Por Camilo Bass del Campo
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Universidad de Concepción) y en Salud Pública. Magíster en Administración de Salud. Desempeño académico en el Programa de Salud Colectiva y Medicina Social de la Escuela de Salud Pública (Universidad de Chile), dedicado a los temas de: Docencia y Atención Primaria de Salud, Talento Humano en Salud, Seguridad Social y Políticas Públicas.
Chile se encamina hacia una nueva elección presidencial y la ciudadanía, cansada de promesas vacías y discursos grandilocuentes, espera algo más que marketing electoral, que ha llevado a la deslegitimación de la política.
En este escenario, la salud emerge nuevamente como una de las demandas sociales más sentidas, pero también como uno de los derechos más sistemáticamente postergados. En un país donde la salud se ha transformado en un bien de consumo proponer un sistema verdaderamente público, gratuito y universal implica más que una reforma, exige una ruptura con la lógica de mercado que ha imperado durante décadas. La vieja política, que ha demostrado una y otra vez su voluntad de administrar un modelo de exclusión y de acomodarse para obtener réditos propios, debiera dar un paso al costado. Es hora de abrir espacio a liderazgos verdaderamente comprometidos con la justicia y la dignidad del pueblo, capaces de asumir transformaciones profundas.
A pesar del protagonismo que la salud ha tenido en los ciclos de movilización social desde la revuelta de 2019, las propuestas programáticas de los principales bloques políticos siguen atrapadas en una lógica tecnocrática y de mínima intervención. La actual administración, en contradicción con su propio programa de gobierno, ha impulsado una universalización regresiva de la atención primaria, debilitado la red pública hospitalaria y promovido un rescate encubierto a las ISAPRE. Todos estos hechos son síntomas de un sistema que reproduce inequidades en lugar de corregirlas.
Enfrentar la determinación social de la salud exige voluntad política transformadora para reconocer que las condiciones de vida, trabajo, educación, hábitat y participación son las que determinan en gran medida la salud o la enfermedad de los pueblos. La crisis hídrica, la contaminación industrial, el extractivismo y el cambio climático no son fenómenos ajenos al campo de la salud, sino dimensiones estructurales que deben ser abordadas como prioridades urgentes, desde un enfoque ecosocial y de justicia ambiental.
Garantizar el derecho a la salud como principio rector de la política pública requiere inversión suficiente, una formación y práctica crítica de equipos transdisciplinarios, una atención primaria fuerte y enfoques de Derechos Humanos que superen la medicalización, promoviendo el cuidado integral, comunitario y emancipador. Hablar de derecho a la salud no es solo prometer prestaciones, es poner en el centro la vida digna y el buen vivir.
Transitar hacia un sistema público, universal y solidario que ponga fin al modelo dual no puede seguir siendo una promesa lejana. Esto implica terminar con el sistema de seguros privados (ISAPRE), garantizar el acceso gratuito y oportuno durante todo el curso de vida, y fortalecer una red pública con rectoría estatal efectiva, pero con autonomía real para la gestión local y territorial.
Reforzar la Atención Primaria de Salud (APS) con criterios de equidad territorial, pertinencia intercultural y participación comunitaria activa es una condición indispensable para transformar el modelo de salud en Chile. La APS no debe seguir siendo concebida como una simple puerta de entrada al sistema, sino como el eje estructurante del cuidado continuo, integral y centrado en las personas y comunidades. Para ello, no solo se requiere un incremento de recursos, sino también un rediseño institucional profundo, que articule la cogestión con actores territoriales, la coordinación intersectorial y el fortalecimiento de las capacidades locales. Apostar por una APS robusta, con base comunitaria, es apostar por un modelo de salud que cuide, escuche y transforme.
Estas transformaciones no pueden seguir siendo postergadas por tecnocracias que retocan el deterioro del sistema con un lenguaje gerencial vacío, ni por campañas políticas que reducen la salud a promesas como la disminución de listas de espera o el delivery de medicamentos. La ciudadanía requiere cambios estructurales, visibles y sostenibles, que dignifiquen la vida cotidiana y fortalezcan lo público como espacio legítimo de cuidado, equidad y justicia social.
No se trata de maquillar con eslóganes electorales una política sanitaria que ha perpetuado profundas inequidades. Se trata de disputar, en este ciclo político, el sentido profundo de lo común, lo justo y lo digno. Porque la salud no es una mercancía ni un beneficio condicionado, es un derecho humano fundamental y una expresión concreta del proyecto de sociedad que decidamos construir colectivamente.
