Descentrados Chile

Desafíos en la construcción de un sistema de infancia en Chile

Fotografía: Victoria, 5 años.

Por Decio Mettifogo Guerrero
Académico Universidad de Chile
Académico Universidad SEK

  En los últimos seis años ha habido en Chile avances importantes en relación a la infancia, en aspectos normativos necesarios y que debiesen traducirse en transformaciones institucionales, programáticas y de gestión que debiesen tener un impacto significativo en las condiciones de atención a la infancia. Por cierto, importantes desafíos deben tenerse en cuenta para que ello sea efectivo y no signifique sólo un cambio de nombre, de dependencias en las responsabilidades del aparato público y, lo que es más importante, en la efectividad de las respuestas que reciben niños, niñas y adolescentes.

Para ejemplificar la cuantía de los cambios a los que me refiero, cabe señalar que hace pocos años atrás teníamos un solo servicio público, atendiendo tanto a aquellos que han vivido situaciones de vulneración de derechos hacia la infancia, como a aquellos adolescentes infractores de la ley penal (SENAME). Hoy, ya se encuentran en funcionamiento el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia (conocido más coloquialmente como Servicio Mejor Niñez), “encargado de garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos”, como se indica en el artículo 2 de la ley 21.302; el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que comenzó a funcionar el recién pasado 12 de enero en las regiones de Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo (las demás regiones entrarán progresivamente en enero de 2025 y enero de 2026) y que tiene por objeto -como se indica en el artículo 2 de la ley 21.527-ser el ente “responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas por la ley N° 20.084, mediante el desarrollo de programas que contribuyan al abandono de toda conducta delictiva, a la integración social de los sujetos de su atención y a la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia”. Aún continúa en funcionamiento el propio Servicio Nacional de Menores hasta que culmine la puesta en marcha del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Junto con estos nuevos servicios señalados precedentemente, en estos últimos años ha entrado en funcionamiento la ley 21.057, que regula entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales y otros delitos violentos y que busca prevenir la victimización secundaria de niños, niños y adolescentes, de modo que se reduzcan los efectos negativos de su paso por el sistema penal en calidad de víctimas y/o testigos, en la etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos ya referidos. Esta norma busca hacer frente al verdadero maltrato institucional recibido por NNA en su contacto cotidiano, con distintas instituciones. Esta norma publicada a principios del año 2018 es muy cercana temporalmente a aquella que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez y que constituye una pieza clave en la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños y que ha permitido el funcionamiento de una instancia absolutamente necesaria en el resguardo de derechos de todas las niñeces. Las dificultades en el reemplazo de la titularidad del organismo dan cuenta sin dudas de parte de los desafíos existentes en la construcción de un sistema articulado de infancia, en que se mezclan intereses corporativos y partidistas de diversa índole, que no ponen como prioridad el contar con organismos robustos en pos del trabajo efectivo con las infancias en Chile; finalmente, el reciente nombramiento recayó en un profesional de vasta experiencia en la temática y que puede constituir un aporte importante en dotar de voces relevantes a la situación de infancia, en todos sus ámbitos.

El año 2021, fue publicada en el diario oficial la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, norma largamente esperada y que se constituyó en una exigencia desde la ratificación del Estado de Chile, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Claramente el más claro ejemplo de los desafíos que enfrenta en Chile en el abordaje sistemático, estructurado, permanente y evaluable es el retraso con que se aprobó esta normativa; más de 30 años luego de que se ratificara la CIDN recién podemos señalar que se reemplaza la antigua ley de menores de 1967, la ley 16.618. Es interesante notar que este gran marco normativo se encuentra aún en proceso de implementación, cuenta con temporalidades muy amplias para ello e involucra una gran cantidad de recursos que no es del todo claro se encuentren disponibles para hacer efectivo lo que el texto de la ley declara.

Una cuestión que, a mi juicio, resulta crucial para apreciar la efectividad de los cambios planteados es la implementación de las Oficinas Locales de la Niñez, que permita de una buena vez la puesta en marcha de dispositivos administrativos que en tiempo y forma, aborden de manera efectiva situaciones complejas que viven niños, niñas y adolescentes cotidianamente, permitiendo que la judicialización en la respuesta a conflictos que atañen a las infancias sea no la primera respuesta que se dé, sino la última cuando se han agotado iniciativas previas. El contar con mecanismos a nivel de territorios, con todas las formas que se considere necesario, esto es, a nivel comunal, en agrupaciones de comunas, a niveles de provincias, resulta fundamental. Un gran desafío en este propósito de construir un sistema de atención de infancia es diversificar las formas de implementación de las respuestas locales y no buscar la homogeneidad de manera mecánica y simplista que anteponga la disponibilidad de recursos y un solo tipo de dispositivos, lo que finalmente torna inviable cualquier respuesta que se busque concretar.

El sólo plantearse la construcción de un sistema de atención infancia, en el caso de Chile, constituye un tremendo desafío, puesto que lleva a la necesidad de identificar quiénes son los que forman parte de mecanismos articulados, coherentes, complementarios y que funcionen descentralizadamente y con un soporte interinstitucional adecuado.

Este último aspecto no es para nada menor y pareciera ser un eje que ha sido compartido por quienes en los últimos años han contribuido al diseño e implementación de los servicios señalados anteriormente. Ejemplo de ello es la conformación de instancias de coordinación intersectorial en el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, tanto a nivel nacional como a nivel de las regiones con comités operativos regionales, que ahora por mandato de una ley establece mecanismos de participación de diversos servicios públicos. Poder visualizar cómo se hace efectivo aquello en aquellas regiones de la macrozona norte que ya iniciaron la puesta en marcha del nuevo servicio, no sólo tiene valor en el ámbito del trabajo con adolescentes infractores de la ley penal, sino que puede constituir o no un muy buen ejemplo de respuesta en otros servicios públicos.

Dos palabras finales en relación a los desafíos. Los cambios tienen que ser percibidos como reales, no sólo por quienes los han diseñado y dirigen su implementación desde el sector público, sino que por todos los operadores del mismo; pareciera que ello no ha ocurrido hasta el momento con el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, al menos en cuanto a lo que la dimensión programática y de gestión implican. En muchos operadores de programas no se percibe tan fuertemente el cambio como se anunciara inicialmente, así como tampoco queda tan claro la evidencia de los cambios programáticos planteados.

Una cuestión final y no por ello menos relevante dice relación con los niveles de participación en los procesos de cambios que se han iniciado; el que contemos con estas normas recientes (todas ellas parten con número 21.000) es claramente un avance y durante su implementación resulta necesaria la entrega oportuna de información a todos los actores institucionales vinculados con su implementación; ello no es suficiente, pero es un piso mínimo que no siempre ha estado presente. Un segundo nivel de participación es la consulta y consideración de quienes cotidianamente intervienen en la temática. Y, un aspecto crucial cuando hablamos de participación es la interrogación sobre los mecanismos que tienen niños, niñas y adolescentes en cada uno de estos procesos de implementación para ser protagonistas de este proceso. Si estos desafíos se resuelven sinérgicamente, las posibilidades de contar con un sistema de infancia, se hace más probable. Miremos, registremos, opinemos, conversemos sobre el tema.

Referencias:

 Ley 21.057. Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. Publicada en el diario oficial el 20 de enero de 2018.

Ley 210.067 Crea la defensoría de los derechos de la niñez. Publicada en el diario oficial el 29 de enero de 2018.

Ley 21.302. Crea el servicio nacional de protección especializada a la niñez y adolescencia y modifica normas legales que indica. Publicada en el diario oficial el 5 de enero de 2021.

Ley 21.430. Sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Publicada en el diario oficial el 15 de marzo de 2022.

Ley N° 21.527. Crea el servicio nacional de reinserción social juvenil e introduce modificaciones a la Ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de adolescentes, y otras normas que indica. Publicada en el diario oficial el 12 de enero de 2023.