Por Miguel Caro Ramos.
Profesor y académico UMCE
Coordinador Centro Experimentación Pedagógica UMCE (CENEPU)
La desigualdad es un rasgo esencial de la sociedad capitalista, dada su racionalidad organizativa basada en el rol hegemónico del mercado y de la acumulación de capital. Pero esta se presenta de manera mucho más acentuada en su etapa neoliberal, producto de la radicalización de dicho esquema y de su expansión ilimitada a todas las esferas del desarrollo, incluyendo a las necesidades sociales básicas o de subsistencia. Dicha característica, en el caso chileno, se ha materializado en áreas tan sensibles como salud, vivienda, pensiones, etc. y se ha expresado con mucha fuerza en el ámbito educativo.
Efectivamente, una de las características principales de la educación en Chile es su enorme desigualdad, en cuanto acceso, distribución y condiciones del proceso educativo entre los distintos grupos socioeconómicos de la población, lo cual debilita que esta se constituya en un derecho para todas y todos. La desigualdad educativa en nuestro país se da en el marco de un conjunto de problemas estructurales propios del modelo neoliberal, como son la segregación social, la distribución desigual de la riqueza y muy especialmente la alta concentración del ingreso, que en el caso del 1% más rico ha alcanzado el 33% del total (Fundación Sol, 2019). En dicho contexto, un esquema de mercado reproduce o profundiza las dificultades, al no contar con políticas públicas que tiendan a revertir las inequidades estructurales.
Sabemos que la mercantilización educativa en Chile es una herencia de la dictadura y una las más altas del mundo (OCDE, 2017), con una profunda privatización del sistema educacional y un gran deterioro estructural de la educación pública. A nivel escolar, presencia de la educación pública disminuyó significativamente, principalmente a través del cierre de una gran cantidad de establecimientos -más de mil desde 1980- y el incremento sostenido de las escuelas particulares subvencionadas (Rivera, 2023), alcanzando actualmente una cobertura del 36,5% de la matrícula pública respecto del total (Mineduc, 2022). A nivel de educación superior la cobertura es más baja aún, no superando el 28% en el nivel universitario (Mineduc, 2022).
Las principales consecuencias de esto se relacionan con las diferencias de inversión por estudiante en cada subsistema, que en el caso de la educación privada es el más alto de la OCDE, superando el 2,4% del PIB (OCDE, 2019), y con el endeudamiento estudiantil, el que ha alcanzado niveles alarmantes, tanto para las familias como para el propio Estado. Según datos del informe de caracterización económica del Mineduc (Mineduc, 2022), el Crédito con Aval del Estado (CAE) le ha significado al fisco el desembolso de 6,6 billones de pesos por recompra de la deuda a los bancos, desde su implementación en 2006, lo que ha desangrado las arcas fiscales en beneficio de la banca, desatendiendo el apoyo directo a las familias. Asociado a ello se suma la situación de morosidad de quienes han cursado carreras de educación superior, que entre 2011 y 2021 ha fluctuado entre 45% y 60% de los matriculados, de los cuales más del 75% no ha podido terminar sus estudios.
En el sistema escolar, un elemento central de la desigualdad es el financiamiento, bajo del modelo competitivo del voucher o financiamiento por matrícula (en base al promedio mensual de asistencia). Este mecanismo de apoyo financiero reduce principalmente la contribución estatal a un factor variable (la asistencia) sin considerar un conjunto de factores permanentes o más estables y que explican significativamente la estructura del gasto por escuela, como son los salarios, los insumos, los costos de mantención de infraestructura, pago de servicios básicos, etc. que son independientes del tamaño de la matrícula o de la asistencia mensual a clases. Pero, además, tiende a castigar a las escuelas públicas o que atienden a sectores más vulnerables, dado que en ese segmento se produce una mayor pérdida de matrícula -por deserción o por la competencia histórica del sector particular subvencionado- y se concentra en mayor magnitud la inasistencia a clases y, por el contrario, tiende a premiar a quienes tienes más. Estos fenómenos, por cierto, se han agudizado tras la pandemia, agregando otros factores, como la brecha tecnológica o de conectividad, todo lo cual ha profundizado la situación de desigualdad.
Tanto la privatización como las diferencias de financiamiento por estudiante y sus mecanismos de distribución, golpean principalmente a los sectores más pobres y limitan el acceso a la educación en condiciones de equidad. La infraestructura educativa, los recursos, los materiales pedagógicos y el equipamiento, entre otros, muestran diferencias abismales de acuerdo con los ingresos de la población, y afectan el rendimiento académico según los indicadores de éxito establecidos (SIMCE y Prueba de Acceso a la Educación Superior, principalmente). En ese plano las brechas por variable socioeconómica y dependencia institucional tienden a mantenerse históricamente inalteradas o no logran estrecharse significativamente, e incluso en el último tiempo se han profundizado. A su vez, el endeudamiento y la morosidad, en el caso de educación superior, generan un círculo vicioso en la estructura del salario y de deterioro en la calidad de vida para quienes por origen social no pueden concluir sus estudios o acceder a ingresos que permitan satisfacer sus necesidades fundamentales.
Pero existe otra arista de la desigualdad educativa, menos explorada, más allá de la mediática y superficial discusión sobre los datos de rendimiento en los sistemas externos de medición o selección. Se trata de la perspectiva de los procesos propiamente formativos. En este plano, la situación de desigualdad estructural antes descrita se ve reforzada por la existencia de un proyecto educativo bajo el paradigma de la calidad y la estandarización. Dicho proyecto expresa y direcciona el múltiple impacto de la desigualdad de condiciones y de las diferencias de capital cultural entre los distintos grupos sociales. Esto es, quienes cuentan con todos los recursos disponibles y la continuidad asegurada de sus estudios, disponen de un amplio repertorio de experiencias culturales y de contextos formativos enriquecidos desde la cuna, a la vez que se benefician endogámicamente del acceso a espacios educativos en que conviven con su mismo grupo social, en carreras de mayor rentabilidad y bajo modelos formativos que refuerzan su posición en la sociedad.
Este problema se explica, en parte, por la histórica ausencia de una política educativa que busque fortalecer la educación pública y, por otro, debido a la existencia de un paradigma educativo (el de la calidad) que es de carácter instrumental, estandarizado y con una pretensión de neutralidad que oculta las relaciones de poder, que normaliza la desigualdad y que no apunta a una educación para la vida en comunidad, desde la comprensión crítica del mundo, en sus complejidades y desafíos.
El paradigma dominante se centra en una noción de aprendizaje reducida a conocimientos y habilidades académicas que desconectan a los sujetos de la sociedad y sus desafíos de convivencia en la diversidad, de equidad y de democracia. Instala una concepción de la pedagogía como metodologías de enseñanza y limitada a la implementación de aprendizajes dados, por lo que inhibe el influjo transformador de la labor docente y la formación en torno a los requisitos esenciales para la vida en sociedad, con lo cual se impone el statu quo y el orden desigual. Efectivamente, el neoliberalismo requiere de la desigualdad y a la vez necesita naturalizarla. Lo hace legitimando un universo valórico en el que el individualismo, la competencia y el mérito basado en la herencia o la exclusión, sean constitutivos de una visión de mundo generalizada.
Por ello, el sistema educativo vigente no es solo el espacio de expansión de la propiedad privada, de la obtención de lucro o del disciplinamiento del trabajo y la medición de la productividad. Es también el espacio del proyecto educativo y cultural, el lugar en que se despliega una visión de sujeto y sociedad y en el que los valores dominantes construyen una subjetividad que permite sostener un determinado modo de vida y reproducirlo. Es para el neoliberalismo la condición de continuidad de la sociedad de individuos, de la competencia, de la distribución jerárquica de roles, de la acumulación y del sujeto técnico.
En esta mirada, son relevantes los significados, la concepción del conocimiento, de las relaciones sociales y del vínculo con la naturaleza, porque desde allí se edifica el modo en que se van a comportar los sujetos entre sí, con el Estado y con el mercado. Es en esas distinciones valorativas y estructuras de comprensión donde se garantizan las bases culturales de la desigualdad y la ausencia de derechos. Entonces, la mercantilización no sólo opera en la dimensión puramente económica o de la relación capital-trabajo, sino que se despliega en la dimensión axiológica, epistémica e ideológica de la construcción del sujeto y su contexto. Es así, que la disposición de un currículum estandarizado, saturado, fragmentado, puramente académico y descontextualizado es tan conveniente para la élite. Porque dicho diseño, en condiciones de alta diferenciación de capital cultural, no solo refuerza la desigualdad y los mecanismos de selección que la reproducen, sino que sienta las bases para diluir toda posibilidad de ciudadanía crítica y de ampliación en la visión de mundo, condición clave para hacer efectiva la hegemonía del proyecto cultural neoliberal.
Por eso es tan importante entender el derecho a la educación no solo como acceso al sistema escolar o universitario y las condiciones de educabilidad, sino como garantía de participación en un proyecto educativo público, con valores democráticos, con promoción de la agencia de sujeto y capacidad crítica, con justicia social e igualdad en los otros derechos. Un espacio para la más amplia posibilidad de desarrollo integral, con los mínimos civilizatorios que debe tener un proyecto de sociedad genuinamente democrático, independiente del origen social o la posición de poder que se tenga.
Referencias
Fundación Sol (2019) Memoria anual. https://fundacionsol.cl/memoriaanual2019
Mineduc (2022) Base de datos de matrícula. https://centroestudios.mineduc.cl/2022/09/26/bases-de-datos-de-matricula-disponibles/
Mineduc (2022) Primer informe crédito con aval del Estado. Características de la población deudora e impactos.
OCDE (2017) Educación en Chile. Evaluación de políticas nacionales de educación.
Rivera, C. (2023) La privatización fue planificada: desde 1980 cerraron más de mil escuelas públicas. https://lopublico.cl/wp-content/uploads/2023/07/Cierre-de-escuelas-publicas_10.pdf
OCDE (2019) Panorama de la educación 2019. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_CHL_Spanish.pdf