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La Economía a dos años y medio de Gobierno

Fotografía: istockphoto.com

Por Gustavo Vergara
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

El año 2022, el gobierno del presidente Gabriel Boric tuvo que asumir un país que había sido dejado en el más absoluto abandono después de octubre del 2019 por parte del gobierno anterior que, además, tomó medidas populistas para enfrentar su falta de apoyo inicial a la ciudadanía durante la Pandemia, forzándonos a convivir durante todo el 2022 con una inflación al alza y una creciente tasa de desempleo. Estas lograron ser controladas e incluso se alcanzó a revertir la presión inflacionaria durante el 2023 con una política de altas tasas de interés referencial por parte del Banco Central, lo que congeló la demanda interna y las inversiones nacionales ante el encarecimiento de los créditos, a pesar de todo lo anterior, se logró evitar una recesión durante el 2023, logrando crecer un 0,2% cuando todos daban por seguro el 0% e, incluso, algunos economistas de dudosa objetividad daban entrevistas lamentando que íbamos a decrecer ahogados por la inflación.

Este 2024 las perspectivas iniciales eran de un crecimiento mayor del esperado, pero a lo largo del año estas expectativas se han ido moderando. De hecho, a principios de septiembre el Banco Central entregó su último Informe de Política Monetaria (IPoM), donde estimó una expansión en un rango del 2,25 y 2,75% para este 2024, impulsado por un primer trimestre muy dinámico donde la economía chilena experimentó un crecimiento del PIB de 2,3% el primer trimestre, además de un crecimiento de la demanda interna de 2,1%, con un crecimiento del consumo privado de 1,8%; incluso se llegó a pensar que Chile podría crecer cerca del 3% este 2024. Pero estas expectativas se redujeron debido a que las cifras del segundo trimestre fueron decepcionantes, logrando solo repuntar a finales del trimestre con los resultados del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio de 4,2% en términos anuales, el ritmo más rápido en dos años, esto junto al crecimiento del indicador de ventas diarias del comercio minorista de un 8,44% hasta agosto, anotando 7 meses de indicadores positivos, entregan señales claras de comenzar a recuperar la caída que tuvo el consumo durante el año pasado.

Gracias a esta tendencia de recuperación económica y control inflacionario, el Banco Central ha decidió reducir la tasa de interés referencial, ya que las expectativas de inflación se encuentran alineadas con la meta del 3% anual. Esto abre las esperanzas de que, en adelante, se recorte más agresivamente la tasa interés referencial, lo que se traducirá en mejores condiciones para obtener créditos, dando un impulso a la inversión y el consumo.

“Esto es una buena noticia porque han sido las condiciones financieras restrictivas que, en parte, han limitado el dinamismo de la economía y de la demanda interna, y afectado especialmente a algunos sectores como el de la construcción y también a las empresas de menor tamaño” señaló el ministro de Hacienda Mario Marcel durante septiembre.

Sin embargo, esto no es suficiente para alcanzar nuevamente niveles de crecimiento económico por sobre el PIB tendencial de alrededor de 2%. Se necesita que además se reactive la inversión que se encuentra estancada desde 2013. Y, cuando se habla de inversión en Chile, debemos entender que esta se compone principalmente de 3 grandes fuentes: la inversión pública, la inversión extranjera y la inversión privada nacional.

En general, la inversión pública se ha mantenido constante durante los últimos años, mejorando los niveles de ejecución presupuestaria en estos últimos periodos, su enfoque en generar infraestructura para la adaptación al cambio climático, y la mitigación de sus impactos en las comunidades y actividades productivas, principalmente desde el MOP, además de la meta de construir 260.000 viviendas sociales del MINVU. Por su parte la IED (Inversión extranjera Directa) creció durante el 2023 más que en los últimos 8 años, mostrando la gran solidez de la economía chilena, ubicándose entre las 20 economías que recibieron mayor IED en 2023, con más de US$ 21.000 millones y un incremento del 24,5% respecto de 2022. De hecho, las inversiones de proyectos que se desarrollan desde cero aumentaron en un 186,5%, muy sobre el 20,5% de las economías en desarrollo y el 9,5% de la región. Este aumento está basado principalmente en la demanda de commodities, minerales críticos y energías renovables, como señaló Karla Flores, directora de InvestChile al Diario Financiero en julio de este año.

Pero la inversión privada esta frenada, principalmente en la construcción, la compra de maquinarias para la producción y la inversión en nuevos proyectos. En varias entrevistas los representantes de grandes grupos económicos mencionan lo mismo, existe un mejor clima de los empresarios nacionales después del rechazo a la Nueva Constitución y el freno a la reforma tributaria y de pensiones, pero no están dispuestos a invertir mientras no baje la delincuencia y mientras no se les arreglen las condiciones para obtener permisos.

Justamente en esta línea, la comisión de economía de la cámara de diputados recientemente despachó un proyecto de “permisología”, con el cual el Gobierno busca reducir en un 30% los tiempos totales de tramitación. Para esto, se propone reemplazar algunos permisos por declaraciones juradas en proyectos de bajo riesgo, definir plazos máximos para la entrega de informes intersectoriales, y regular el silencio administrativo. Además, se crea una categoría de trámites específicos para proyectos priorizados, con plazos aún más acotados.

Estas medidas seguro darán un impulso a la inversión, pues harán más rápido y fácil el proceso de obtener los permisos necesarios para desarrollar un proyecto, pero a costa de reducir los controles necesarios para evitar que proyectos mal diseñados, o que afectan a las comunidades y el medio ambiente, terminen llevándose a cabo. Si bien es urgente mejorar los tiempos de tramitación pues la demora en obtener permisos en los últimos años se ha agravado, donde, por ejemplo, hacer un proyecto inmobiliario de viviendas sociales en Santiago demora cerca de cinco años, de los cuales 2 años corresponden a permisos, también parece razonable robustecer las instituciones que deben revisar los proyectos para agilizar la revisión de los antecedentes necesarios para asegurar una perspectiva sustentable, y las agencias encargadas de fiscalizar que el desarrollo de las distintas actividades económicas se apegue a las regulaciones y leyes vigentes.

Hoy los empresarios chilenos muestran que no están dispuestos a invertir en Chile si no se les entregan condiciones especiales. Esto parece ser una tradición histórica en nuestro país, considerando que se entregaron las empresas públicas a los amigos a precios bajísimos, para luego ser vendidas a capitales extranjeros; aún se entregan subsidios a los combustibles solo a los camioneros; la minería ha gozado de las rentas presuntas, depreciaciones aceleradas y un royalty que solo se aplica hace 20 años, y que recién en este gobierno se pudo ajustar; se han entregado subsidios para que las forestales reemplacen bosque nativo por plantación de pino y eucalipto desde 1974; mientras que la salmonicultura ha obteniendo permiso para destrozar los ambientes marinos y acabar con la pesca artesanal desde Puerto Montt al sur desde los años 90, llegando ahora hasta Magallanes, ni hablar de la gran industria del Agro que ha acaparado los derechos de agua, repartiéndose el agua  que ya no existe, y dejando secas provincias e incluso regiones completas.

Los inversionistas nacionales deben volverse más competitivos, agregar valor en la producción y dejar de depender de ventajas artificiales para seguir sosteniendo negocios extractivistas que cada vez enfrentarán escenarios más complejos para obtener permisos y mayor oposición de las comunidades para el desarrollo de estos, de lo contrario perderán su participación en el mercado ante los empresarios extranjeros que si parecen estar dispuestos a invertir en Chile.

Referencias:

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