurar.
Varios personajes que se autoproclaman como sólo ciudadanos moderados, sin inclinación política, se declaraban preocupados de que el Estado se fuera a robar la plata de tu pensión, que se clausurarían los colegios privados, que todos pasaríamos a colapsar el sistema de salud público, que el país se dividiría en 30 partes, o que los chilenos pasaríamos a ser ciudadanos de segunda clase ante la justicia. Sin embargo, a dos meses, ya se puede ver que estas no fueron más que propagandas basadas en exageraciones o, derechamente, mentiras difundidas por gente que fue contratada para defender los intereses de quienes buscaban mantener los privilegios que les otorga el actual marco jurídico.
Recordarán la fuerte campaña que los rostros del Rechazo desplegaron en todos los programas de televisión, radio y prensa donde repetían que, con la Nueva Constitución, el Estado te robaría tus fondos de pensión, que el dinero que tu ahorraste era tuyo y, por lo tanto, no debería ir a ningún fondo solidario para mejorar las pensiones del resto de la población que no le alcanza ni para los remedios. Pero resulta que las AFP no sólo han perdido en un par de meses las escazas rentabilidades que habían obtenido durante el año los fondos de pensiones, además, se han dado el lujo de repartir utilidades a sus socios (sólo AFP Provida ha repartido más de 79 mil millones de pesos en utilidades este 2022). Al final tu plata nunca estuvo en riesgo de ser secuestrada por el Estado, porque antes de eso la AFP simplemente la hará desaparecer debido al mal manejo de los fondos de inversiones que van a financiar empresas que están en quiebra, y que son de sus amigos (como LATAM), mientras siguen cobrando una cuota por administrar el fondo, para después repartirla como utilidades a sus socios. Incluso la discusión hoy en el Congreso es si el 6% de cotización extra que aportará el empleador debería ir a un fondo solidario administrado por un organismo técnico del Estado para mejorar las pensiones de quienes hoy tienen menos recursos, según la propuesta del gobierno para la reforma a las pensiones, o si ese 6% debería ir a las cuentas personales de cada trabajador y ser administradas por la AFP, como han exigido los partidos de oposición, amenazando que si esos nuevos fondos no van a las AFP, simplemente no se sentarán a discutir un nuevo proceso constitucional, lo que significa que seguiremos financiando a las mismas entidades que hoy entregan pensiones de miseria y que, durante lo que va del 2022, sólo han tenido resultados negativos para todos los fondos, haciendo más precarias aún las pensiones de todos los que trabajamos.
Mucho se dijo en torno a que la propuesta de Nueva Constitución les quitaría a las personas la capacidad de escoger el colegio donde educar a sus hijos o el sistema de salud en que podrían atenderse, forzándolas a pasar a FONASA, empujando al colapso del sistema público de salud. Entremedio, las ISAPRES salieron a declarar públicamente que el revés judicial que les obligó a devolver el exceso cobrado a sus clientes, debido a un alza de plan que no fue justificada previamente de manera clara, las colocaba en una situación financiera delicada, amenazando incluso con que podrían quebrar si la Nueva Constitución hacia ilegal el alza del valor de los planes. Menos de un mes pasó desde el triunfo del Rechazo y las ISAPRES ya no están en riesgo de quiebra pues aplicaron las alzas más grandes de los últimos años en sus planes, ahora sí, todo perfectamente legal. Mientras, FONASA avanzó en el copago cero, dando salud gratis a sus usuarios.
Incluso entre los grandes capitanes de la industria nacional este tipo de propaganda ideológica se difundió como verdad inequívoca, de hecho varios de ellos se dieron el trabajo de plasmar sus impresiones en una nota de La Tercera el día después del plebiscito donde afirmaban que “podemos observar que con el triunfo del rechazo el dólar bajará hasta los 830 a 850 la primera semana” o que “el IPSA se ubicará cerca de los máximos históricos”[1], incluso el director de estudios de Larrain Vial, una de las más grandes corredoras de bolsa de Chile, y, por lo mismo, un referente para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, semanas antes del plebiscito, declaraba en el diario financiero “Si gana el Rechazo el IPSA podría superar los 6.300 puntos y el dólar bajaría de $850”[2]. Sin embargo, el mismo mercado los ha desmentido categóricamente, si vemos la tendencia del IPSA en los últimos 12 meses podemos comprobar que el índice de precios venía entre los 4.200 y 4.500 puntos en los últimos meses del gobierno de Piñera y, que al asumir el presidente Boric, el índice comenzó una tendencia al alza que lo llevó a alcanzar los 5.775 puntos pero, después del plebiscito del 4 de septiembre el índice se ha ido desplomando consistentemente hasta situarse alrededor de los 5.200 puntos en esta última semana.
Algo similar ha ocurrido con el valor del dólar, el cual se encontraba en valores cercanos a los $800 en marzo, pero luego con la guerra entre Ucrania y Rusia comenzó una lenta escalada, la cual se incrementó fuertemente alrededor de Julio cuando el dólar superó la barrera de los $1.000 debido al aumento de la tasa de interés por parte de la FED para frenar la inflación en Estados Unidos (la FED es el sistema de reserva federal, algo así como el banco central de USA), en este punto comienza la intervención del Banco Central de Chile para controlar el alza del dólar, para estabilizarlo en torno a los $900 la semana previa del plebiscito del 4 de septiembre, sin embargo, nuevamente las promesas de los economistas fueron sólo propaganda sin fundamentos, desde esa fecha el dólar no hizo más que subir, rozando los $1.000 a finales de octubre, pero gracias al buen manejo del ministro de hacienda y del Banco Central, hoy su valor se ha estabilizado en torno a los $900.
La explicación, de por qué las predicciones de los supuestos expertos respecto a las mejores condiciones económicas que vendrían al ganar el Rechazo no estuvieron ni cerca de la realidad, es bastante sencilla, quienes las emitieron difundieron un relato que se acomodaba a sus propios intereses y no el análisis objetivo de la realidad económica nacional e internacional.
Esto ocurre porque en Chile nos han vendido la idea de que hay que proteger el capitalismo que ha sido motor del desarrollo económico y la gran herramienta para la movilidad social, pero en Chile no existe realmente el capitalismo tradicional, donde cualquier persona, en base a sus talentos o una buena idea, puede conseguir financiamiento, emprender y llegar a tener una gran empresa, acá, lo que existe en la práctica es más cercano a un CARTEL, parecido a como operan los narcotraficantes, porque prácticamente todos los mercados son acaparados por un pequeño grupo de individuos, que siempre han sido dueños del capital o que tienen los contactos estratégicos, quienes logran controlar la producción o los canales de distribución para, luego, integrarse verticalmente de manera de manejar los precios de oferta, generando así, una competencia desleal que empuja a los pequeños empresarios fuera de los mercados, con lo que obtienen una posición negociadora que les permite imponer medidas abusivas a sus trabajadores o a sus proveedores de servicio que, en muchos casos, les sirven para externalizar empleos en condiciones cada vez más precarias.
Este sistema abusivo no es atractivo para la inversión extranjera pues presenta barreras para el financiamiento, para la entrada a los mercados, para la distribución, para el abastecimiento de materias primas, etc. lo que, al final, termina desincentivando cualquier inversión y manteniendo a los mismos actores que concentran los mercados con la pista libre para seguir coludiéndose, como lo hicieron con el papel higiénico, los pollos o las farmacias.
Es por todo lo anterior que no tenían sustento real las afirmaciones de que la economía mejoraría al ganar el Rechazo, por el contrario, ahora vemos que lo que en verdad buscaban los alarmistas era mantener sus cuotas de poder para seguir lucrando, con bienes que no deberían ser de consumo como la salud, la educación, las pensiones o incluso el agua; manteniendo una economía extractivista y atrincherarse en sus posiciones de poder, para impedir el ingreso de la inversión extranjera, lo que demuestra que no les interesa invertir para agregar valor en la producción, les interesa mantener este capitalismo latifundista a la chilena.