Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
A medida que este año llega a su fin, Chile enfrenta la necesidad de reflexionar sobre los eventos y desafíos del año en su sistema de salud, proyectando estrategias y propuestas para construir un 2025 más equitativo.
En el 2024, el sistema de salud chileno mantuvo su segmentación histórica, perpetuando desigualdades en el acceso y la calidad de la atención. Mientras los sectores de mayores ingresos continúan dependiendo de seguros privados (Isapres) que priorizan la rentabilidad sobre las necesidades de salud de las personas afiliadas, la mayoría de la población se atiende en un sistema público subfinanciado crónicamente y sobrecargado. Esta dualidad refleja una estructura profundamente inequitativa, resultado de políticas neoliberales implementadas desde la Dictadura y mantenidas por todos los gobiernos posteriores.
Durante este año, la crisis financiera del sistema público se agravó, con una deuda hospitalaria que sigue aumentando. Además, la precariedad laboral del personal de salud, la insuficiencia de insumos médicos y una infraestructura desbordada continuaron afectando especialmente a las comunidades más vulneradas. Otro aspecto crítico es la administración de la atención primaria de parte de los municipios. La falta de fiscalización efectiva sobre el uso de los recursos destinados a la salud ha permitido que numerosas comunas sean investigadas y sancionadas por mal uso de recursos públicos. Esto quedó evidenciado en el caso de uno de siete primeros municipios piloto de la APS Universal, donde el alcalde fue formalizado por fraude al fisco, reflejando la urgencia de revisar este modelo de administración.
En cuanto a la propuesta de universalizar la Atención Primaria en Salud (APS), aunque en apariencia bien intencionada, esta carece de elementos que garanticen un impacto real en la situación de salud de la población y en la práctica se ha transformado en un subsidio de recursos del Estado hacia el sistema privado. No considera la concepción integral de APS establecida en Alma Ata, que enfatiza que la salud es indisociable del desarrollo social y económico y que debe enfrentar la determinación social de la salud. Además, esta propuesta no se vislumbra como una estrategia para transformar el sistema de salud hacia el logro de la equidad ni para promover el cuidado integral como parte de políticas articuladas al conjunto de la vida para construir el Buen Vivir. Se requiere modificar profundamente el modelo de atención, financiamiento, gestión y gobierno del sistema sanitario, centrado actualmente en la enfermedad, y redirigirlo hacia el territorio donde transcurre la vida y se construye socialmente la salud. Esto incluye una coordinación intersectorial efectiva y el cambio de las metas biomédicas que han fragmentado la atención y obstaculizado el desarrollo del modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario.
Desde la perspectiva de la salud colectiva, la determinación social es un factor clave que moldea las condiciones de salud de la población. Chile enfrenta brechas significativas en estos ámbitos. La pobreza, la precariedad laboral y la desigualdad territorial siguen generando barreras adicionales que impiden el acceso equitativo a servicios de salud. La crisis climática también tuvo un impacto significativo durante este año, exacerbando condiciones de vulnerabilidad, como la contaminación del aire y la escasez de agua, que afectan desproporcionadamente a las comunidades más empobrecidas. Estos desafíos resaltan la urgencia de adoptar políticas intersectoriales integrales que aborden estas desigualdades de manera efectiva.
Para avanzar hacia un sistema de salud equitativo, es fundamental adoptar algunas estrategias que promuevan una transformación estructural:
Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud (APS): Implica asegurar recursos financieros suficientes y sostenibles que permitan dotar a los establecimientos de personal capacitado, condiciones laborales dignas e infraestructura adecuada. Además, es esencial implementar tecnologías que faciliten tanto la atención como la gestión de datos, promoviendo un enfoque integral y preventivo. Este fortalecimiento debe adoptar un enfoque territorial y participativo, en el que las comunidades sean consideradas actores clave para identificar y priorizar sus propias necesidades, reconociendo las particularidades locales y culturales.
Transformación del financiamiento: Se requiere una innovación radical hacia un modelo solidario que elimine la segmentación entre el sistema público y privado. Esto significa construir un Sistema Único de Salud que redistribuya recursos de manera equitativa, priorizando las necesidades de las personas más vulneradas. Este cambio estructural debe ir acompañado de políticas que regulen los costos y aseguren la transparencia en el uso de los recursos, garantizando que la universalidad sea una realidad efectiva y equitativa.
Participación comunitaria: No debe limitarse a ser consultiva; debe ser vinculante y deliberativa. Esto requiere crear y fortalecer espacios donde las comunidades puedan influir directamente en las decisiones de política pública, desde la planificación hasta la implementación y evaluación. La autonomía local es clave para este proceso, promoviendo que las comunidades diseñen y gestionen estrategias que respondan a sus propias realidades, y fomentando su capacidad de organización y autogestión.
Políticas intersectoriales: Es imprescindible desarrollar políticas que aborden la determinación social de manera integral. Esto incluye garantizar el acceso a una educación de calidad, condiciones laborales justas, viviendas dignas y un medio ambiente saludable. La integración efectiva entre sectores requiere una gobernanza coordinada y la asignación de recursos específicos para implementar estrategias que enfrenten esta determinación de manera simultánea y sinérgica.
Investigación y evaluación: Invertir en investigación orientada a la equidad y la justicia social, con un enfoque crítico que cuestione las desigualdades estructurales. Además, la evaluación de las intervenciones debe ser un componente central del sistema de salud, permitiendo ajustes dinámicos y basados en resultados sanitarios. La creación de redes académicas y comunitarias que colaboren en la generación de conocimiento puede potenciar la capacidad del sistema para responder a los desafíos de manera innovadora y efectiva.
El desafío de construir un futuro equitativo para Chile pasa por reconocer que la salud es un derecho fundamental que depende de condiciones sociales, económicas y políticas justas. La salud colectiva nos invita a imaginar y construir un sistema de salud que priorice la dignidad y el bienestar de todas las personas, con especial atención a las que históricamente han sido marginadas. Debemos avanzar en acciones concretas que desafíen las lógicas de mercado y promuevan una sociedad basada en la solidaridad, la equidad y la justicia social, por lo tanto, un Buen Vivir para todos/as.
