Por Pepa Poblete
Profesional de salud mental comunitaria. Activista feminista.
El modelo de funcionamiento de las ISAPRES al parecer está en crisis, varias han registrado pérdidas millonarias, las más altas de los últimos dos años. Manifiestan la necesidad de apoyo por parte del gobierno ante la eventual quiebra de algunas de ellas. Todo esto se agudizó cuando a finales del 2022 la Corte Suprema determinó un fallo, obligando a estas instituciones privadas a restituir los cobros abusivos a sus “beneficiarios”, que se han mantenido desde el 2019, al menos desde ese año, se ha generado la alerta en las autoridades (recién a partir del 2005 son supervisadas por la Superintendencia de Salud).
La sociedad civil se ha organizado para denunciar estos cobros abusivos, pero las ISAPRES no dan su brazo a torcer, proyectando una imagen de víctimas de este sistema, sin reconocer sus graves falencias, ni tampoco las constantes discriminaciones a grupos que históricamente han sido perjudicados por las inequidades socio sanitarias, como a personas con enfermedades preexistentes y a mujeres entre los 18 y 35 años que están en edad fértil (como si el proyecto de toda mujer fuese procrear).
Las ISAPRES se instalaron en el período donde presidió Augusto Pinochet, dictador no estadista, que impulsó reformas de privatización de distintos servicios, entre ellos la salud, apegándose fielmente a lo que se estableció en la Constitución escrita en 1980, que él mismo impulsó, en conjunto con la Junta Militar y ministros de Estado de la época, claramente permeada por la política económica neoliberal. Tras la creación, se organiza un plebiscito para ratificarla, proceso que mostró evidentes irregularidades ya que no se contaba con registros electorales. La Constitución de 1980 plantea en el artículo 19 N° 9 inciso final, que las personas tendrán el derecho a elegir el sistema de salud al que deseen acogerse, sea éste estatal o privado. Es decir, si no existiera alternativa -por ejemplo, que sólo exista un sistema privado-nadie podría reclamar la inconstitucionalidad de ello, pues la garantía que se protege es la libertad de elegir, no que existan varios sistemas (Allard et al., 2016).
Entonces ¿Será que el “perdonazo” que demandan las ISAPRES al gobierno de turno lo necesitamos toda la ciudadanía debido al daño causado por un modelo sanitario lucrativo y discriminador? Sin duda, lo que han hecho las ISAPRES es un aprovechamiento del momento en que estamos más vulnerables, que es cuando estamos en riesgo de o padecemos una enfermedad. Ante esto, ¿Será que chilenas y chilenos debemos migrar a FONASA bajo la premisa de la libre elección que dispone la Constitución que nos rige actualmente?
Es indiscutible que con esto se fortalecería el sistema de salud público e implicaría un avance para sostener la salud de calidad de toda la ciudadanía. Un movimiento realmente significativo, considerando el escenario político actual donde en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022 se rechaza una propuesta en donde la salud figuraba como un derecho, y ahora, se escribe una propuesta con personas que intentan mantener el legado de Pinochet. El panorama está lleno de incertidumbres, la única certeza es que nos tenemos para garantizar los derechos de todas, todes y todos sin distinciones.
Referencias
Allard, R., Hennig, M., & Galdámez, L. (2016). El derecho a la salud y su (des)protección en el Estado subsidiario. Estudios Constitucionales, 14(1): 95-138.