Descentrados Chile

Muertes de niños y niñas por balaceras en Chile: Esperando el debate y las soluciones

Fotografía: Pacto Niñez

Por Paulina Fernández
Directora De Abogacía y Estudios
Aldeas Infantiles SOS Chile

 Hace pocos días se cumplieron 25 años de la trágica masacre ocurrida en la tristemente célebre Escuela Secundaria de Columbine, tiroteo escolar ocurrido en 1999 en el estado de Colorado (Estados Unidos), en que dos estudiantes de último año de ese establecimiento educacional asesinaron a 12 alumnos y un profesor, además de herir a otras 21 personas, antes de suicidarse.

Columbine quedó grabada en la retina del mundo como el primer caso de este tipo de violencia escolar, que, acompañado de cruentas imágenes difundidas ampliamente por los medios de comunicación, se transformó en un fenómeno delictual que desde entonces se ha repetido en ese y otros países cada año, dejando una larga lista de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) muertos o heridos por balaceras. De acuerdo con la reciente encuesta nacional de Polivictimización, Chile claramente no es la excepción a este grave problema.

Desde el año 2020 son 168 niñas, niños y adolescentes (NNAJ) quienes han sido víctimas de homicidios por armas de fuego, balaceras en sus calles, o mientras juegan en las plazas de sus barrios (53% de estos hechos ocurren en la vía pública). Escuchar en los medios desgarradoras frases como “Hoy día fue víctima mi nieta (…), que salió a comprar y llegó con un balazo”, no deberían dejar indiferente a nadie.

Según datos de la Defensoría de la Niñez, 42 menores de edad perdieron la vida por impactos de bala en 2023, mientras que en lo que va de este año ya son 15 las vidas que hemos tenido que lamentar. Se trata de cifras crudas, tristes, y que ni si quiera contemplan los números asociados a menores heridos por balas, cuyas estadísticas son aún más preocupantes. En 2022 hubo además 22 mil delitos al interior de colegios, principalmente referidos a temas de tráfico de drogas, uso de armas y disputas de pandillas por territorios. Las regiones con mayor ocurrencia de estos hechos son la Región Metropolitana, Biobío y Tarapacá.

Con gran decepción, quienes velamos por la protección de los niños niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), vemos que estas muertes al parecer no conmueven como deberían, no generan profundos y virtuosos debates socio culturales como los ocurridos en Norteamérica luego de tragedias como Columbine, ni se implementan políticas rigurosas para evitar el fenómeno.

Más allá de las causas basales de la crisis de seguridad en Chile, las que podrán ser discutidas en los respectivos foros sociales y políticos, este fenómeno está afectando de manera clara y contundente al bienestar de los niños y niñas y la calidad de vida de sus familias con cifras alarmantes: uno de cada cinco niños y niñas en Chile ha presenciado tráfico de drogas, balaceras o disparos (CASEN, 2023). Lo más lamentable es que los niños y adolescentes que fallecieron producto de las inseguridades en sus barrios lo hicieron mientras hacían uso del espacio público, como yendo a comprar, estando en los antejardines de su casa jugando, es decir, en los contextos donde están creciendo.

Este tipo de violencia es prevenible. Existe minuciosa data comparada de los focos y lugares en que estos hechos delictuales afectan con mayor frecuencia a niños, niñas y adolescentes, información que nuestras autoridades manejan y que debieran ser la base para avanzar hacia un debate serio y responsable de esta profunda problemática.

Además, para organizaciones como Aldeas Infantiles SOS que trabaja en territorios de alta vulnerabilidad social, el trabajo interventivo y reparatorio con familias se vuelve más adverso y peligroso para los equipos que están en terreno. Las balaceras y ajustes de cuentas pueden ocurrir a cualquier hora del día. Es así como vemos a diario que la crianza de los niños desde una perspectiva respetuosa y amorosa se vuelve un desafío cuando no hay áreas verdes, plazas o calles seguras para que sus padres superen las adversidades que están viviendo como familia. La restitución de los derechos de los niños y niñas requiere de contextos libres de violencia para su sano de desarrollo.

Junto con acciones concretas de prevención y de educación dirigidas a las familias y a los niños y niñas, es indispensable considerar el enfoque de derechos humanos de la niñez y de la sociedad civil para aportar en la toma de decisiones, de manera que las medidas para combatir la delincuencia tomen en cuenta los altos riesgos a los que están expuestos los niños a raíz de la violencia armada, disputas entre pandillas, y la influencia del crimen organizado, el que hoy no podemos desconocer ya es parte de un verdadero tejido delictual instalado en el país.

A más de un año de la promulgación de la ley de garantías y protección integral recordamos que este nuevo marco legal demanda que los distintos servicios públicos incorporen el enfoque de derechos humanos de la niñez en las medidas y acciones que establecen para asegurar su protección y cuidado, junto a sus familias y comunidades.

No podemos esperar en Chile un “Columbine comunicacional” relacionado a muertes por balaceras para reaccionar en esta materia. La protección y la garantía de los derechos de NNAJ deben ser una prioridad como sociedad, un debate permanente que no puede esperar más, y que nos debe ocupar como país para asegurar que independiente de sus condiciones sociales, económicos, familiares, todos los niños y niñas merecen vivir en un entorno social libre de violencia.

29 de diciembre. “Hoy día fue víctima mi nieta (…) que salió a comprar y le llegó un balazo
5 de diciembre. Un niño de cinco años fue alcanzado por una bala perdida mientras jugaba en su antejardín.
31 de diciembre. Un grupo de desconocidos efectuó más de veinte disparos. Uno de estos impactó a una adolescente de 14 años, en la comuna de La Granja.