Por Caterine Galaz
Académica Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Hace un par de días, un amigo trans venezolano fue agredido porque una persona lo reconoció como venezolano y lo golpeó sin otro motivo. Y en redes sociales ya se han reportado varios incidentes contra migrantes y personas LGTBI+ en Chile. Esto a muy pocos días de que el país eligiera para la presidencia a la opción conservadora que planteó claramente una posición de rechazo por la llegada de personas migrantes a Chile.
No es algo poco común: en los primeros días de Trump en 2016, se registraron más de 900 incidentes de odio y acoso, más de 200 dirigidos contra migrantes. ¿Por qué sucede esto? Porque el cambio político modifica también el clima social y, por tanto, las normas implícitas que colocan ciertas fronteras de lo tolerable y lo intolerable, también cambian. Los discursos previos conservadores y de rechazo a personas migrantes, generan condiciones de posibilidad para que puedan desarrollarse diversos tipos de violencia.
De esta manera, cuando un discurso extremo se legitima a través de las elecciones, ciertas retóricas de odio dejan de ser marginales y pasan a la cotidianidad en autoridades, medios de comunicación y diversos grupos sociales, generando una “autorización simbólica” para la expresión sin tapujos, en la cotidianidad, de prejuicios y estereotipos sin temor a ser sancionadas socialmente. Esto puede llevar a la expresión de insultos, amenazas y agresiones que antes se contenían y no se expresaban en el espacio público.
Es posible que estemos en el inicio de un nuevo capítulo en el debate público sobre seguridad, identidad y convivencia. Venimos ya asistiendo hace algunos años a una construcción del “otro/a” como una amenaza: una especie de enemigo del orden y la seguridad… y posiblemente veremos también que prontamente será enarbolada la bandera del miedo a la pérdida cultural (sin tener en cuenta la tremenda diversidad de nuestro país).
Así, se exacerba un uso instrumental de la migración como símbolo de desorden social y cultural. En el contexto chileno, el foco explícito en los últimos años ha estado en las personas migrantes en situación irregular. Recientemente se les puso un tiempo límite para que abandonaran el país, no importando, si esas personas pueden demostrar un efectivo arraigo laboral y familiar. Esta retórica no es inocua. Basta decir que un estudio de Criteria mostró que el rechazo a la población venezolana se invirtió y de ser el grupo con menos desaprobación hace algunos años, pasó al 85% en el último.
Si constantemente se presenta a un conjunto social como un “problema”, se alimenta el miedo y el rechazo social, y con ello, se termina legitimando, como dice Judith Butler, que unas vidas importen menos que otras, lo que se traduce en prácticas sociales excluyentes y violentas.
No se trata sólo de simples discursos donde las personas migrantes son chivos expiatorios de los males sociales del entorno, sino también acciones deshumanizantes. Ejemplos de ello tenemos en el mundo: en Hungría se utilizó el discurso de la migración como “invasión” generando cierre de fronteras y criminalización del asilo; en Alemania el discurso del migrante como amenaza cultural; en Italia la securitización del Mediterráneo llevó al bloqueo de diversas organizaciones civiles de rescate; en Estados Unidos la criminalización de la población ha llevado a una política de expulsión masiva. En Chile, es importante tener en cuenta que la encuesta Ipsos 2025 mostró que el 78% de migrantes encuestados/as ha sufrido algún tipo de discriminación.
Más allá de las intenciones y/o moderaciones posteriores a eventos eleccionarios, las consecuencias sociales de discursos de odio pueden ser efectivas en nuestro día a día: miedo entre comunidades migrantes, desconfianza entre vecinos/as en los barrios, clima de tensión social, y/o rechazo contra quienes son catalogados/as como “diferentes”. La historia de la humanidad nos ha enseñado que una retórica que despoja de humanidad a determinados colectivos no queda en simples palabras.
Por eso resulta urgente cuestionar no sólo las posibles políticas prometidas en campaña, sino el tono y el sentido del debate público futuro. Las democracias sólidas y plurales no se han fundamentado en exclusiones, sino en la consideración de la dignidad de todos/as quienes habitan, trabajan, se educan y viven en los territorios. De ahí que la regularización de quienes tienen arraigo laboral y familiar no es sólo un acto administrativo, sino una estrategia preventiva contra el avance de la xenofobia en Chile ya que permite sacar de la opacidad a un conjunto social dejando al margen la narrativa de invasión, permite hacer visible a esas personas y, reduce en ello, el uso político de la idea del “enemigo interno”.
