Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
La historia de Chile está atravesada por un conflicto persistente entre modelos de salud pensados desde arriba, actualmente fragmentado, mercantilizado y profundamente inequitativo, y formas de cuidado popular con sentido de comunidad, dignidad y autonomía. Lejos de ser una cuestión exclusivamente técnica o sectorial, la salud ha sido un campo de disputa que refleja las condiciones materiales de vida, las estructuras de poder, pero también las resistencias que los pueblos han levantado para defender el derecho a vivir con bienestar.
A fines del siglo XIX, en un escenario marcado por la industrialización, el hacinamiento urbano y la explotación laboral, surgen en Chile las sociedades de socorros mutuos. Fue una expresión concreta de organización obrera frente al abandono del Estado liberal. Trabajadores y trabajadoras se agruparon para enfrentar colectivamente la enfermedad, el desempleo o la muerte. Eran organizaciones solidarias, autogestionadas, sin fines de lucro, donde el cuidado circulaba como derecho entre pares. Estas experiencias no solo resolvían problemas inmediatos, también cuestionaban el modelo dominante y abrían camino a una nueva conciencia social.
Décadas más tarde, en los años veinte, se crea el Seguro Obrero Obligatorio, marcando un hito en la historia del Estado social en Chile. Aunque su cobertura se limitaba a trabajadores y trabajadoras formales y su financiamiento era compartido entre empleadores, trabajadores y el propio Estado, significó el reconocimiento institucional de la salud como una responsabilidad pública. En 1952 se crea el Servicio Nacional de Salud (SNS), bajo una lógica de articular un sistema público nacional. El SNS integró hospitales, centros de atención primaria y políticas sanitarias coordinadas, sentando las bases de una política pública centrada en el derecho y no en la capacidad de pago.
En los años 60 y 70, al calor de los procesos de organización popular, nacen experiencias como los policlínicos populares, autogestionados por estudiantes y pobladores. Se levantaron dispositivos de salud donde el saber médico dialogaba con la realidad social del territorio. Allí no solo se atendía un problema de salud, sino que se abría espacio para la educación popular, la conciencia crítica, el trabajo comunitario. Era una apuesta política, profundamente democrática, por una salud desde el pueblo y para el pueblo.
Estas formas de atención no fueron excepcionales ni aisladas, sino que expresan una continuidad histórica de saberes y prácticas que han sobrevivido en el seno del pueblo. En muchos de estos espacios se mantienen prácticas y conocimientos ancestrales, que históricamente han cuidado la vida desde una visión integral del cuerpo, la comunidad y la naturaleza. Reconocer estas formas de saber y sanar, tantas veces invisibilizadas o despreciadas por la institucionalidad biomédica, es también una forma de disputar el modelo hegemónico, ampliando la comprensión de la salud y fortaleciendo la soberanía sobre los cuerpos y territorios.
Estas distintas experiencias, surgidas en tiempos y contextos diversos, comparten una convicción de fondo: que la salud es una posibilidad concreta de vivir con dignidad. Que la salud está determinada por las condiciones estructurales (políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales) y que, por tanto, su defensa es una tarea colectiva. Es allí donde se juega no solo el acceso a prestaciones, sino la capacidad de los pueblos para imaginar y construir un buen vivir.
Hoy, cuando el sistema de salud chileno evidencia una crisis profunda, caracterizada por la fragmentación, la burocracia y la subordinación al mercado, estas experiencias cobran mayor fuerza. En lugar de someter al pueblo a una atención precarizada, estandarizada y deshumanizante, se vuelve imprescindible transformar la institucionalidad sanitaria en un verdadero derecho garantizado, que permita a la población vivir con mayor seguridad, autonomía y capacidad de decidir sobre sus cuerpos y territorios.
En ese horizonte, la Estrategia de Atención Primaria de Salud (APS) debe ser recuperada como columna vertebral del sistema, transformándose en una apuesta política estructural: con base comunitaria, enfoque territorial, intersectorialidad real y protagonismo popular. Esto implica no solo aumentar el financiamiento, sino también rediseñar las formas de gestión, redistribuir el poder, devolverle sentido al trabajo en las comunidades y fortalecer la capacidad de los equipos locales para actuar con autonomía y pertinencia local.
La salud en Chile nunca ha sido solo una política pública; ha sido una trinchera de lucha, una herramienta de organización y una expresión de rebeldía frente a un modelo que mercantiliza la vida. Las resistencias autogestionadas, desde las mutuales obreras hasta los policlínicos populares, forman parte de nuestra memoria viva y de nuestra identidad colectiva. No son pasado, sino horizonte. Son el recordatorio de que otro modelo es posible, y de que, cuando los pueblos se organizan, incluso uno de los derechos más negado puede volver a ser conquistado.
