Por Gustavo Vergara
Núcleo Economía Fundación Territorios Colectivos
Esta semana comenzó a tramitarse la primera parte de la reforma tributaria presentada por el gobierno, promesa de campaña que se está materializando en un amplio abanico de medidas enfocadas en impuestos a personas, empresas y riqueza, eliminar exenciones, combatir la elusión y evasión y el diseño de un nuevo sistema de royalty e impuestos correctivos, que sean sostenibles y mejoren la convivencia de criterios económicos con medioambientales, al mismo tiempo que fomenten el desarrollo.
Las distintas medidas que conforman esta reforma respetan los conceptos de progresividad, en tiempos y aportes, fomentar la productividad y simplificar la tributación, al mismo tiempo que propone implementar nuevas normas y sistemas, claros y transparentes, que impulsen la descentralización. Una muestra de la transparencia activa con que se llevará a cabo este proceso de propuestas es el hecho de que sepamos de antemano, por ejemplo, que:
- El aumento en la recaudación por la modificación de impuestos a personas naturales de más altas rentas y empresas irá directamente a financiar el programa de derechos sociales en salud, pensiones y el sistema de cuidados.
- Los fondos obtenidos de la reducción de exenciones y aumento en fiscalización para reducir la elusión irá a financiar los programas de desarrollo productivo de las pymes y el aumento de fondos para la investigación y desarrollo.
- La modificación al royalty minero hacia un sistema híbrido (en parte sobre el precio, en parte sobre las utilidades), que se aplicará sólo a la gran minería y el diseño de impuestos correctivos en línea con la conservación del medio ambiente, serán destinados al desarrollo regional y el financiamiento de las rentas regionales, impulsando fuertemente la descentralización.
Otro aspecto fundamental de la reforma tributaria es su carácter profundamente redistributivo; está pensada, en muchos aspectos, para cerrar vacíos legales y corregir injusticias tributarias destinadas a poner al día a Chile con respecto a los estándares de la OCDE en materias relativas a recaudación, evasión y elusión, contribución y transparencia, con el horizonte de alcanzar una mayor equidad social.
El ejemplo más claro es la reestructuración del impuesto a la renta, que se enfoca en aumentar los impuestos a quienes más tienen, corrigiendo algunos vacíos en la tributación de las empresas para evitar la elusión del pago de impuestos por repartición de ganancias entre sus socios y por el pago de más impuestos por las ganancias de capital y, principalmente, subiendo la escala tributaria únicamente a las personas que ganan más de 4 millones mensuales, con esto, al 97% de los contribuyentes no les subirán los impuestos y, de esos, el 75% seguirá exento de impuestos. Otro punto llamativo es la aplicación de un impuesto a la riqueza para quienes tengan un patrimonio sobre los 5 millones de dólares, esta medida sólo afectará a 6.300 personas y es una iniciativa que fue ampliamente apoyada desde octubre del 2019 y reforzada durante la pandemia, es necesario que quienes han acumulado más, gracias a los beneficios de un sistema profundamente desigual, hoy hagan un mayor esfuerzo en pos de la equidad social e intergeneracional.
Finalmente, esta reforma tributaria también incorpora incentivos para la producción y apoyos en diversos ámbitos a las micro, pequeñas y medianas empresas. Manteniendo todos los beneficios a los que acceden hoy, reduciendo la tasa de impuestos a 25%, pudiendo descontar otro 2%, si es que invierten en acciones para aumentar la productividad de la empresa y obteniendo mayor acceso a fondos en Investigación y Desarrollo.
Es clave visualizar que las distintas medidas son importantes, cada una en sí misma, no sólo porque los fondos que se espera que recauden serán destinados a derechos sociales, fomentar la productividad y el desarrollo regional, si no, porque todas ellas, en conjunto, permitirían que se vaya cimentando un piso para ir contando con los fondos necesarios para sostener los procesos de transformaciones sociales y dar respuesta a la demandas de la ciudadanía, que no vio avances en los últimos años del gobierno anterior y que tiene las esperanzas puestas en la nueva Constitución.