Por Briosca Quiero López
Estudiante de Sociología. Escuela de Sociología, Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Universidad Central de Chile.
La precariedad educativa en Chile no es producto del azar ni de fallos aislados del sistema: es la consecuencia de una política sostenida de abandono estatal y mercantilización de un derecho básico. Desde la instalación del modelo subsidiario, la educación ha sido tratada como un servicio más del mercado, sujeto a competencia, segmentación y capacidad de pago. Este proceso, lejos de democratizar saberes, ha limitado el acceso a una formación crítica, reproduciendo desigualdades que condicionan las posibilidades reales de participación ciudadana. Como advirtió Freire (1970), cuando la educación deja de ser dialógica y emancipadora, produce sujetos desprovistos de herramientas para decodificar la complejidad social que enfrentan.
En Chile, esta precarización se traduce en una ciudadanía que llega a procesos electorales de alta relevancia con escaso acceso a información verificable, vulnerable a la manipulación mediática y sin una formación suficiente para interpretar los efectos estructurales de las propuestas políticas. La desinformación y la dependencia de discursos simplificados se profundizan en los territorios más desiguales, donde el Estado ha retirado sistemáticamente su presencia. Frente a este panorama, el voto deja de ser un ejercicio deliberativo y se convierte en una respuesta emocional al miedo, la incertidumbre o la promesa de orden.
Este déficit educativo se entrelaza con otro factor decisivo: el habitus patriarcal. Como señala Bourdieu (1996), los habitus son disposiciones incorporadas que orientan prácticas y percepciones sin necesidad de reflexión consciente. El habitus patriarcal, construido históricamente a través de la familia, la escuela, las iglesias y los medios, instituye la idea de que el liderazgo legítimo es masculino. Esta disposición cultural tiene consecuencias políticas evidentes. Aun cuando existan mujeres altamente calificadas para ejercer cargos públicos, su sola presencia activa mecanismos de resistencia simbólica y misoginia estructural. La candidatura de una mujer se convierte entonces en un catalizador que reactiva discursos violentos, desconfianza y ataques que no se dirigen al programa político, sino al género de la candidata.
Lo anterior ayuda a comprender por qué sectores importantes de la población, incluyendo mujeres, continúan apoyando proyectos conservadores que restringen derechos fundamentales. El habitus patriarcal opera como matriz de sentido que organiza el mundo social y define lo que es percibido como legítimo, estable o “natural”. Así, incluso cuando los intereses materiales de las mujeres y de las disidencias sexuales contradicen las plataformas de estos sectores, la internalización del liderazgo masculino como norma tiende a prevalecer sobre la evaluación racional del programa.
A esto se suma un fenómeno especialmente relevante en el contexto actual: la adhesión de sectores populares a proyectos políticos de derecha radical, aun cuando éstos promueven recortes masivos en políticas sociales. El candidato conservador ha anunciado la reducción de más de seis mil millones de pesos del gasto fiscal sin transparentar el origen de estos ajustes, lo que permite suponer afectaciones directas a programas destinados a salud, educación o protección social. Su equipo incluye además figuras vinculadas a la defensa de grandes conglomerados empresariales involucrados en casos de colusión, como el escándalo de los pollos, lo que evidencia una orientación claramente pro-empresarial.
¿Por qué personas de estratos bajos apoyarían políticas que objetivamente los perjudican? La sociología crítica ofrece varias claves. En términos gramscianos, la hegemonía se instala cuando los grupos subordinados internalizan como “sentido común” las ideas de las élites dominantes (Gramsci, 1971). En Chile, tras décadas de neoliberalismo, se ha naturalizado la creencia de que los problemas sociales se resuelven con disciplina, castigo y reducción del Estado, aun cuando la evidencia muestre lo contrario. Este proceso se fortalece mediante la falta de educación crítica, que dificulta distinguir entre intereses de clase divergentes.
Por su parte, Hochschild (2016) describe las “historias profundas”, narrativas emocionales que permiten a los sectores populares sentirse identificados con líderes autoritarios que prometen restaurar un orden moral perdido. En estas narrativas, la desigualdad, la violencia estructural y la falta de oportunidades desaparecen como problemas colectivos, siendo reemplazadas por la idea de esfuerzo individual y obediencia a un orden supuestamente amenazado.
A estos elementos se suma otro factor decisivo: el miedo. En ausencia de educación crítica y en presencia de discursos mediáticos sensacionalistas, el miedo se convierte en un dispositivo político altamente eficaz. La criminalidad, la migración o el deterioro institucional son presentados como amenazas inmediatas, justificando soluciones autoritarias. La derecha radical capitaliza este contexto simplificando la complejidad social a un relato donde la seguridad se transforma en fetiche político. Tal como advierten Butler y Laclau (2000), estos significantes vacíos —“orden”, “familia”, “libertad”— condensan ansiedades colectivas y generan adhesiones performativas aun sin contenido programático sólido.
Los discursos patriarcales, el miedo, la falta de educación crítica y la hegemonía cultural conservadora convergen para producir comportamientos electorales que contradicen los intereses materiales de quienes los sostienen. Por ello, la presencia de una candidata mujer desencadena ataques misóginos como forma de restaurar el orden simbólico amenazado; la clase trabajadora vota por proyectos empresariales que recortarán sus derechos; y la precariedad educativa deja a la ciudadanía sin herramientas para resistir la manipulación.
Comprender estos procesos exige reconocer que la forma en que votamos está determinada por condiciones estructurales de larga data. No se trata solo de evaluar un programa político, sino de revisar cómo el Estado ha moldeado —o abandonado— la educación, cómo la cultura ha consolidado un habitus patriarcal persistente y cómo la hegemonía neoliberal ha instalado sentidos comunes que operan en contra del bien colectivo. Sin políticas públicas que fortalezcan la educación crítica, sin disputas culturales que desmantelen el patriarcado y sin medios que informen con rigor, los proyectos conservadores seguirán capturando el malestar social y transformándolo en adhesión política.
Referencias:
Bourdieu, P. (1996). La dominación masculina. Revista de Estudios de Género, La Ventana E-ISSN: 2448-7724, (3), 1-95.Butler, J., Laclau, E., & Žižek, S. (2000). Contingency, hegemony, universality: Contemporary dialogues on the left. Verso.
Freire, P., & Mellado, J. (1974). Pedagogía del oprimido.
Gramsci, A. (2020). Selecciones de los cuadernos de la prisión. En El lector de teatro aplicado (pp. 141-142). Routledge.Hochschild, AR (2018). Extranjeros en su propia tierra: Ira y duelo en la derecha estadounidense. The New Press.
Segato, R. L. (2016). La guerra contra las mujeres. Madrid.
