Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
La llegada de Kast a la presidencia marca un giro abrupto y peligroso en la historia chilena. Pero este giro no ocurre en el vacío. Se produce tras un período de descomposición progresiva de las esperanzas populares, cuando las fuerzas que prometieron transformaciones profundas terminaron gobernando con los mismos criterios tecnocráticos, conservadores y neoliberales que decían venir a reemplazar. No se trata solo de una derrota electoral, sino del derrumbe simbólico de un proyecto que alguna vez habló en nombre de la justicia social.
Durante su mandato, Boric desmanteló sistemáticamente las expectativas que lo llevaron al poder. No solo mantuvo la represión en el Wallmapu y la criminalización de las protestas estudiantiles y territoriales, sino que profundizó las políticas de control social a través de una agenda securitaria que amplió las atribuciones policiales y endureció marcos legales que hoy serán usados con mayor brutalidad por la ultraderecha. Su gobierno no indultó a la mayoría de los presos de la revuelta, olvidó las reformas estructurales comprometidas en pensiones, salud y sistema tributario, y terminó girando hacia alianzas con sectores empresariales, validando discursos conservadores en política exterior y persiguiendo figuras del propio campo popular, como Daniel Jadue. Aquello que prometía ser el inicio de una transición hacia una democracia más justa, terminó reproduciendo las lógicas del orden neoliberal.
La experiencia chilena es parte de un patrón: cuando las coaliciones progresistas abrazan la lógica neoliberal (en nombre de la “gobernabilidad”, del “centro político” o de la “responsabilidad fiscal”), no solo vacían su identidad transformadora, sino que abren el camino al ascenso de la ultraderecha. Grecia, España, Portugal, Argentina y Brasil lo han vivido; Chile lo confirma. Como advierte el análisis comparado, el progresismo que renuncia a disputar el sentido común y que se alinea con los dictados del mercado no solo fracasa en sus objetivos, sino que entrega el poder a proyectos reaccionarios con rostro autoritario.
El próximo gobierno no disimula su agenda: restauración del orden, debilitamiento de los derechos sociales, criminalización de la protesta, negacionismo de las violaciones a los Derechos Humanos y destrucción del tejido democrático. Pero sería ingenuo pensar que el autoritarismo comienza con su llegada. Ya se venía instalando en los marcos legales, en las prácticas policiales, en los discursos sobre seguridad y en la renuncia al conflicto como motor de la política. En ese sentido, el progresismo chileno no solo fracasó en su intento de transformar el modelo, sino que preparó el terreno para su endurecimiento represivo.
Uno de los casos más elocuentes es el sistema de salud. El gobierno de Boric, lejos de avanzar hacia un sistema universal y solidario, terminó administrando y profundizando los marcos de la salud mercantilizada heredada de la dictadura. La promesa de terminar con las Isapres (y con las AFP) se transformó en su opuesto: salvataje a las aseguradoras privadas y protección del negocio previsional, bajo el argumento de evitar el colapso. Se fortaleció una institucionalidad neoliberal que reduce la salud a una prestación individual, fragmentada y determinada por la capacidad de pago, en lugar de promover una visión integral, pública y comunitaria del cuidado.
La amenaza es real. En el horizonte asoma la posibilidad de un Estado represivo, excluyente, controlado por las élites económicas y dispuesto a retroceder décadas en materia de libertades públicas y protección social. Pero también es real la capacidad de las comunidades, de los pueblos, de las organizaciones sociales para responder desde abajo. La democracia no está muerta mientras haya quienes la practiquen cotidianamente desde la solidaridad, la organización, la lucha territorial y el cuidado colectivo.
Frente al giro autoritario, el desafío es doble: defender cada espacio conquistado y reconstruir un proyecto de transformación que no vuelva a rendirse ante la promesa vacía del centro político. No hay neutralidad posible. La democracia está siendo puesta a prueba, y no se salvará con gestos simbólicos ni con pactos de última hora. Se salvará en las calles, en los barrios, en los territorios, en la reapropiación colectiva de la política como herramienta para vivir dignamente.
