Por:
Pepa Poblete
Profesional de Salud Mental, Activista Feminista.
Fernanda Gutiérrez
Estudiante de la Salud, Activista Ecofeminista.
Es agosto de 2023, y hace 50 años, el ambiente en Chile estaba colmado de tensión. A finales de junio de 1973 se intentó hacer un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende y su gobierno. Ya durante todo ese año, se levantaba la idea desde los grupos de poder (principalmente privados que tenían los medios económicos e industriales que no contribuían/simpatizaban con el plan de gobierno) y las organizaciones fascistas de que la estabilidad del país dependía de las Fuerzas Armadas. Hasta ese entonces, Salvador Allende era reconocido por su fuerte compromiso social, con ideales basados en la justicia social, la participación popular y la igualdad. Esto se ve reflejado en sus primeros encuentros con la política tradicional del país, cuando asumió como encargado del Ministerio de Salud en 1938.
Poco antes a esta época, la salud -y el acceso a ella- se presentaba desde la caridad, particularmente desde las visiones y prácticas de la Iglesia Católica y de la aristocracia chilena, lo que sin duda no lograba dar cobertura a las reales necesidades socio sanitarias del país. Con Allende como ministro de Salud, se realiza el primer Catastro de Salud Pública Chilena, en donde se logra pesquisar la cantidad de centros de salud a lo largo de todo el país y la dependencia administrativa de estos dispositivos (ya que algunos dependían de instituciones públicas y otros de semi privadas). En este contexto, enfatiza la idea de la relación entre pobreza y enfermedad, planteando la necesidad de aumentar el gasto público para reducir las brechas sociales.
Cuando Salvador Allende alcanza el lugar de presidente de Chile, “instaló nociones de solidaridad, compromisos colectivos y proyectos compartidos, todo ello en el marco de un clima y sentimiento de amparo estatal” (Olmos y Silva, s.f., p. 5), demostrando una vez más ese rol integrador que acoge las demandas y necesidades de la ciudadanía. Entre los hitos y acciones más significativas en salud en este período están el aumento del gasto social, la profesionalización de la atención de salud, la disminución de la mortalidad infantil, entre otras (Olmos y Silva, s.f.).
Todos los avances en materia de salud, y todo aquello relacionado con el buen vivir, se vio afectado con la violenta implantación de la dictadura en nuestro país; la comprensión sobre salud, que el Gobierno de la Unidad Popular la instalaba como un derecho, y la entendía como un proceso determinado por otros derechos sociales (oportunidades y garantías de las y los trabajadores, aspectos en educación, acceso a la cultura, vivienda, entre otros), se vino abajo.
Augusto Pinochet y su “gobierno militar” comenzaron a implementar una serie de acciones que relevaban un Estado alejado de las políticas públicas, otorgando protagonismo al mercado y las instituciones privadas, quienes se encargaban de regular en mayor medida los aspectos sanitarios y de protección social.
Es así como en este período se reconocen medidas que van en contra de la salud pública y que muchas de estas se mantienen hasta ahora, 50 años después como si la historia no hubiera cambiado. Algunas de las medidas son las siguientes:
- Se eliminó el Servicio Nacional de Salud y se reemplazó por el Sistema de Servicios Nacionales de Salud.
- Disminuye considerablemente el gasto público.
- Se crea el sistema de Isapres y Fonasa.
- Se desliga del Ministerio de Salud a los consultorios de Atención Primaria en Salud, para ser administrados por los municipios.
- Toda actividad comunitaria de promoción de la salud pasa a la clandestinidad debido a la represión política propia de la época.
- Las organizaciones de personas con discapacidad fueron silenciadas en este período, a pesar de la aproximación política que habían tenido en los años 60’s.
Todas estas medidas son solo algunos ejemplos de lo que trajo la dictadura al sistema de salud. Cabe destacar que las consecuencias de la violencia desmedida son múltiples, tanto en la salud física como emocional, de quienes fueron víctimas y espectadores de la persecución y tortura.
Son conocidos todos los amarres políticos que quedaron tras la dictadura para continuar sosteniendo este modelo económico. No obstante, con el pasar de los años se han creado distintas convenciones internacionales y planes nacionales en donde se reconoce la salud como un derecho y se valoran la Participación y el Enfoque Comunitario como factores protectores de la salud, ya que contribuyen a reconocer los saberes de las comunidades, dándoles agencia para identificar sus problemas y hacerse parte de la solución de los mismos. Sin embargo, la noción de salud comunitaria no es tal en las políticas públicas vigentes ya que se institucionaliza el trabajo comunitario, se supeditan las acciones a plazos y estadísticas y, se planifica desde la mirada de expertos, lejanos a las realidades de los territorios.
Si bien, en los últimos años se ha avanzado en recuperar los territorios, las lógicas neoliberales en los procesos de salud se mantienen, por lo que la participación y el ejercicio de la memoria en las prácticas de salud son parte fundamental de toda acción popular e interventiva.
Referencias:
Illanes, M (1992). Historia Social de la Salud Pública en Chile. Santiago, Chile: Editorial Colectivo de Atención Primaria Santiago.
Olmos S., Silva R. (s.f). El rol del Estado chileno en el desarrollo de las políticas de bienestar. Series Indagación 27, Revista Expansiva.
Suazo Paredes, B., y Reyes, M. J. (2019). La Politización de la “Discapacidad” en Chile como Práctica de lo Común de Organizaciones de y para Personas “con Discapacidad”. Castalia – Revista de Psicología de la Academia, 32, 119–138.