Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
Durante el periodo 2021–2025, Chile vivió una coyuntura histórica: la posibilidad concreta de redibujar las bases sociales, políticas y económicas del país tras el estallido social de 2019. En este marco, la reforma estructural del sistema de salud aparecía como uno de los pilares más urgentes y esperados por la ciudadanía. Sin embargo, el balance del periodo no puede ser sino crítico: no solo no se avanzó hacia una transformación profunda, sino que se consolidaron inercias regresivas y se profundizó la mercantilización del derecho a la salud.
La gestión de Sebastián Piñera, marcada por la pandemia y una represión sistemática al movimiento social, dejó un sistema sanitario precarizado, tensionado al límite, y sin capacidad de respuesta integral. Bajo su gobierno, el modelo de aseguramiento individual, segmentado y excluyente, se sostuvo sin mayor cuestionamiento, mientras se reforzaban mecanismos de subsidio al sector privado a través del sistema de garantías explícitas en salud (GES), y se agravaban las brechas territoriales. El discurso de fortalecimiento de la Atención Primaria fue meramente retórico: el financiamiento siguió siendo insuficiente, y la AP continuó subordinada a un modelo hospitalocéntrico, vertical y tecnocrático.
La llegada del Frente Amplio al gobierno, sostenida en una promesa explícita de cambio, generó altas expectativas. La creación de un Fondo Universal de Salud y la eliminación de la lógica del negocio en la atención médica fueron banderas de campaña que despertaron esperanzas en sectores amplios de la población y del mundo sanitario. Sin embargo, la gestión sanitaria de la administración Boric ha mostrado ser incapaz de romper con los marcos neoliberales que estructuran el sistema. Lejos de impulsar una transformación sustantiva, la administración terminó capturada por los límites de la gobernabilidad institucional, cediendo ante las presiones del gran empresariado de la salud y apostando a una política de mínimos avances.
Un símbolo elocuente de esta claudicación ha sido el manejo de la crisis del sistema de Isapres. En lugar de avanzar en su desmontaje progresivo, se optó por salvarlas mediante leyes especiales que aseguran su continuidad, trasladando el costo a las personas. Se perdió así una oportunidad histórica de reorientar el sistema hacia un modelo público, universal y solidario. Más aún, la política de Atención Primaria Universal (APS-U) impulsada bajo esta administración, bajo una retórica progresista, termina consolidando mecanismos regresivos de financiamiento que refuerzan las desigualdades estructurales y profundizan la precarización de los territorios más pobres.
A nivel formativo, tampoco se ha producido una transformación relevante. La educación universitaria en medicina y carreras de la salud continúa anclada en una lógica biomédica, individualizante y fragmentada, alejada de la determinación social de salud y desarticulada de los territorios. Las mallas curriculares siguen priorizando lo hospitalario, mientras se desvaloriza el rol de la Atención Primaria, lo que reproduce una cultura profesional elitista, tecnocrática y poco comprometida con el bienestar colectivo. La formación en salud no ha sido capaz de situarse como una herramienta de cambio cultural y político, y mucho menos como un proceso de formación crítica para la transformación del sistema.
Desde la salud colectiva, se entiende que la transformación del sistema no puede limitarse a reformas administrativas o ajustes técnicos. Requiere una ruptura con la lógica de mercado que ha capturado la salud como mercancía, para restaurar la salud como derecho social. Esto implica fortalecer la atención primaria no solo como nivel asistencial, sino como estrategia sociopolítica, territorializada, intersectorial y participativa. Significa reconocer el rol de las comunidades organizadas como actoras fundamentales en la gestión de la salud y superar la concepción verticalista del Estado proveedor.
La participación comunitaria, largamente invocada en los discursos oficiales, sigue siendo funcional, subordinada y sin poder real de decisión. Pese a herramientas como las cartografías de activos o los diálogos ciudadanos promovidos en la APS-U, la implementación ha carecido de mecanismos vinculantes, de autonomía local y de financiamiento adecuado. No se trata solo de consultar, sino de redistribuir poder y construir salud desde abajo, con soberanía popular.
Chile tiene una rica historia en medicina social, salud pública y construcción de modelos comunitarios. Desde las Sociedades de Socorros Mutuos del siglo XIX, pasando por el Servicio Nacional de Salud de los años 50, hasta el impulso de la APS durante el gobierno de Salvador Allende, ha existido una vocación histórica de construir un sistema solidario, público y justo. Esa historia ha sido borrada y despolitizada por décadas de neoliberalismo, pero sigue siendo una referencia para el presente.
Lo ocurrido entre 2021 y 2025 debe leerse como una oportunidad histórica perdida, pero también como un llamado de atención urgente. Si no logramos articular desde los movimientos sociales, desde los territorios, desde las universidades críticas y los espacios de salud comprometidos, una alternativa real al modelo vigente, seguiremos administrando el deterioro, normalizando las desigualdades y gestionando la precariedad.
Transformar el sistema de salud no es solo una tarea técnica o institucional. Es un imperativo ético, político y civilizatorio. Es, en definitiva, disputar el sentido de lo común, la dignidad y la vida.
