Por Francis Valverde Mosquera
Directora Ejecutiva- ACHNU
El año 2024 ha sido uno muy intenso desde la perspectiva de los derechos de las niñeces y adolescencias del país, toda vez que toma pública relevancia la cantidad de niños y niñas muertos/as víctimas de disparos aleatorios, alcanzando 48 personas hasta mitad de noviembre de 2024. (Defensoría de la Niñez, 2024)
El tema de la violencia en todos los niveles y espacios habitados por las niñeces y adolescencias, escuela, hogar, barrio, instituciones, al igual que la afectación de la salud mental de ellos y ellas, ha sido tema de tres informes anuales presentados este año, a saber, Informe anual de la Defensoría de la Niñez; Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y el Informe del Observatorio de Niñez y Adolescencia de la Fundación Colunga, lo que da cuenta de, por una parte, la magnitud del tema y sus implicancias en la vida de niñas y niños, y por otra, la aún no respuesta clara por parte de las autoridades.
El tema de la violencia tiene que preocuparnos de manera fundamental, pues desde la perspectiva del Enfoque de Derechos Humanos de la niñez, parte de esto se debe a la tardía promulgación de una Ley de Garantía y Protección Integral de los Derechos de la niñez y adolescencia, que recién tuvimos el 2022, treinta y dos años después de la ratificación por parte de Chile de la Convención sobre los derechos de la niñez (CDN); otros aspectos que son parte de esta violencia y que se han analizado profusamente refieren a los efectos de la Pandemia, al ingreso al país de bandas criminales y de narcotraficantes, la salud mental, etc.
Situémonos en la tardanza de una Ley de Garantías y Protección Integral y algunas de sus implicancias negativas.
Estas están relacionadas con la inexistencia de un sistema de protección de derechos de carácter universal, lo que profundizó la no prevención de vulneraciones de derechos, la inexistencia de formación de los garantes de derechos en su responsabilidad, el desconocimiento del enfoque de derechos por parte de los distintos servicios públicos, la profundización de la estigmatización de las niñeces y adolescencias bajo la protección del Estado, entre otras.
A lo anterior hay que consignar que el 11% de los 4,7 millones de niños, niñas y adolescentes, viven en hogares con pobreza por ingreso, según la encuesta CASEN 2022.
“Mientras 5% de los adultos vive en situación de pobreza, esta cifra asciende a 11% (325.116) entre las niñas y niños en primera infancia (0 a 5 años) e infancia media (6 a 12 años) y 9% (142.798) entre los adolescentes (13 a 17 años)” (Fundación Colunga, 2024).
Esto da cuenta de la inexistencia de políticas de protección social de carácter universal lo que deja a las capacidades de las familias individuales el bienestar de sus hijos e hijas, sin contar con un apoyo estatal ante situaciones adversas, como pérdida de trabajo, muerte o discapacidad de cuidadores/as, enfermedades graves, accidentes, conflictos con la ley, abuso de drogas, etc.
Por otra parte, y siguiendo con la afectación a la niñez que vive en hogares pobres, según el Informe anual 2024 de la Defensoría de la Niñez, “Entre 2020 y 2023, se registró un aumento del 25% en la cantidad de medidas de protección otorgadas por el Poder Judicial. Asimismo, las medidas en lista de espera para su efectivo ingreso aumentaron un 32%” (p.121). Ante lo cual los programas del Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y adolescencia (SPE), no dan abasto ni han respondido de manera adecuada a las necesidades y ejercicio de derechos de los niños y niñas bajo la protección del Estado. De hecho, la violencia institucional hacia ellos y ellas no ha disminuido, siendo el SPE una de las instituciones responsable de ellas (UDP, 2024). No hay que olvidar que todavía la única estrategia estatal para enfrentar las vulneraciones de derechos de niñas y niños, sean o no constitutivas de delito, es la protección judicial, pues todavía no funciona en régimen la protección administrativa.
El último evento que debiera ser positivo es la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas del SENAME, que cubre entre los años 1979 y 2024, anunciada por el presidente Boric el 10 de diciembre del 2024, día de los Derechos Humanos, que responde a un compromiso programático de esta gestión, pero que dejó fuera a las víctimas del ámbito eclesial, del estallido social, y de otros servicios como salud.
Por otra parte, las personas que la constituyen no responden a lo comprometido a través del proceso de discusión de esta Comisión, dejando fuera a las víctimas de estos abusos y vulneraciones de derechos humanos, a la sociedad civil que trabaja directamente con niños, niñas y adolescentes víctimas, entre otros, lo que nuevamente da cuenta de la incapacidad del Estado para atender las demandas hechas por las personas afectadas de esta violencia institucional sistemática.
Ahora bien, definitivamente tenemos esperanzas fundadas para el 2025, y la principal base de ellas, son la instalación de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN), que son el fundamento del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia, fundado en la Ley 21.430 y, en la implementación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2025 – 2032 y su Plan de Acción, mandatado por esta misma ley.
¿Por qué de la esperanza? Porque la Ley 21.430 está basada en la Convención sobre los derechos de la niñez, reconociendo que la vida y desarrollo central de niñas y niños está en los territorios, espacio y entorno básico donde se genera la identidad, sentido de pertenencia y debiese también ser espacio de seguridad vital. Las OLN tienen este mandato, como instituciones garantes principales de derechos deben generar las condiciones de ejercicio de derechos para todos los y las niñas y niños en el territorio, con un importante mandato en la prevención de vulneraciones y promoción de derechos, para lo cual deben involucrar a todos los actores del territorio tanto institucionales como funcionales, y por supuesto a niños, niñas y adolescentes del territorio. Esto implica que la ley comprende y exige que la participación de las niñeces y adolescencias sean centrales y tomadas en cuenta en la toma de decisiones en este nivel.
La participación de la niñez y adolescencia, entendida como principio, derecho, estrategia y objetivo en la planificación de toda OLN, cambia el paradigma de relación entre los adultos/as y las niñeces y entre las autoridades y las niñeces, es decir, la ley obliga al reconocimiento concreto de niñas, niños y adolescentes como actores sociales, sujetos públicos, con propuestas y capacidad de agencia.
No deja de ser un desafío, pero uno muy esperanzador, pues se inicia con la creación de un Sistema de Protección Integral, rompiendo la tendencia de programas y políticas aisladas.
Esto evidentemente genera muchos otros desafíos, entre ellos, aprender a ser garantes de los derechos de la niñez, de todos los niveles tanto estatales como institucionales. ¿Cómo se ejerce el rol garante? ¿Cuáles son las implicancias concretas de ser garante en mi nivel de responsabilidad? ¿Con qué herramientas y apoyo cuento para ejercer este rol? etc. Estas son algunas de las preguntas que deben ser respondidas por la autoridad y para los cual todos los y las agentes del Estado deben formarse.
El otro dato esperanzador, es la implementación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción. ¿Por qué? Porque está avalada y fundamentada en la ley 21.430, es decir, es un mandato legal, porque fue elaborado participativamente con la presencia activa de niños, niñas y adolescentes en la definición de prioridades y objetivos y, porque mandata el trabajo intersectorial, desafío no menor para un país, cuya estructura administrativa está basada en el logro de metas por servicio y no alcanzarlas implica un costo pecuniario a sus equipos. En fin, se avanza en el cambio.
Estos son algunos desafíos, son muchos más, las niñeces y adolescencias en nuestro país llevan demasiado tiempo esperando su reconocimiento concreto como sujetos de derecho y actores sociales, vivencian carencias y vulneraciones inaceptables, y por ello el contar finalmente con un instrumento como la Ley 21.430, pone un signo de esperanza en el futuro y presente inmediato de niños, niñas y adolescentes en el país.
Referencias:
Defensoría de la Niñez (2024). Informe Anual Defensoría de la Niñez. https://www.defensorianinez.cl/informe-anual-2024/
Fundación Colunga (2024). Informe Nacional del Bienestar de la Niñez en Chile 2024. Resumen ejecutivo, p. 11.
Universidad Diego Portales – UDP (2024). Informe Anual sobre Derechos Humanos. Violencia Institucional hacia niños, niñas y adolescentes: una propuesta de reparación integral. https://derechoshumanos.udp.cl/informe-anual/informe-anual-sobre-derechos-humanos-en-chile-2024/
