Por Gabriel Guzmán Riquelme
Cientista político y Magister en Gestión y Políticas Públicas.
Dia a día en las oficinas públicas del nivel nacional y local se llevan a cabo tareas y toman decisiones que tienen impacto directo en la vida cotidiana de miles de personas y en niños, niñas y adolescentes. O, al revés, se toman decisiones con alto impacto que omiten sus reales necesidades en un sinfín de ámbitos.
Es estratégico y urgente promover una activa transversalización del enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en los sistemas públicos, una estrategia que permita incorporar criterios en las diferentes actividades y procesos que materialicen de forma concreta servicios que se adapten a las necesidades y características de las niñas, niños y adolescentes de forma prioritaria.
La implementación de la “Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia” no ha sido fácil. Además de diversos problemas de diseño, se ha enfrentado a la propia complejidad que conlleva el modificar modelos, prácticas y formas de trabajo que han estado arraigadas por años en un sistema público que tiende a trabajar de forma fragmentada y centralizada.
Para corregir el rumbo, es necesario avanzar en la coherencia entre los marcos normativos y programáticos de todos los sistemas públicos para dar respuesta a las garantías de la nueva ley. Sin embargo, abordar este desafío solamente desde el punto de vista normativo, es negar el impacto clave que tiene la gestión pública.
Lamentablemente, nos enfrentamos a sistemas públicos que entiende a las niñas, niños y adolescentes como receptores indirectos de servicios y prestaciones pensados generalmente para los adultos, ni menos como ciudadanos sujetos de derechos, con capacidad de agencia.
Los sistemas públicos enfrentan la necesidad de adecuar y preparar sus procesos con foco en cómo incorporar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en el Estado. Procesos tan habituales como la planificación estratégica, el ciclo presupuestario, el control de gestión, la coordinación intersectorial o la participación ciudadana, tienen la enorme potencialidad de incorporar criterios que prioricen los derechos de la niñez y adolescencia, que impacten de forma directa en su vida diaria.
“La Niñez en el Estado. Claves para la transversalización del enfoque de derechos de en los sistemas públicos” es un manual de libre acceso que busca aportar en este sentido. Su objetivo es proponer un modelo de transversalización enfocado en la generación de valor público a partir de directrices en la gestión organizacional, programática y del entorno, así como de la participación de la niñez y adolescencia en la gestión pública.
Se proponen diversas ideas para incorporar incentivos y actividades en áreas determinantes de gestión del Estado, así como propuestas metodológicas de trabajo de diseño al respecto.
Enlace: https://drive.google.com/file/d/1dWmI8PpKYc0NPoOGqK14Zo8qWNPC39it/view?usp=sharing
