Por Javiera Mora
Periodista y Licenciada en Comunicación Social. Diplomada en Género y Derechos Humanos.
El 9 de junio de 1994, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención Belém Do Pará, la que fue firmada por Chile el 24 de octubre de 1996. Dentro de sus 25 Artículos, esta convención aborda y define de manera estructural e integrada la violencia hacia las mujeres con una perspectiva de Derechos Humanos.
La Convención Belém Do Pará, en su Artículo 1, establece los tipos de violencia, reconociendo “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado”. Por su parte, en su Artículo 3, manifiesta que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Si tomamos esta importante y necesaria convención, la contextualizamos a nivel nacional y nos preguntamos: ¿las mujeres viven una vida libre de violencia? la respuesta es un rotundo: no. Una muestra clara son las cifras de femicidios, castigos femicidas y suicidios femicidas que la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres ha registrado desde 2010. Durante 2022, 46 mujeres han sido víctimas de femicidio y 6 se han suicidado por violencia de género.
Todos los días, en distintas situaciones y a cada hora o minuto, las mujeres sufren distintos tipos de violencia y/o discriminación, ya sea, en el hogar, en el círculo en el que se relacionan, en el trabajo, en el transporte público, en las calles, en la salud, en la educación, entre otros. La lista es larga y muchos tipos de violencia siguen invisibilizados e, incluso, naturalizados.
Hace unos días, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, bajo una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, reactivó el proyecto de ley “Sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, denominada como Ley de Violencia Integral, que se encontraba sin tramitación en el Congreso desde comienzos de 2021 y que ingresó en 2017, hace casi seis años. Seis años en los que las mujeres han sido víctimas de diversos tipos de violencia y en los que han sido asesinadas más de 350, según los registros de la Red Chilena.
La Ley de Violencia Integral es una normativa que se necesita con urgencia. También, en este contexto, el Estado, las instituciones y los diversos servicios públicos y privados cumplen un rol fundamental en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, así como en su prevención. No deben permitir que se sigan replicando las mismas prácticas que continúan normalizando, perpetuando e intensificando la violencia. Para esto, además, es necesario que exista un cambio estructural, a nivel social y cultural, de cómo son percibidas y tratadas las mujeres, desde un análisis y un accionar con un enfoque de género y de Derechos Humanos.
En esta columna, y en vista que se aproxima una nueva conmemoración del Día Nacional Contra el Femicidio, el lunes 19 de diciembre, es importante mencionar la lucha colectiva que llevan las agrupaciones feministas y las familias de mujeres víctimas de femicidio, que, desde distintas acciones, luchan cada día por justicia, reparación y no repetición para que no existan más casos como los de sus hijas, madres, tías, abuelas, primas, sobrinas o amigas.
Judith Butler, en su libro Sin Miedo: Formas de resistencia a la violencia de hoy, menciona: “No habrá duelo si no hay justicia y asunción de responsabilidades, y ser privado del derecho al duelo es en sí mismo una injusticia. El duelo y la reivindicación de justicia van de la mano y se necesitan el uno a la otra; reúnen el dolor y la rabia en un esfuerzo por construir un nuevo consenso y una nueva solidaridad contra la violencia”.