Por Profesor Demos
Educador y filósofo
El resultado de las recientes elecciones presidenciales en Chile no solo nos dejó un cambio de administración, sino también la amenaza de transformaciones sustantivas en la orientación de la política educativa. En este escenario, es necesario estar atentos a los retrocesos que podríamos experimentar respecto de los avances alcanzados en materia de justicia educativa durante las últimas cuatro décadas, y lo que ello podría significar, particularmente en iniciativas como la Ley de Inclusión Escolar, el fin al lucro en educación, el acceso igualitario mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública. En este contexto, las posibilidades de ejecución de una nueva política educativa, denominada plan “Patines para Chile”, pone en jaque el marco normativo y conceptual que ha orientado la política educativa chilena desde la Ley General de Educación (2009) y la Ley de Inclusión Escolar (2015).
De acuerdo con el Plan publicado en Servel y su propio sitio en internet, la propuesta del nuevo gobierno se sustenta en un diagnóstico que identifica problemáticas como el descenso de los aprendizajes, el ausentismo escolar, la violencia en los establecimientos educacionales y debilidades en la implementación de la Nueva Educación Pública, situaciones atribuidas, de manera predominantemente, a la regulación estatal y a las reformas orientadas a la equidad.
A partir de este diagnóstico, se plantean lo que denominan soluciones, las cuales se encuentran asociadas al retorno de prácticas anteriores heredadas de la dictadura y la privatización de la educación de 1981, donde la educación fue definida como un bien de consumo, se asignó al Estado un rol subsidiario y de observador pasivo de la iniciativa privada. Se desarrolló un proceso de municipalización que segregó las oportunidades educativas en función de los recursos de cada municipio y su voluntad para ofrecer una educación de calidad y el surgimiento de sostenedores privados que van desde las empresas familiares, hasta grandes conglomerados empresariales que vieron en este escenario las condiciones propicias para hacer buenos negocios con el futuro de sus estudiantes. Para mencionar algunas de estas prácticas, podemos señalar la segregación y selección de estudiantes según el Proyecto Educativo, el origen y condiciones económicas de sus padres, el rendimiento académico, entre otras condiciones, además del restablecimiento de las lógicas sancionadoras como la expulsión arbitraria, atendiendo a la autonomía institucional.
Como ye se mencionó, la eventual implementación de las medidas anunciadas, puede tener graves consecuencias en el acceso y la equidad del sistema escolar, puesto que según lo que se ha propuesto, se pretende la eliminación del Sistema de Admisión Escolar, reinstaurando los mecanismos de selección por parte de los establecimientos educacionales y la consolidación de un proyecto educativo orientado a una reconfiguración profunda de la estructura del sistema escolar, sin tener en cuenta que este ha sido un proceso, que, si bien advierte algunas oportunidades de mejora, presenta avances significativos en la equidad de oportunidades de acceso al sistema educativo. Además, la evidencia internacional advierte que este tipo de prácticas tiene efectos negativos en la cohesión del sistema educativo, en tanto promueve trayectorias educativas diferenciadas según el origen socioeconómico del estudiantado. En este contexto, se fortalece la libertad de elección de determinados grupos familiares, mientras se profundiza la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas de calidad.
En el ámbito de la educación pública, se anuncia una reforma estructural a los Servicios Locales de Educación Pública, lo que configura un escenario de alta incertidumbre, entendiendo que intervenir o rediseñar un sistema que se encuentra en pleno proceso de instalación podría profundizar la inestabilidad institucional en el corto plazo, afectando la continuidad de la gestión educativa a nivel local. Lo anterior tensiona el rol del Estado como garante del derecho a la educación y debilita la capacidad de articulación territorial que se ha ido construyendo. Si bien el modelo de los SLEP ha presentado dificultades, también ha evidenciado aprendizajes acumulados y resultados positivos, especialmente en el fortalecimiento del acompañamiento pedagógico mediante asesores técnicos, lo que ha incidido en mejoras observadas en las últimas mediciones estandarizadas.
En materia de convivencia educativa y clima escolar, la propuesta pone énfasis en lo que sostienen como restablecimiento de la autoridad docente y continuidad de los procesos educativos. Lo primero, en realidad, es aumentar la aplicación de sanciones por faltas de las y los estudiantes, incluida la participación en movilizaciones reivindicatorias e incluso participar de organizaciones estudiantiles. Lo segundo, como la continuidad de la prestación de un servicio. Enfoque que, al centrarse en el uso de sanciones, implica serios riesgos de desplazamiento de las dimensiones pedagógicas, socioemocionales y estructurales de la formación, así como también de la continuidad laboral de docentes y funcionarios que presenten licencias médicas, entre otras.
Dicha orientación contrasta con los enfoques promovidos en los ejes de la reactivación educativa y en las políticas de apoyo integral impulsadas por el Ministerio de Educación, las cuales podrían verse reemplazadas por lógicas predominantemente asociadas al control.
Algunas consideraciones finales, desde una perspectiva técnico-política, el programa educativo de la nueva administración amenaza un cambio de paradigma (en realidad la vuelta al paradigma neo liberal instaurado por la dictadura cívico militar), lo que implica un retroceso desde un modelo que concibe la educación como un derecho social y una responsabilidad del Estado — impulsado de manera sostenida durante las últimas décadas, independientemente de los gobiernos de turno — hacia otro en el que el mérito, el orden y la autonomía de los establecimientos se posicionan como ejes prioritarios.
Este escenario exige mantener una vigilancia permanente respecto de las consecuencias que podría generar dicha orientación, las que podrían manifestarse en efectos regresivos en materia de equidad, un debilitamiento del rol garante del Estado y, en última instancia, la consolidación del modelo neoliberal heredado de la dictadura, en el cual el acceso a una educación de calidad queda condicionado a la capacidad económica de las familias.
Referencias:
Bellei, C. (2015). El gran experimento: Mercado y privatización de la educación chilena.
Levin, B. (2008). How to Change 5000 Schools – gestión del cambio en sistemas educativos.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice – principio de igualdad de oportunidades.
Dubet, F. (2011). Repensar la justicia social en la escuela.
OECD (2012, 2018). Equity and Quality in Education; Education Policy Outlook.
https://www.servel.cl/wp-content/uploads/2025/09/JOSE-ANTONIO-KAST-RIST.pdf
