Descentrados Chile

De lo posible a lo necesario: priorizando los derechos de la niñez y adolescencia en serio

Fotografía: Bruno, 5 años

Por Gabriel Guzmán
Cientista político y Magister en Gestión y Políticas Públicas. Se ha especializado en materia de derechos de la niñez y adolescencia en los ámbitos de monitoreo y seguimiento de derechos, situación de calle, sistemas públicos y bajo protección del Estado, entre otros. Ha trabajado de consultor en organismos internacionales y nacionales, así como en organismos de la sociedad civil.

    
El compromiso, suscrito hace 34 años atrás por parte del Estado de Chile con los derechos de niñas, niños y adolescentes a partir de la Convención, significó asumir la promesa de cumplir con el principio de dar efectividad a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (Art.4, CDN). Desde este hito, no es aceptable retroceder.

    Este principio fue reforzado con la Ley N°21.430 de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Las últimas indicaciones incorporadas -en su caótica discusión-lograron incluir el principio de priorización de sus derechos. Es así como establece en su artículo 16° que los organismos del Estado deberán disponer hasta el máximo de los recursos en “el diseño y ejecución de normativas, políticas, servicios y prestaciones destinadas a la promoción, protección y garantía” de sus derechos “procurando priorizar su financiamiento en sus respectivos presupuestos”. Por su parte, el artículo 17° establece que no puede haber regresividad, señalando que en casos de crisis “se priorizarán los recursos destinados a ellos y ellas”.

    Lamentablemente, las niñas, niños y adolescentes cuentan hoy con menos espacios para que ejerzan su capacidad de agencia y voz en las decisiones que toman los adultos. Por otro lado, son un grupo de especial relevancia para la sociedad y particularmente susceptibles a ser afectados frente a cualquier mala decisión o en momentos difíciles. Tener, por lo tanto, mecanismos que conminen a que efectivamente se prioricen decisiones a su favor, es algo fundamental.

    Uno de los elementos claves para la priorización se refleja en las planificaciones de políticas públicas y en los presupuestos públicos aparejados. Finalmente es aquí donde los gobiernos materializan sus agendas y énfasis programáticos. Es, por lo tanto, una vara relevante -más no la única- para evaluar si efectivamente se están priorizando los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

     Cabe tener en cuenta que en los últimos años las políticas de niñez y adolescencia se encuentran en una tercera ola de reformas desde la ratificación de la Convención, pero ha sido principalmente en materia de institucionalidad. Avanzando en ello, hace falta avanzar paralelamente también en las brechas a nivel programático.

    Al respecto, cabe destacar que la Ley de Garantías implica más de 100 obligaciones de diferente nivel que el Estado debe materializar en medidas concretas y exigibles. Esto implica avanzar en la resolución de diferentes brechas en materia de protección social, por ejemplo, en prevención, acompañamiento a las familias, salud mental o en adolescencia, entre tantas otras. Junto a ello, hay que ser capaz de prever diferentes desafíos que el futuro próximo nos depara y que impactarán en el desarrollo de la niñez y adolescencia, tales como la digitalización, la inteligencia artificial, el aumento de los hogares monoparentales y con jefatura femenina, la movilidad humana y por supuesto, la crisis climática, entre otros.

    El desafío es amplio: heredamos una alta fragmentación y escasa proyección a largo plazo en las políticas del sector, reflejo de variados ensayos de planificaciones y medidas que no han tenido una institucionalidad clara y sujetas a la disponibilidad presupuestaria de corto plazo. En este marco, la formulación de la nueva Política Nacional de Niñez y Adolescencia que tendrá una duración de nueve años y que debe presentarse en marzo de este año, puede ser una muy buena oportunidad para avanzar en mejores estándares de calidad en la formulación de políticas en el sector, así como en la transversalización del enfoque de derechos de la niñez en todos los sistemas públicos.

    Ahora bien, es clave que la nueva Política y su Plan de Acción cuente y explicite los recursos implicados, sino será letra muerta en muchos casos. Planificar realmente a futuro, conlleva que podamos superar la barrera de lo posible y preparar lo necesario. La idea de proyectar a nueve años conlleva el desafío de que los organismos no se comprometan solamente con la disponibilidad de lo que hoy existe o la disponibilidad presupuestaria vigente, sino que se pueda reflejar en nuevas acciones en torno a senderos estratégicos que impacten en nuevas medidas o la reformulación de antiguas.

    En este marco, fundamental será el seguimiento de los presupuestos públicos aparejados. Estos deben reflejar que, dentro de todo el marco decisional de políticas públicas, los derechos de la niñez y adolescencia sean en efecto priorizados y realmente efectivos. Esto implica el monitoreo de decisiones, variaciones, montos, resultados y usos del gasto en niñez y adolescencia desde el gasto más directo hacia ellos, (educación, por ejemplo), hasta el de bienes públicos para todas como las infraestructuras y áreas verdes. Lograr un sistema transparente, participativo y concordado sería un gran aporte para el sistema, el cual permita alertar a tiempo incumplimientos del principio de priorización.

    Superar la inercia nunca es fácil, pero si de verdad nos importa el presente y futuro de las niñas, niños y adolescentes resulta un imperativo fundamental.