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La negativa hegemónica a cambiar las condiciones que condujeron al estallido social: ¿nos acercamos a la hora de las masas?

Fotografía: GETTY IMAGES

Por Dr. Hedilberto Aguilar de la Cruz
Universidad Arturo Prat

 En la modernidad se busca distinguir al poder político del económico, sin embargo, no llega a hacerse patente en la mayoría de las democracias actuales y latinoamericanas, pues el poder económico creció a expensas del poder político y viceversa. Por ello se hace necesario recordar la concentración del poder en unas pocas manos: poder económico, comunicativo, político y militar, como elementos que propician y justifican la desigualdad (Zabala, 2015). La propuesta y respuesta del gobierno de Boric para una sociedad con más igualdad y justicia, está cada vez cercado, y el golpeteo político impide ver lo que se acerca detrás, las condiciones que generaron el estallido social continúan allí.

El país de unas pocas familias

El Chile neoliberal es un país atado de manos, su gobierno y su población es presa del miedo a la falta de inversión. Es común escuchar entre la población que estaría bien cobrar más impuestos a las grandes empresas, sin embargo, se tiene que cuidarlas porque ellos como tienen plata, se irán a otros países y pueden dejar a Chile en bancarrota. Algo de razón hay en ello. En Chile las 50 empresas más grandes representan el 70% del PIB y los grupos empresariales propiedades de unas pocas familias obtienen el 73% de los ingresos, seguidos del 20% de las transnacionales: “Chile ocupa el primer puesto en indicadores de concentración de mercado y por la presencia de enormes conglomerados empresariales” (PNUD, 2021: 153).

Los grandes medios por los que se informan las mayorías, por su parte, están copados por este mismo poder empresarial, de allí que el principal problema de la libertad de expresión en Chile sea la autocensura. El medio público más importante, TVN, no es una opción pues se encuentra sometido por su modelo de gestión empresarial, por lo que está lejos de representar el interés público como sucede con la BBC en Gran Bretaña o la DW en Alemania. En Chile la libertad de expresión se encuentra muy restringida con respecto a otros países democráticos, pues 54% de los periodistas son conminados a censurarse. Esta autocensura en los medios procede de dos fuentes: externas e internas. Las externas pueden ser marcadas por actores políticos, hombres de negocios y líderes religiosos, así como por factores de financiación como el mercado y la publicidad. Un 70% de los periodistas se sienten restringidos debido a actores políticos y un 93% por factores económicos. Las restricciones internas provienen de superiores y dueños del medio, en la que un 93% perciben restricción media y alta de este tipo, incumpliendo el derecho a la información veraz, fidedigna y confiable (Sapiezynska, 2013).

El poder político ha sido detentado por unas cuantas familias, sin importar si son de izquierda o derecha, favoreciendo y haciendo lobby para el funcionamiento de los grandes negocios, incluidos los ilegales. Los políticos y empresarios están emparentados, se tiene una plutocracia de facto (Matamala, 2015). Los intentos del nuevo gobierno post-estallido, una izquierda generacional por fuera de la clase gobernante previa, los cabros chicos, han sido insistentemente boicoteados por este poder, magnificando sus errores, invisibilizando sus logros, llevándolos a caer en diversas trampas, hasta someterlos después del rechazo de la Nueva Constitución. Si bien la aprobación presidencial suele ser baja en Chile con cada presidente/a, evidenciando el descontento y desconfianza con su casta política, no deja de llamar la atención que bastaron cinco semanas desde el ingreso del presidente Boric para superar una desconfianza por encima del 50% sin haber mediado ningún desastre (Cadem, 2023). La plutocracia ha logrado desviar la mirada de la desigualdad, lo que aún entidades como el Banco Mundial y la OECD declaran que es grave en Chile, para posicionar el tema de la seguridad como agenda central de gobierno. De acuerdo con J. Arrate, el gobierno de Boric debe establecer qué puede negociar y qué no, ya que cada vez se parecen más a la Concertación cediendo espacios a las políticas de derecha (Almeida y Fossa, 2023).

El poder militar y por extensión, el policial, representado por sus cúpulas, quienes negociaron la democracia y establecieron las condiciones del funcionamiento estatal, se asumen como salvadores de la patria en dictadura y democracia. A pesar de los hechos de corrupción sacados a la luz en años recientes, las fuerzas de seguridad mantienen una alta confianza entre la población, según Cadem (2023), la PDI y Carabineros tienen 85 y 78% de aprobación, mientras que la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército la tienen en un 77, 74 y 68%, respectivamente. “(…) tanto los militares como Carabineros continúan viviendo en una cultura organizacional de autonomía” (Fuentes, 2021), lo que ha llevado al desconocimiento de sus acciones o pasar por alto a la autoridad civil: “generales que se niegan a renunciar; uso de recursos institucionales para cometer ilegalidades bajo la premisa que no serán castigadas; defensas corporativas; intervenciones públicas para pronunciarse sobre la contingencia” (Fuentes, 2021). En todo caso, son parte de la cadena final del eslabón del poder, listos para actuar cuando fallan las otras instancias de ordenamiento social, en estados de excepción en la macrozona Sur y ahora a “cuidar la frontera” en la macrozona Norte, siendo conocidos por la violación de protocolos durante el estallido social (Vaccaro, 2021) por nombrar un hecho reciente.

Un par de respuestas del gobierno de Boric: reforma tributaria y acceso a la información

Los poderes fácticos representados en sus distintos agentes niegan, no sólo una refundación del modelo de Estado, sino reformas que pueden ayudar a disminuir las desigualdades. Por ello el rechazo a la reforma tributaria, a la Comisión Asesora contra la Desinformación, a la Nueva Constitución y contribuyendo al aumento de poder policial y militar (ley Naín-Retamal).

La reforma tributaria, sin duda se presenta en un entorno en el que los Estados -aún los más fuertes-, temen la desinversión y la fuga de capitales a países con menor regulación y menos pago de impuestos, por lo que expresidentes como José Mujica de Uruguay y Rafael Correa de Ecuador hicieron negociaciones pactadas que permitieron una mayor recaudación y aumento del gasto público en diversos rubros, aunque con una bancada más favorable. Los grandes empresarios se mostraron favorables a una mayor contribución durante el estallido social (López y Sturla, 2020), pero a casi cuatro años y con la agenda pública y Congreso a favor de ellos, no están dispuestos a ceder un ápice más de impuestos y apuestan a una mayor liberalización del mercado. No sólo los “comunistas” piden mayores contribuciones de las grandes fortunas, sino instituciones liberales como el Banco Mundial o multimillonarios como Warren Buffett, como vías para evitar la conflictividad y disminuir las desigualdades. Lo cierto es que, si se van unos inversionistas, otros vendrán, ya que Chile continúa teniendo atractivo económico, más allá de la narrativa revanchista y poco patriótica de quienes no quieren aportar más al país que les ha dado tanto. Una victoria en este sentido, por mínima que pueda parecer, podría contribuir un poco a disminuir las desigualdades en el trato a los más vulnerables como lo muestran experiencias en otros lugares.

En lo tocante a los medios, hasta la fecha no hay una ley que regule y afirme el derecho, acceso y responsabilidad de la información, como vía para disminuir las desigualdades con más pluralidad, medios públicos autónomos y menor sesgo por la gran concentración actual de los grandes medios en un puñado de propietarios privados y el combate a las paparruchas (fake news) en las redes sociales. La creación de la Comisión Asesora contra la Desinformación, acusada de inmediato por la oposición de censura y limitación a la libertad de expresión, puede representar un avance para observar “el impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, la alfabetización digital, la desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas… y políticas públicas y desinformación” (Llanos, 2023). Esto no deriva de inmediato en una veta antidemocrática cubana o venezolana como gustan decir. Por ejemplo, la Comunidad Europea ha aprobado una Ley de Libertad de los Medios, cuya finalidad es, según Vera Jourová, “proteger la independencia y el pluralismo de los medios… informar a los ciudadanos y hacer rendir cuentas a los poderosos sin temores ni favores” (CE, 2022) tanto del sector público como privado.

 Recreando las condiciones que generaron el estallido social

Las sociedades más desiguales son las que tienen más crimen, si se ataca el crimen sin atacar las causas de la desigualdad no disminuirá la criminalidad, sino aumentará. Si bien la sociedad chilena apoya la igualdad como meta social, en tensión con su respeto a las jerarquías sociales, de clase, raciales, étnico-nacionales, entre los sectores medios y bajos hay un sentido de vejación proveniente de las instituciones del Estado, de las grandes empresas y los medios de comunicación (Araujo y Martuccelli, 2012). La burocracia estatal es vista como ineficiente y con entresijos difíciles de entender, en la que vales por tus pitutos; las grandes empresas manipulan los precios y las leyes a su favor, se niegan a pagar sus deudas y en donde vales por tu dinero; y los medios transan una agenda que manipula a una sociedad que aún no cuenta con las herramientas para encontrar información confiable y verificable en las redes sociales, poniendo en jaque al gobierno de Boric cada día.

La nota roja de los medios se vuelve de este modo en un distractor de lo importante, para enfatizar lo inmediato, explotando los prejuicios más extendidos y acentuando el miedo al indígena, al pobre, al migrante, a la feminista, a los movimientos colectivos. Así la agenda de seguridad se convierte en un fin y no en un medio para atajar los problemas experimentados en los últimos años, obviando toda una serie de fenómenos detrás de lo evidente. A modo de ejemplo, se ha implementado el derribamiento de casas-narco y narco-mausoleos, antes de haber siquiera intentado comprender cómo se encuentran insertas las dinámicas de los narcotraficantes con la segregación urbana, la estigmatización de sectores urbano-migrantes, en donde se generan lógicas de convivencia tensas porque el dinero está concentrado en pocas manos y dentro de las poblaciones ocurren pequeñas micro-concentraciones de riqueza. La agenda mediática fomenta la ostentación, la acumulación de unos pocos ganadores de este modelo económico-social y naturaliza las desigualdades, recreando las condiciones que ocasionaron el estallido social.

No habrá paz social sin atacar las causas de la desigualdad del acceso a recursos económicos, sociales, políticos y culturales. La apuesta de los poderes hegemónicos a no contribuir con más recursos, desautorizar la democracia informativa, apoyando a quienes recurrentemente han violado derechos humanos, no es sino darle la vuelta a la historia, en la que no sólo están los sectores politizados para protestar, sino sobre todo los despolitizados que buscarán su lugar por medio del caos, el crimen y la revancha. Esto es a lo que Ortega y Gasset llamó “hombre-masa”, en las que sujetos precedidos por situaciones históricas injustas como es el que las normas sólo funcionen para castigar a unos y premiar a otros, se reúnan masivamente (no colectivamente) para combatir barbarie con barbarie: “Civilización, es, antes que nada, voluntad de convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida que no se cuente con los demás. La barbarie es tendencia a la disociación. Y así todas las épocas bárbaras han sido tiempos de desparramiento humano, pululación de mínimos grupos separados y hostiles” (Ortega y Gasset, 2010: 106). Se hace necesario un llamado de atención a los actores políticos, empresariales, mediáticos y del orden público para que subsista en ellos “la voluntad de convivencia”, antes de que sea tarde, recordando que “la masa, que antes echaba a correr ante el fuego, ahora se siente atraída intensamente por él” (Canetti, 2013: 111).

Referencias

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