Por Dr. Nicolás Gissi
Universidad de Chile, y
Dr. Hedilberto Aguilar
Universidad Arturo Prat
Chile se encuentra, al menos desde 2019, en una situación laberíntica entre un Estado neoliberal, uno social -fallido en el plebiscito sobre el primer proceso constituyente- y un Estado penal, crecientemente promovido por los sectores conservadores durante los últimos cuatro años. Estos “agonismos” (disputas, conflictos) entre distintos grupos sociales y partidos políticos ocurren en el marco de una triple crisis, política-sanitaria-económica, que ha mermado la calidad de vida de gran parte de la población nacional, la que tiende a percibir a los migrantes como competidores por recursos y, a quienes ingresaron de modo irregular, como potenciales delincuentes. En este sentido, cuatro acontecimientos han destacado desde instituciones nacionales: 1) las recientes peticiones de prisión preventiva hechas por los persecutores para migrantes detenidos sin documentos de identificación en el contexto de un delito flagrante, el denominado “Criterio Valencia”, establecido por el fiscal nacional Ángel Valencia y que fue ampliado a chilenos sin documentos; 2) la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería (boletín 15261), tipificando el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio. La pena será de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 541 días) o multa de 11 a 20 UTM; ambos hechos, en medio de 3) la tramitación “fast track” de 31 proyectos de seguridad ciudadana en el Congreso; y 4) el plan “Calles sin violencia”, una serie de medidas que se ejecutarán en 46 comunas a nivel nacional.
¿Las actuales circunstancias de aumento de la inseguridad (sobre todo en el norte del país) nos convocan a dar pasos hacia un Estado policial? Al respecto, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declaró y solicitó: “tener una mirada pacífica… hay un régimen de libertades públicas que hay que combinar con la seguridad… la criminalidad en Chile es una urgencia, pero no nos podemos transformar en un Estado policiaco… Tenemos que ser un Estado donde haya seguridad, donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no que los ciudadanos no tengan libertades… en la época contemporánea los Estados de Derecho siempre están desafiados, puestos en jaque por diversas circunstancias, no solamente por la delincuencia, sino también por la pobreza, por la situación de los niños que a veces no tienen un buen destino, por situaciones pandémicas, pero, a nuestro juicio, esta capacidad existe y se está desarrollando” (Cooperativa, 17-04-2023).
Sabemos lo que implica un Estado penal: una maquinaria que crea y usa legislación restrictiva; la gestión del orden público en base a la fuerza y vigilancia; y mecanismos de represión -acompañados de propaganda vía TV y redes virtuales- para proteger a los nacionales de “enemigos internos”, trasladando la lógica de guerra (antagonística más que agonística, esto es, entre enemigos más que entre adversarios) a la política interior, más allá de los límites impuestos por un “Estado legal” o “constitucional” (Wacquant, 2004; Todorov, 2012; Mouffe, 2021). Los excesos de la primera propuesta constituyente y de quienes siguen creyendo en el modelo político subyacente, serían subsanados así mediante mayor control y represión, según un modelo neoliberal cada vez más policiaco. Estamos ante un péndulo, posición oscilante que ha complicado las principales iniciativas gubernamentales (reformas tributaria y previsional) y ha llevado a gobernar de modo reactivo, tratando de compensar y tranquilizar a unos y otros.
Nos encontramos post-Pandemia ante demandas sociales desde abajo y resistencias a la redistribución y el reconocimiento desde arriba, así como con el aumento de la xenofobia y aporofobia (Cortina, 2017) en un escenario que nos recuerda otras realidades latinoamericanas y del Caribe: distintos medios de comunicación y políticos en países como Perú y México han estado difundiendo el discurso de que los migrantes venezolanos se caracterizarían por problemas morales y comportamientos violentos, promoviendo una visión estereotipada, negativa, del conjunto de los “expulsados” (Sassen, 2015) de su país. Para nadie es desconocido que la mayoría de los migrantes se encuentra trabajando, pero basta un grupo de delincuentes (de que los hay los hay, como en toda sociedad desigual, especialmente en crisis político-económica) para detonar el negocio y agenda política de utilizar a los migrantes como “chivo expiatorio”. Este éxodo venezolano, de ya 7 millones de personas en el mundo, estando Chile cuarto en América Latina como país de llegada (después de Colombia, Perú y Ecuador), ha sido atribuido por políticos de izquierda al discurso realizado en 2019 por el ex Presidente S. Piñera en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela: quienes invitaban ayer a los expulsados -muchos ofreciendo empleos precarios a los migrantes-, hoy piden criminalizarlos. Mientras tanto, el Presidente de EE. UU., J. Biden, en reunión con G. Petro, su par colombiano, elogia el trato dado a los más de dos millones de venezolanos avecindados en Colombia, a los que se les ha otorgado estatus legal y un derecho de permanencia por 10 años.
Ahora bien, asociar criminalidad con migración de ingreso irregular (y solicitantes de asilo) tiende a dar réditos electorales a nivel global, pues es la respuesta fácil a los “enemigos” externos e internos. Es el peso del “ogro filantrópico” (Paz, 1979) estatal, o más bien del nuevo “ogro filantrópico” -neoliberal o de una “izquierda” poco democrática- del siglo XXI, securitista y burocrático, que actúa muy lejano de las bases sociales, oprimiendo a quien se supone debe proteger, a “los indeseables no ciudadanos… que se contraponen al ciudadano ideal” (Khosravi, 2021). Las políticas de “mano dura” o “tolerancia cero” están legitimadas por las tradiciones autoritarias en América Latina y el Caribe, y confluyen con la exportación de la “seguridad nacional” desde el Estados Unidos post 11 de septiembre (Nateras y Valencia, 2020). Militarizar las fronteras y criminalizar la migración son medidas paliativas de corto plazo que, sin embargo, pueden recrudecer la violencia durante las próximas décadas, creciendo la criminalidad local e importada como ya ha sucedido durante el siglo XXI. La violencia de nuestro presente no surgió en Chile de un día para otro, los delincuentes chilenos en la era de la globalización, que han sido sujetos de abandono y estigmatización a lo largo de sus vidas, han creado una subcultura del “flaite”, importando y exportando técnicas crueles, a lo que se han sumado ciertas organizaciones de migrantes habituados a crímenes de alto impacto, influyendo en su aumento.
En lo local, desde cada vez mayores sectores de la sociedad chilena se pide controlar las fronteras y securitizar las migraciones. Resulta interesante este punto, considerando que el Estado no deja de ser causante de esta creciente irregularidad migratoria, no por falta de resguardo de sus fronteras durante los últimos dos años, sino por la creación de una ley migratoria que casi imposibilita la regularización, y por la decisión de no firmar (en diciembre de 2018) el Pacto Global de la ONU para una migración segura, ordenada y regular. A esto se suma que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) no ofrece garantías de tiempo en sus respuestas y sigue sin dar a conocer la nueva política migratoria, sobre lo que dos abogados especialistas en asuntos migratorios han advertido: “es urgente y de vital importancia la adopción de una política migratoria que potencie las contribuciones de las personas migrantes al desarrollo de Chile, al tiempo que apunte a su adecuada integración, y a atender a las legítimas preocupaciones de los nacionales por la llegada de personas extranjeras, en el marco del respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales” (Aguirre y Greene, 2023).
El contacto cotidiano entre la población nacional vulnerable y los migrantes, especialmente en condición irregular, crea una serie de tensiones por los escasos recursos que reciben mes a mes, viviendo en los márgenes del sistema social, económico y cultural, en el umbral entre estar integrados y no participar como miembros plenos del sistema social, conformando una población que ya “no tiene nada que perder”, como sostienen los profesionales que trabajan en apoyo y desarrollo local con los vecinos de comunas pobres. Este malestar se constata en las encuestas -como la del Centro de Estudios Públicos de mayo de 2022, que señalaba que el 61% de los consultados estaba a favor de prohibir toda inmigración en el país- e intenta ser capitalizado por algunos sectores políticos y consorcios mediáticos en periodos de elecciones, sacando provecho de los crecientes temores y xenofobia de la ciudadanía, dando lugar y posibilitando lo que L. Wacquant (2004:102) denomina un Estado penal, el que: “traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario…”. El Estado penal, que ha sido abrazado en América Latina, entre otros, por México y Colombia, ha implicado una mayor violencia y criminalidad, así como la corrupción de distintos agentes del Estado a quienes se les ofrecen incentivos para formar redes paralelas de comunicación y eficiencia delincuencial. ¿Es éste el camino a seguir?
¿Es la “guerra” contra las personas que entran por pasos no habilitados asociada a la criminalidad la única opción para garantizar la seguridad pública que requiere la ciudadanía? Cuando la sociedad de consumo hace atractivo el tener mercancías, evaluándose a las personas más como consumidores que como ciudadanos, desespera a gran parte de una generación que ha sido desposeída de todo futuro, y se crean fórmulas culturales y económicas que van más allá de la ilegalidad, sean chilenos o migrantes. Estas contraculturas (visibles a través de los rituales, como los narco-funerales), crecen y se desarrollan con amplitud creando alternativas que van de lo ilegal a lo criminal, las cuales prefiguran a los “nuevos ricos”, aquellos que, con tenacidad y valentía, pueden obtener poder, riqueza y cuerpos deseables, sin importar el costo individual y social (González-Ortega, 2015). De allí la fama del narco-trap, los narco-corridos y otras expresiones artísticas que apuntan a un camino de ascenso inmediato de bienes y “respeto”, que les han negado las vías legales y formales. Un dicho mexicano ejemplifica esta actitud del sicario adolescente: “más valen cinco años como rey que cien como buey”. La población en los bordes, especialmente los más jóvenes, se debate entre conformarse o no con vitrinear la ostentación que se presenta todos los días y a todas horas en la publicidad, los medios y los malls, u obtenerlo ya, “altiro”, y este accionar no tiene una nacionalidad específica. Este lado B, contracultural, existe porque hay un lado A, es la contraparte del otro: si el sistema no protege y da oportunidades desde arriba, desde el Estado, se crearán reacciones desde abajo que perjudicarán la seguridad pública de todos/as.
¿Qué hacer? La receta no es nueva: gestión de las desigualdades y diferencias, incorporación social y ciudadanía real, efectiva. Estrategias políticas proactivas más que reactivas o defensivas. Una mayor seguridad social (empleo digno, salud, educación), sin discriminaciones de género, “raza”, etnia y clase, producirá a mediano plazo la anhelada seguridad pública. Esto es, más Estado de bienestar y menos populismos de izquierda y de derecha. Entonces, las políticas restrictivas contra la migración por ingresos no permitidos podrían parecer muy útiles a corto plazo, sin embargo, son más bien un obstáculo para quienes migran de modo forzado en búsqueda de sobrevivencia y una oportunidad de ganancia para coyotes, traficantes y reclutadores de las empresas del hampa, quienes ven en estas políticas una luz para desarrollar sus acciones con mayor facilidad. La prohibición de ingreso trae consigo nuevas alianzas con grupos ilegales para “saltar” sobre la ley y las autoridades de un país. Es en estos grupos en los que hay que focalizarse, sin transformar a toda la sociedad en una lucha cotidiana entre amigos y enemigos. Como sostiene el enfoque de la gobernanza de las migraciones, se requiere no sólo un registro y empadronamiento biométrico de las personas que ingresan, el Estado-nación chileno y su histórica pluralidad, tiene una responsabilidad con la seguridad humana, de protección de todos/as los habitantes del territorio nacional, chilenos y migrantes residentes, logrando un equilibrio entre la soberanía nacional y el derecho a la libre circulación, a partir de una necesaria coordinación regional en América Latina y el Caribe.
Referencias:
Aguirre, Alexis y Greene, Tomás. (2023). “La urgencia de una Política Migratoria”, en: https://enestrado.com/la-urgencia-de-una-politica-migratoria-por-alexis-aguirre-y-tomas-greene/
Cámara de Diputadas y Diputados. (11-04-2023). “Comisión inició el debate de proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional”, en: https://www.camara.cl/cms/destacado/2023/04/11/comision-inicio-el-debate-de-proyecto-que-tipifica-el-delito-de-ingreso-clandestino-a-territorio-nacional/
Centro de Estudios Públicos (CEP). Estudio Nacional de Opinión Pública N°86, Abril-Mayo 2022, en: https://www.cepchile.cl/encuesta/estudio-nacional-de-opinion-publica-n86-abril-mayo-2022/
Cooperativa. (17-04-2023). Vocera de la Corte Suprema: “No nos podemos transformar en un Estado policiaco”, en: https://cooperativa.cl/noticias/pais/judicial/vocera-de-la-corte-suprema-no-nos-podemos-transformar-en-un-estado/2023-04-17/083735.html
Cortina, Adela. (2017). Aporofobia. El rechazo al pobre. Buenos Aires: Paidós.
González-Ortega, Nelson. (2015). Realidades y representaciones de la subcultura del narcotráfico en Colombia: ¿origen de una nueva ética y estética latinoamericanas? En González-Ortega, N. (Ed.). Subculturas del narcotráfico en América Latina. Universidad de los Andes–UNAM–Universidad de Oslo.
Khosravi, Shahram. (2021). Yo soy frontera. Auto-etnografía de un viajero ilegal. Barcelona: Virus.
Mouffe, Chantal. (2021). El retorno de lo político. Barcelona: Paidós.
Nateras, Martha y Valencia, Paula. (2021). “Riesgos de la militarización de la seguridad como respuesta a la violencia derivada del narcotráfico”. El caso de Colombia y México. Espiral, 27, pp. 78-79.
Paz, Octavio. (1979). El ogro filantrópico, México: Seix Barral.
Sassen, Saskia. (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global. Buenos Aires: Katz.
Todorov, Tzvetan. (2012). Los enemigos íntimos de la democracia. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
Wacquant, Loic. (2004). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial.