Por Mauricio Fossa
Experto en seguridad privada.
Hoy en día la seguridad pública y la inseguridad ciudadana se asocian con el aumento de la criminalidad y con el sentimiento de vulnerabilidad ante ella, pero también con el acceso a la justicia y la ineficacia del sistema de administración de justicia penal, entre otros. La seguridad pública es una condición fundamental para el desarrollo humano. Superando una visión reduccionista a la respuesta policial y legal por parte del Estado y sus órganos, es una construcción social y cultural que depende tanto de la política criminal como de las distintas instituciones responsables del control del crimen y de los diferentes actores sociales involucrados en las diversas modalidades del ciclo de la prevención.
Caminando hacia un enfoque más integral, que progresivamente aborda la inseguridad y el riesgo como fruto de un conjunto de factores que vulneran y afectan los derechos de las personas y el desarrollo humano. La seguridad publica denominada de esa forma se refiere a los equipos municipales creados a base a los años 1990 con fines de contribuir en temas relativos a la seguridad ciudadana y del orden público y enfrentar el alza de la delincuencia.
La inseguridad genera desigualdad social, manifestada en la desigualdad territorial mediante la segregación residencial. Pero el sentimiento de inseguridad además rompe con los límites territoriales: ahora no se le teme solo a las zonas, se le teme también a las “figuras del temor” A partir de esto entendemos que la importancia conceptual del “sentimiento de inseguridad” no solo permite diferenciar delito de inseguridad, sino que además nos permite ver que la inseguridad es un factor determinante de las desigualdades sociales, no solo en términos de desigualdad territorial y de exclusión de las clases bajas, ya que el populismo punitivo en última instancia justifica el encarcelamiento como mecanismo de control del delito y a su vez sostiene y amplía la noción de criminalización de la pobreza para justificar la actuación del Estado, como un respuesta a los supuestos riesgos de la inseguridad. Aunque Chile este situado como uno de los países más seguros de latino América, los chilenos son mal vistos mundialmente por su delincuencia en el extranjero. Las criticas sociales de algún modo forman parte de ciertos patrones, formas, modos de vivir en las ciudades y el uso de los espacios públicos, el caminar día a día por las calles o el viajar desde un lugar a otro nos ha hecho temer por el descontento social de la población. La falta de educación hacia la comunidad la insatisfacción social y frustración cultural de los sectores medios, se debe agregar que la mayoría de la población, sobre todo de jóvenes y mujeres, para satisfacer sus necesidades básicas deben de incluir entre sus estrategias de sobrevivencia de manera transitoria o permanente, a actividades ilícitas, comercio informal, prostitución o delictuales, microtráfico, los distintos tipos de hurto, entre tantos otros. Algo es claro, hay que comer de alguna u otra forma.” Pero ¿a qué costo?
La realidad política de los gobiernos está restringido por una mentalidad estatal de las localidades, cada municipalidad es la encargada de focalizar la seguridad ciudadana de cada localidad, pero ellos junto a su política de destacar cada quien, van dejando de lado que una ciudad se cuida de norte a sur, dándole prioridad solo al conjunto de votantes de una clase más alta.
En nuestra sociedad todos los seres humanos respondemos a dos imperativos categóricos, primero, a satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos, así como los de nuestras familias y dependientes, de tal manera que no pasemos a llevar los derechos de terceros y partamos siempre desde el respeto hacia el otro. Para aquello estamos dotados de habilidades y recursos, aquellas son propias de cada sujeto, éstos nos pertenecen en derecho. Si bien la conducta delictual tiene orígenes perfectamente identificables en la estructura social, el sistema económico, el régimen político y el conjunto valórico que transfiere la cultura. Así mismo, las causas que la dinamizan son identificables y controlables: tales como el desempleo, la marginalidad, la desatención de los servicios públicos, la carencia afectiva, la victimización, entre otros factores. Sin embargo, estas características conductivas transgreden y atentan en contra de los derechos de las personas que son victimizadas convirtiendo una sensación de inseguridad.
El miedo, la desesperación, es el sentir de la ciudadanía, así como invertir en métodos y mecanismos que procuren su protección, pero incluso encerrarse, no hace que las personas se sientan igualmente inseguras. La inseguridad ciudadana es una característica de Chile y uno de los principales desafíos de gestión para su gobierno democrático, tanto por la responsabilidad que le compete como por el hecho que los logros de la gestión, si son escasos o insuficientes, pueden afectar la percepción de la calidad y la eficacia de la democracia. Esto coincide con los avances en materia de seguridad y democracia. Desde esta perspectiva, el desafío consiste en construir certezas objetivas y subjetivas, y garantizar a todos que sus derechos serán respetados y que no serán vulnerados por la acción y efectos de la delincuencia y la violencia e, incluso, por los propios órganos del Estado responsables de la seguridad y la justicia en nuestra sociedad.
La experiencia de Chile nos enseña en materia de políticas de seguridad es que se debe poner más atención en la forma cómo se gestiona la seguridad y menos en debates teóricos sobre modelos de seguridad. Las respuestas al desafío que plantea la inseguridad ciudadana tienen distintos grados de dificultad y diversas aproximaciones o formas de materialización. La experiencia indica que una cosa son los modelos y otra es su aplicación o implementación. La realidad en los territorios y gobiernos locales supera el reduccionismo y la simplificación de las estrategias.
La importancia y responsabilidad que tiene cada gobierno en establecer y mantener un sistema equitativo, responsable y eficiente de seguridad y justicia penal, obligan a desideologizar el debate de las políticas públicas de seguridad. La seguridad compete al conjunto de la sociedad, por tanto, debe ser asumida como una política de Estado. Este es un aprendizaje fundamental y mejoraría la seguridad pública y evitaría la inseguridad ciudadana en muchos casos.