Por Hans Provoste Palacios
Estudiante de pregrado en Psicología. Universidad Alberto Hurtado. Buscador innato, apasionado por lo humano y su descubrimiento en la diferencia y la diversidad.
“La generación anterior a la nuestra, pudo aun ´hacer´.
La que nos sigue y ya asoma, tal vez tenga también el privilegio de hacer.
A nosotros […], acaso sólo nos corresponde discurrir y discurrir
frente al espectáculo siempre dramático de una decadencia”.
Generación, quehacer y destino – Carlos Quijano (1985).
Desde la revuelta de octubre de 2019, algo queda por pensar respecto de la historia política de nuestro país, y aún más, algo queda por decir sobre las implicancias que dicha historia ha tenido en las decisiones que se dan en el campo de la acción social. En este sentido, hablar de Chile, es también hablar de aquellas vicisitudes que emergen en el marco de la politización y la agudización de las diferencias e inequidades estructurales, una vez que se produce el retorno a la democracia. En estos registros, se pone en juego la conflictiva de la deliberación pública, con sus necesarios cuestionamientos a los cambios que experimentó el país, entrada la década de 1990 (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2017). Con relación a este fenómeno, se vuelve indispensable la observación de la vida cotidiana para relevar la impronta del lazo social, y aún más, para poder sostener la elaboración de preguntas que disputen la propia producción de subjetividad, en tanto, solo a partir de nuevas formulaciones, es posible elaborar respuestas que permitan abrir horizontes para hacer frente a las inquietudes que deja el territorio político contemporáneo y sus indefectibles alcances en la configuración de una sociedad tan diversa, como la chilena.
Ciertamente, pareciera ser que la presunción de una gobernanza irrestricta y la transversalidad de una visión de Estado fuerte, garante de unidad y orden social, quedó en entredicho desde hace mucho tiempo. Se (re)produce en ese sentido, el refinamiento de las dinámicas que Carbajosa (1984) describe a la luz del análisis de las instituciones y su influencia en la mantención de una sociedad de clases que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo. En concreto, lo que hay en Chile, es un cuestionamiento a las lógicas de dominación, que, durante mucho tiempo, se reflejaron en la institucionalización de los movimientos sociales como, por ejemplo, en las coaliciones y los partidos políticos en el retorno a la democracia. Desde los días de la dictadura, aparecen dimensiones que posibilitan el ejercicio de una ciudadanía basada en el sometimiento y la imposición. Para el espacio público, el principio rector en el diseño de colectividades responde a los aparatos ideológicos del estado (Guattari, 1998), y así, la producción de subjetividad queda alienada a los procesos de re-singularización que instauran los lineamientos constitucionales y jurídicos de la dictadura. En palabras sencillas, los distintos equipamientos de infraestructura material terminan por descomponer los medios de vida social y familiar en el país.
Como contrapartida a estas lógicas violentas, aparecen nuevas directrices en la orgánica social, sobre todo, a partir de las demandas de cambio frente a la ambivalencia de la politización y el aumento de la conflictividad por los movimientos sociales (PNUD, 2017). En el decir de Lapassade (1980), otros reordenamientos son los que se instalan en la realidad, inscribiendo en el proceder de las personas, lo significativo de las relaciones interpersonales y la colectividad. Es en ese tono, que se hace necesario situar los baluartes que el gobierno actual, propugna sobre un Chile más justo e igualitario. A dos años y medio de la entrada de Gabriel Boric, se desarrollan prácticas que ponen de manifiesto la inclinación por el miramiento a las oportunidades, la territorialidad, el acceso a la cultura y la capacidad de agencia de las personas. Se asientan otros valores para pensar la institucionalidad y el principio rector del Estado como garante de derechos. En esta línea, es importante actuar para construir un centro de acción, que trascienda la instauración de la obediencia común (Lourau 1980) y apele al bienestar social de la mano de la legitimidad institucional. En otras palabras, la noción de un desarrollo justo y resiliente para el país, (Cámara de Diputadas y Diputados, 2024) implica atravesar el dilema del espacio político que ha sido capturado por la herencia histórica de la dictadura, para así, hacer frente a la presión social que demanda la obtención de resultados concretos en materia de convivencia social (Mella, 2024).
Por tanto, se hace imprescindible tomar en cuenta la sensación de hastío, de inconformidad y desconfianza que se ha instalado sobre los actores políticos y la institucionalidad, como el corolario de un malestar que jamás ha sido resuelto. Esta afirmación se refleja en el retrato que realiza Kathya Araujo (2019), al describir las consecuencias de la instalación del modelo económico neoliberal y su respectivo adosamiento de un modelo de sociedad, que es por lo bajo, feroz. Prevalecen en él, principios de competencia desmedida, que articulan una oferta de integración y convivencia social por la vía del consumo y el crédito como máxima ideológica (Araujo y Martuccelli, 2012; 2013). Se asegura en esas aristas, el funcionamiento de una sociedad perfectamente móvil, pero profundamente erosionada en las bases de su asociatividad colectiva.
Los alcances que tuvo la desobediencia civil (Arendt, 1992/1972) de la revuelta, resultan cruciales para comprender la crudeza del aparataje estatal, sobre todo, cuando se piensa en sus marcos legislativos y constitucionales. En la medida en que un número importante de sujetos se convencía de que ya no funcionaban los canales normales de cambio, la salida no fue sino, hacia nuevas acciones que permitieran la realización de los cambios esperados en el terreno político. Es bien sabido que, incluso desde antes del retorno a la democracia, comienza a perfilarse una horrorosa desmentida respecto de las sensaciones de vulnerabilidad y de las condiciones de desigualdad estructural que había en el país. Las personas expresaron durante mucho tiempo, tanto en las coyunturas sociales previas como en la revuelta de 2019, que el malestar tenía su origen en la responsabilidad de aquellos que ostentan el poder en las instituciones, es decir, en la figura de sus propios sus representares políticos (PNUD, 2017).
De esta manera, lo expresado por las personas durante el período del 2019, propendía a la superación de la paradoja de la individualización asocial (PNUD, 2017). ¿Qué implicaba esto? El vencimiento de la contradicción inherente el modelo social que se instaló en el país. En tanto, el entorno entrega limitaciones evidentes para la construcción de proyectos de vida sostenibles, se apela a una responsabilización profunda sobre cada individuo, indicando que las opciones de movilidad social y el acceso a las oportunidades, compete única y exclusivamente al trabajo que realiza cada sujeto por conseguir sus fines. La degradación de la colectividad y el lazo social se puso en marcha. Siguiendo a Foladori (2008), se dio vida a una construcción política que apelaba a la institucionalidad como sistema de ordenamiento para la autogestión, lejos de las capacidades organizativas de las masas. La matriz de la institucionalidad, desde el retorno a la democracia, se instaló en una intersección compleja entre dos frentes muy disímiles; por un lado, el de sometimiento a la autoridad para asegurar una transición efectiva a la democracia y por otro, el del empuje del imaginario social y colectivo que luchaba por restituir la importancia de la memoria, para que, nunca más, ocurriera lo que aconteció en el país.
Entonces, para entender y elaborar las consecuencias de la historia política, tanto para la restitución de las colectividades como para la movilización de las acciones sociales, debe pensarse en una participación política que esté fuera del margen del utilitarismo y del rédito que entrega el capital. La apertura debe ser hacia la agencia sobre el propio devenir de las personas en aras de la reflexión sobre el campo social y sus necesarios espacios de encuentro. A propósito de lo vivido en dictadura, ya Puget (1991) señaló alguna vez lo que supone la violencia social, cuando esta se circunscribe en el terror. Las consecuencias de la enajenación del modelo actual, se traduce en la reducción del espacio vincular a la mínima expresión posible. Desde allí, es que cabe hacerse la pregunta por la sociedad chilena y los ejes de pertenencia social a los que cada individuo está apelando para construir las colectividades de una sociedad tan diversa como la nuestra.
En último término, hay que decir que, en sus distintas temporalidades y niveles, el Estado y su dimensión política, ha impreso en cada individuo, una mirada particular de lo que ocurre con las diferencias e inequidades sociales. La posibilidad de reafirmar la existencia de un tejido social amplio y diverso, implica reconocer también los alcances de la barbarie totalitaria de la que habla Viñar (2011), para entender los efectos que deja un lazo social desgarrado, en su historia, por la tiranía. De pronto desterritorializar los andamiajes sobre los que se han articulado las producciones de subjetividad actuales (Guattari, 1998), puede permitir la concretización de otras formas de acción, en las que se incluya la dimensión del colectivo y no solo la propia individualización. De esta manera, es posible levantar un nuevo campo para hacerle frente al agotamiento irreversible de las matrices político e ideológicas que se inscribieron en los fundamentos de nuestra sociedad.
Referencias:
Arendt, H. (1999). Desobediencia civil. En Crisis de la República (pp. 43-79). Taurus. [Trabajo original publicado en 1972].
Araujo, K. (2019). Hilos tensados. Para leer el octubre chileno. Editorial Usach, Colección Idea.
Araujo, K. y Martuccelli, D. (2012). Desafíos comunes. Retrato de la sociedad chilena y sus individuos. Tomos I y II. Santiago de Chile: Lom ediciones.
Araujo, K. y Martuccelli, D. (2013). Individu et Néolibéralisme: Réflexions à partir de l’expériencie chilienne. Problèmes d’ Amérique latine, 88, pp. 125-143.
Cámara de Diputadas y Diputados. (1 de junio de 2024). Apoyos y críticas expresaron diputadas/os al mensaje del presidente Boric. Apoyos y críticas recibió mensaje del Presidente Boric (camara.cl)
Carbajosa, D. (1984). El análisis institucional como teoría crítica de las formas sociales. Revista Mexicana de Sociología, 46(1), pp. 263-271.
Foladori. H. (2008). La intervención institucional. Hacia una clínica de las instituciones. Editorial ARCIS.
Guattari, F. (1998). El devenir de la subjetividad. Conferencias, Entrevistas, Diálogos (Chile, 1991). Dolmen Ediciones.
Lapassade, G. (1980). Socioanálisis y potencial humano. Barcelona, Editorial Gedisa.
Lourau, R. (1980). El estado y el inconsciente. Ensayo de sociología política. Editorial Kairos.
Mella, M. (13 de marzo de 2024). Dos años de gobierno: logros, deudas y curva de aprendizaje. Centro de Investigación Periodística, CIPER Chile. Dos años de gobierno: logros, deudas y curva de aprendizaje – CIPER Chile
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD]. (2017). Chile en 20 años. Un recorrido a través de los informes sobre Desarrollo Humano. Organización de las Naciones Unidas. Chile en 20 años: Un recorrido a través de los Informes de Desarrollo Humano | Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (undp.org)
Puget, J. (1991). Violencia de estado y Psicoanálisis. Editorial Lumen.
Quijano, C. (1984). Entre la rebelión y la fe. En Quijano, J. M. y Quijano, M. (Eds.), Escritos políticos I (pp. 4-10). Cuadernos de Marcha.
Viñar, M. (2011). El enigma del traumatismo extremo. Notas sobre el trauma y la exclusión. Su impacto en la subjetividad. Revista Uruguaya de Psicoanálisis, (113), pp. 55-66.
