Por Camilo Bass del Campo
Médico Salubrista
Expresidente Colegio Médico Santiago
La inequidad en salud en Chile es una herida abierta que revela las profundas fisuras de nuestra sociedad. A pesar de los avances tecnológicos y económicos, las brechas en el acceso y la calidad de los servicios de salud continúan siendo un desafío insalvable para muchas personas en Chile. En este contexto, la ética y la transparencia emergen como pilares fundamentales para desmantelar las estructuras establecidas y reconstruir una sociedad más justa y equitativa.
El sistema de salud chileno enfrenta una profunda crisis, compuesto principalmente por el sistema público (Fondo Nacional de Salud, FONASA) y el sector privado (Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES). Esta configuración perpetúa una segmentación en el acceso a la salud, donde existen servicios destinados a las personas pobres y enfermas, y otros para las personas ricas y sanas. A pesar de la implementación del programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), en el contexto de una supuesta reforma de salud en el año 2005, que incluye un listado actual de 87 enfermedades con acceso a intervenciones sanitarias específicas, sus efectos positivos han sido limitados. El antes mal llamado AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas) o GES ha generado problemas como burocracia excesiva, discriminación por tipo de patología y desvío significativo de recursos públicos hacia el sector privado.
En un contexto, en el que el sector público sufre de falta de financiamiento crónico y pérdida de capacidades, mientras que el sector privado se caracteriza por prácticas discriminatorias y arbitrariedades, operando sin solidaridad ni eficiencia. Esto se traduce en un alto gasto de bolsillo, que representa al menos el 30% del gasto total en salud, afectando de manera desproporcionada a las familias más vulnerables.
Las ISAPRES ocupan el segundo lugar como agentes de aseguramiento del sistema, aunque se autodenominan instituciones de salud previsional. En la práctica funcionan como empresas de seguros privados que administran recursos públicos que deberían destinarse a la seguridad social. Estas entidades se caracterizan por aumentos unilaterales en los precios de las primas y copagos excesivos, incumpliendo los principios de seguridad social (solidaridad, equidad, eficiencia, sostenibilidad, entre otros). El sistema ISAPRE ha sido sostenido implícitamente por el sector público, que atiende a las personas desplazadas al momento de enfrentar mayores gastos en salud, ya que se ven obligadas a abandonar las ISAPRES al adquirir enfermedades o al envejecer, convirtiendo este sistema en una industria de aseguramiento privado que limita la libertad de elección, afectando a lo menos a un 30% de los/as afiliados/as que se encuentran cautivos/as.
En relación con los problemas de transparencia en la administración de los recursos públicos de salud, destaca la gestión deficiente de la atención primaria a nivel municipal. Que se vincula con que una proporción muy importante de comunas del país está actualmente bajo investigación por corrupción. La combinación de falta de transparencia, ausencia de licitaciones públicas y la impunidad frente a sanciones contribuye a una corrupción municipal descontrolada, afectando no solo la calidad y disponibilidad de los servicios de salud, sino también perpetuando un sistema de desigualdad y exclusión.
El Despertar Social y el Llamado a la Transformación
Durante más de 50 años, la sociedad chilena ha seguido el camino del Neoliberalismo, una ruta que gatilla la explosión social del 18 de octubre de 2019. El aumento en el precio del transporte público fue el detonante de una protesta masiva contra la desigualdad y la exclusión imperante. Este levantamiento marcó el inicio de un proceso de rearticulación las clases subalternas y demandas por cambios en los fundamentos constitucionales del Estado subsidiario. Lamentablemente, las oportunidades de cambio fueron opacadas por la clase política.
La inequidad en Chile representa un desafío complejo que requiere soluciones integrales y sostenibles. La deconstrucción de las estructuras establecidas y la reconstrucción de nuestro sistema desde una perspectiva ética y transparente no es tarea fácil, pero es esencial para alcanzar una sociedad más justa y equitativa.
La falta de transparencia ha facilitado la perpetuación de prácticas corruptas y una gestión ineficiente. Implementar mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas es crucial para garantizar que los recursos se utilicen de manera equitativa y eficiente. La ciudadanía debe tener acceso a información clara y comprensible sobre cómo se administran los recursos y poder tomar decisiones en el sistema de salud.
Para conseguir un nuevo modelo de salud, la ética y la transparencia deben ser algunos de los pilares sobre los cuales este se construya. La ética en la administración de la salud implica tomar decisiones que prioricen el bienestar común y la justicia social. La transparencia es esencial para garantizar la rendición de cuentas y una gestión eficiente de los recursos.
Un aspecto fundamental en la implementación de este nuevo sistema es fomentar un diálogo respetuoso entre la medicina alopática y los saberes ancestrales y populares en la atención de la salud. Fortalecer la autonomía de las comunidades para desarrollar procesos de atención acordes con sus dinámicas locales es esencial para reducir la dependencia de la medicina occidental y promover una salud más inclusiva y culturalmente respetuosa.
La salud es un derecho fundamental que debe ser protegido y promovido con un compromiso inquebrantable con la equidad, la justicia y la transparencia. Solo así podremos construir un futuro donde la salud sea verdaderamente un bien común, accesible y de calidad para todas las personas, bajo un Servicio Nacional de Salud que se base en los principios de universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, gratuidad y ausencia de lucro.
