Por Dr. Nicolás Gissi B.
Departamento de Antropología. Universidad de Chile
Correo electrónico: ngissi@uchile.cl
I
En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Migración y Extranjería, modificando más de 56 artículos. Las reformas ampliaron las causales de expulsión contra personas involucradas en delitos, con el argumento de resguardar la seguridad pública e impedir que personas extranjeras con antecedentes penales residan en el país. El proyecto también estableció sanciones para personas, empresas y medios de transporte que faciliten la entrada irregular desde la zona fronteriza, con especial foco en la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Asimismo, señala que el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) podrá revocar permisos migratorios a quienes tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local -como ruidos molestos, riñas y comercio ambulante-, con el fin de promover la convivencia armónica en los barrios y espacios públicos (SERMIG, 2024). Por otra parte, hace dos meses, en septiembre de 2025 el Senado aprobó la iniciativa de reforma a la Constitución que aumenta de 5 a 10 los años de residencia ininterrumpida de avecindamiento en el país para poder sufragar, considerándose avecindados a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva. Se planteó también la necesidad de acotar su participación a elecciones regionales y municipales. La entrada en vigencia de estas modificaciones regirá desde 2026, no aplicándose en las elecciones presidenciales de este año 2025 (Senado, 2025).
El tema de la seguridad (nacional y pública), las restricciones a derechos y las expulsiones han protagonizado así el debate en este año electoral respecto a la migración en Chile. Esto, pese a que la sociedad chilena tiene una baja densidad de población (24.44 habitantes por km²) y una de las tasas de natalidad más bajas del mundo (1.03), además del aporte económico que realizan los migrantes (contribución al Producto Interno Bruto y creación de empleo), y su impacto en diversidad cultural e innovación, por lo que, desde una visión de futuro, se debiera reconocer la importancia de la migración, aunque monitoreándola. Ya sabemos que un control migratorio eficaz es necesario en las políticas públicas, pero debe hacerse desde debates serios y no xenofóbicos, pues los efectos de la inmigración son beneficiosos (como bien lo saben los empresarios) cuando la migración es moderada, así como tienden a ser negativos cuando es muy alta, pues la tasa de absorción depende del tamaño del flujo y del porcentaje que representan en la sociedad receptora (Collier, 2013).
Ya habrá tiempo desde marzo de 2026 para repensar la política migratoria, encabezada por un nuevo gobierno nacional. En esta columna quiero reflexionar sobre la convivencia cotidiana en nuestras ciudades, compartiendo algunos conceptos desde los que imaginar la ciudadanía en los próximos años.
II
Asentados especialmente en algunas comunas y barrios, los nuevos migrantes interactúan con los llegados en los años noventa o antes, así como con los vecinos nacionales, en ciudades como Santiago, Valparaíso y Antofagasta. Son parte de una de las principales rutas migratorias en el mundo: Venezuela-Colombia hasta Chile, pasando por Ecuador y Perú, entre otros países. Estas realidades cotidianas nos hacen pensar en la convivencia urbana, aludiendo al desafío de cohabitar en un territorio, viviendo juntos entre personas nacidas en distintos Estados nación y que hoy conforman sociedades pluriculturales. Convivencia implica la relación entre quienes residen cercanamente, suponiendo interacción entre personas. Mientras la coexistencia está dada, la convivencia hay que construirla, requiriendo establecer normas comunes, acordando responsabilidades y el uso de recursos, derechos y deberes. Implica aprendizaje y flexibilidad. La residencia y vecindad nos llevan a pensar en las formas y estatutos ciudadanos, así como en la interculturalidad.
El concepto de ciudadanía es uno de los tópicos alrededor del cual se circunscribe el debate político contemporáneo. Esta noción da cuenta de las características que requiere un sujeto para pertenecer a una comunidad política, implicando los derechos y obligaciones de los que debe ser titular en tanto que miembro de un Estado-nación. Abarca tres dimensiones complementarias y entrecruzadas: 1) la ciudadanía como estatus jurídico-político; 2) como elemento constitutivo de la identidad personal; y 3) como conjunto de prácticas políticas, individuales y colectivas. La primera dimensión hace referencia al lugar que ocupan los individuos dentro de la polis o comunidad política. Para obtenerla se debe cumplir con algunos requisitos, como nacer dentro del territorio de un determinado Estado-nación (ius solis o derecho de suelo), tener padres/madres que pertenecen a la comunidad (ius sanguinis o derecho de sangre) o residir algunos años en este país (ius domicilis o derecho de domicilio). Al cumplir con uno o más de estos requisitos, los individuos son reconocidos como miembros de esta sociedad. Este estatus los distingue de otro tipo de personas que transitan o se encuentran temporalmente asentados en este territorio, extranjeros o refugiados recientes, quienes suelen vivir una situación precaria.
La segunda dimensión, como elemento constitutivo de la identidad personal, se refiere a que la ciudadanía tiende a aglutinar a sus miembros, condicionando los modos de auto-percepción como diferentes de otros cuerpos socio-políticos, con una específica historia, tradiciones culturales y memoria colectiva nacional, conectando la esfera de lo privado con lo público (Bonilla, 2010). La tercera dimensión, como conjunto de prácticas políticas individuales y colectivas, alude a las dinámicas que se generan como consecuencia del estatus jurídico-político que obtienen los ciudadanos, o por las barreras que vivencian quienes residen en un país para lograr tal estatuto ciudadano. Prácticas formales como el voto, el servicio militar y desempeñar cargos de alto nivel dentro de la burocracia o prácticas informales como manifestaciones públicas para vindicar la materialización de derechos, participando o no en asociaciones étnicas o partidos políticos.
Así, se suele distinguir entre ciudadanía político-jurídica o formal (y sus respectivos papeles de identidad) y ciudadanía social o cotidiana, de facto o por presencia (Cortina, 2023), siendo la vivienda el puente entre ambas, el recurso mediador entre las instituciones del Estado y la posición social, trabajo y consumo mercantil en un vecindario (Appadurai, 2015). De hecho, el ámbito local es el más apropiado para la puesta en marcha de lo que se denomina como “ciudadanía urbana” en sociedades democráticas, es decir, aquellas prácticas que emplean el espacio urbano como escenario de la actividad política. Se recupera así la idea de Lefebvre (1978) del habitante, como el sujeto que tiene derecho a usar la ciudad en su vida cotidiana, participando en la toma de decisiones que lo involucran, recordándonos la contradicción existente entre el espacio del consumo (y el trabajo) y el consumo del espacio (y recreación), entre los centros de poder, control y represión, y los lugares de descanso, deporte y liberación. Esta experiencia pública de la circulación entre el mercado y el domicilio, suele implicar también formas de acción colectiva, momentos de reuniones más o menos cohesionadas y la constitución de agrupaciones “entre nosotros” luchando contra la exclusión, el menosprecio (Honneth, 2010) y la mixofobia o rechazo al intercambio social con los extraños (Bauman, 2011), gestando una ciudadanía local (Isin, 2000).
III
En contextos de políticas migratorias restrictivas, los migrantes tienden a vivir una “ciudadanía incierta” (Ryburn, 2021), dificultándose aún más el acceso a derechos y reconocimiento (Taylor, 1993). De hecho, Arendt (2004) y Appadurai (2015) se refieren a una “ciudadanía desnuda”, especialmente para el caso de los migrantes en condición irregular, los refugiados y apátridas, que perderían todo derecho debido a la falta de ciudadanía formal. No se trata, sin embargo, de una exclusión total (política, económica, social, espacial), sino de una ciudadanía precaria, a partir de exclusiones parciales y/o temporales a uno u otro derecho. La ciudadanía precaria se configura desde condiciones de destierro sin dejar de pertenecer a la comunidad política, en un estadio intermedio, en una posición liminar, fronteriza. Se trata de una “política de los gobernados”, considerando que los subalternos hacen política buscando ganar espacios para mejorar sus condiciones presentes, articulando sus reivindicaciones y alianzas, aterrizando las luchas en la vida cotidiana por medio de una serie de transacciones, “tomando la palabra”, dando cuenta de una potencia popular pragmática, con soluciones siempre provisionales.
Entonces, ante el crecimiento de la des-ciudadanización formal que vemos en el mundo, en un contexto de aumento de los miedos y xenofobias a escala global y nacional, los colectivos migrantes se están apoyando en las infraestructuras de las ciudades para hacer sociedad, construyendo ciudadanías urbanas. Como sostiene Donzelot (2012), ante el riesgo de que las minorías étnicas queden reducidas a residencias hacinadas y guetos, es necesario reaprender a vivir juntos, considerando las virtudes de las ciudades. Hay que revalorizar las formas y servicios urbanos, estableciendo entre los habitantes las mejores condiciones de adaptación, requiriéndose la creación de lugares y acontecimientos culturales. Se deben eliminar las barreras que limitan la esperanza de los vecinos a las fronteras de su barrio, aumentando la igualdad de oportunidades y estimulando los diálogos interculturales, participando en la implementación de las políticas públicas en el marco de acuerdos de colaboración locales.
El forzado tránsito inter-fronterizo y sus riesgos, violencias -especialmente en el caso de las mujeres-, sueños y promesas, implica tácticas innovadoras para enfrentar las incertidumbres, barreras y abusos. Los nacionales captamos poco a poco en Chile, que no todo es economía y política, sino también afectos, pertenencias y estéticas…y que muchos migrantes tienen necesidades económicas urgentes, por lo que no es recomendable romantizarlos/as. No son enemigos, como suele apuntarlos la retórica populista, especialmente en tiempos electorales. Son personas en movimiento (espacio) y en proceso (tiempo), y, al ser percibidos y tratados como una amenaza por los medios de comunicación masiva y tradicional, no reconocidos o a partir de un mal reconocimiento, se repliegan en sus enclaves étnicos, frágiles asociacionismos, en el rito cristiano efervescente, en alegres partidos de uno u otro deporte, en la música y la catarsis, así como en emprendimientos en distintas escalas espaciales. Al respecto, es evidente que los Estados deben regular las fronteras y mejorar la seguridad pública de todos, destacando también que la mano de obra migrante produce riqueza a los empresarios y al Estado, cuestionando la habitual actitud de rechazo al extraño. Como vemos, respecto a las políticas migratorias nacionales y locales, se requiere que todos quienes habitamos en Chile creemos planes de modo situado y en coordinación con los otros Estados de las Américas, en pro de una más sana convivencia, ciudadanía ampliada y bienestar común.
Referencias:
Appadurai, A. (2015). El futuro como hecho cultural. Buenos Aires: FCE.
Arendt, H. (2004). Los orígenes del totalitarismo. México: Taurus.
Bauman, Z. (2011). Daños colaterales. Buenos Aires: FCE.
Bonilla, D. (2010). Presentación. Estado, nación y ciudadanía. Y. Soysal, R. Bauböck y L. Bosniak, Ciudadanía sin nación. Bogotá: U. de los Andes y P. U. Javeriana.
Cortina, A. (2023). Ciudadanos del mundo. Madrid: Alianza.
Donzelot, J. (2012). ¿Hacia una ciudadanía urbana? La ciudad y la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Nueva Visión.
Honneth, A. (2010). Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social. Buenos Aires: Katz.
Isin, E. (2000). “Introduction: Democracy, citizenship and the city”, en Democracy, citizenship and the global city, London: Routledge.
Lefebvre, H. (1978). El derecho a la ciudad. Barcelona: Península.
Ryburn, M. (2021). “Habitando y transitando lugares de ciudadanía incierta: personas migrantes bolivianas en Chile”, en Migraciones, etnicidades y espacios, C. Ramírez, C. Chan y C. Stefoni, Santiago de Chile: Ril.
Senado de la República de Chile. (10-09-2025). Unánime apoyo a reforma que aumenta requisitos para el voto de extranjeros. https://www.senado.cl/comunicaciones/noticias/unanime-apoyo-reforma-que-aumenta-requisitos-para-el-voto-de-extranjeros
SERMIG. (26-11-2024). “Cámara aprueba mejoras a la Ley de Migración y Extranjería. https://serviciomigraciones.cl/camara-aprueba-mejoras-a-la-ley-de-migracion-y-extranjeria/#:~:text=En%20cuanto%20a%20los%20requisitos,ruidos%20molestos%20o%20comercio%20ambulante%E2%80%9D
Taylor, C. (1993). El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”. México: FCE.
