Por María Teresa Abusleme Lama
Socióloga y Licenciada en Estética. Magíster en Política y Gobierno. Máster en Gerontología y Atención centrada en la persona. Ha realizado variados diplomados en temas de vejez y envejecimiento. Sus mayores logros profesionales dicen relación con el diseño y la gestión de políticas públicas para personas en situación de vulnerabilidad y la realización de investigaciones empíricas relativas a derechos humanos, imagen social de la vejez y demencia. Actualmente es directora de Estudios de la Fundación Procultura e investigadora de la Universidad Central.
Hablar de cuidados deviene en un proceso muy complejo, producto precisamente de que es un concepto polisémico, repleto de significados y de significantes, es decir, de expectativas, percepciones, ideas y naturalizaciones. Las discusiones sobre lo que son los cuidados, lo que implican, lo que conllevan, se comenzó a cristalizar ya hace unos años, instalándose la idea y escribiéndose en los instrumentos internacionales como un derecho humano. Sin embargo, y pese a que se discuten y se colocan en la agenda pública, las formas de abordarlos distan de satisfacer las necesidades reales en los tiempos adecuados.
Importantes investigadoras de América Latina y El Caribe como Karina Batthyány, Laura Pautassi, Nieves Rico, Elaine Acosta, Beatriz Revuelta, Herminia Gonzálvez, entre otras, han planteado y agudizado su diagnóstico a propósito de la pandemia por COVID-19, de que los cuidados están en crisis. Las acciones que han llevado a cabo los Estados, tales como campañas de corresponsabilidad, políticas de provisión de tiempo, apoyando a cuidadores no remunerados, especialmente familiares, políticas para mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, no han sido suficientes, dado que no promueven acciones de cuidado extrafamiliar que congreguen los intereses de quienes cuidan y de quienes necesitan cuidados. De hecho, son las organizaciones sociales, organizaciones sin fines de lucro, las que han implementado programas de cuidados comunitarios, reemplazando las labores que tienen los Estados y sus obligaciones en referencia a la protección social.
En la actualidad los cuidados están familiarizados, siendo principalmente las mujeres quienes los proveen. Laura Pautassi ha relevado reiteradas veces el debate existente sobre el universalismo de las políticas públicas, sosteniendo que los derechos humanos son un punto de partida, no de llegada y esto implica que cuando se habla de derechos se está hablando de obligaciones jurídicas, no de voluntad política. Así, incluir la universalidad de acceso y disfrute del derecho a cuidar en las políticas públicas implica alcanzar el mínimo, que es asegurar lo que los países se comprometen por medio de las convenciones de derechos humanos.
Los estudios en relación al uso del tiempo, la discapacidad, la dependencia, la realidad de quienes cuidan, muestran un camino certero que privilegiar. Los diagnósticos están hechos, el punto de llegada por lo tanto definido. Se requieren sistemas de cuidado que promuevan la equidad de género, la dignidad de las personas, su autonomía y bienestar, la solidaridad intergeneracional, cambiar el foco de objeto de protección a sujetos de derechos. La complejidad, por lo tanto, no está en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo y llevarlo a cabo, considerando que los países de América Latina son tremendamente desiguales y están concebidos desde el subdesarrollo, con cargas impositivas que deben ser mejoradas en su eficiencia y eficacia, donde muchas veces se privilegia más lo económico que lo social.
Cuando nos referimos a los social, planteamos que las personas vivimos y convivimos juntos, armamos comunidad, nos hacemos parte de una cultura. Sin embargo, para que ello suceda, debemos sentirnos capaces de ser y estar bien, es decir, de desarrollar las potencialidades psicológicas, cognitivas, afectivas y relacionales. Esto implica considerar a las personas como seres biopsicosociales, que requieren fortalecer sus cualidades humanas y habilidades para la vida, potenciando su funcionamiento cognitivo, autoestima positiva, habilidades sociales y productivas, resolución de problemas, capacidad para manejar cambios importantes e influir en el entorno social, haciendo aportes a la comunidad y alcanzando el bienestar.
Teniendo claro entonces que los cuidados están familiarizados, que son las mujeres quienes se hacen cargo la mayoría de las veces, que la presencia de discapacidad y/o dependencia implica mayores niveles de vulnerabilidad social, que los estigmas hacia las enfermedades complican su atención, lo mismo que la carencia de profesionales capacitados, entre otros varios factores, la pregunta que surge es por qué no nos hacemos cargo, sobre todo considerando que las políticas públicas son una decisión, que congregan distintos intereses y juegos de poder, siendo la negociación entre las partes un aspecto clave.
Chile desde el año 2014 tiene un sistema nacional de apoyos y cuidados, cuyos objetivos son promover el bienestar individual y de los hogares con al menos un integrante en situación de dependencia moderada o severa; asegurar la coordinación y articulación de acciones y prestaciones públicas y privadas; promover la autonomía y prevenir la progresividad de la dependencia; mitigar la carga de trabajo de las personas cuidadoras y su red de apoyo; establecer y supervisar el cumplimiento de estándares de calidad para servicios de apoyo y cuidado, públicos y privados. Sin embargo, no se ha establecido como un sistema, sino como un programa, instalándose en 62 comunas de las 346 existentes a nivel nacional. Es importante relevar también que lo que hace este programa es coordinar la oferta pública existente, necesitándose nuevas medidas a implementar, sobre todo en referencia a la seguridad laboral y social de quien cuida no remuneradamente.
El actual gobierno del presidente Gabriel Boric hace unos días planteó que haría un catastro de quienes ejercen las labores de cuidado de manera no remunerada. La Constitución que se votará el 4 de septiembre contiene el derecho a ser cuidado, a cuidar y al autocuidado como parte de sus artículos. La Dirección de Presupuesto y los organismos internacionales han evaluado y emitido informes en torno a lo que se debe mejorar en el sistema nacional de apoyos y cuidados. Entonces, las condiciones son favorables para que el/la gestor/a público defina el camino, se sabe lo que se ha hecho, lo que se ha hecho bien y mal. Es hora, por lo tanto, de tomar decisiones y hacer gestión pública estatal, no gubernamental ni partidista.
Cómo lograrlo, escuchando, saliendo de las estadísticas y conociendo la realidad de una manera más cualitativa, dando relevancia a las poblaciones que han quedado relegadas de manera histórica. ¿Por dónde comenzar?, mejorando el bienestar y visibilizando la necesidad de que todos necesitamos cuidados. Los cuidados son parte de la forma en que vivimos y convivimos. Para ello, educar para tener la conciencia de que cuidamos, nos cuidan y nos autocuidamos, pero que ese cuidado no debe estar naturalizado, sino por el contrario, es un trabajo que requiere visibilizarse, contabilizarse. Se deben disminuir las brechas en salud, siendo necesario concebirla desde lo comunitario, siendo la atención centrada en la persona, la integralidad y la continuidad de los cuidados una realidad, y no solo componentes del modelo que se instaló en Chile hace más de veinte años. Junto a ello, se debe lograr una reorganización de las políticas públicas, evitando la duplicación de esfuerzos, por medio de fichas de registro única de las familias y las personas que congreguen información del área social y de salud. Se debe evaluar el gasto público y ordenarlo, haciéndolo más eficiente y eficaz, pero sin dejar de hacer cosas, sino que hacerlas coordinadamente, transversalizando los temas de discapacidad, dependencia, vejez, cuidados a lo largo de todas las instancias públicas, no solo el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud.
La tarea es salir de las miradas tradicionales en torno al cuidado, el bienestar y el hacer comunidad, y comenzar a percibir la realidad en cuanto tal, abriéndose a un mundo que cambió y que debe instalar las acciones en torno al cuidado desde una perspectiva macro, no desde lo femenino y lo familiar. Se necesita, por tanto, un cambio de paradigma real, más humano, más biopsicosocial, basado en los derechos, el género y la territorialidad.