Descentrados Chile

Soberanía Sanitaria: un Imperativo para las Democracias

Fotografía: GPT

Por:

Mirliana Ramírez-Pereira
Magister en Psicología Comunitaria. Doctora en Enfermería. Académica del Departamento de Enfermería (Universidad de Chile), dedicada a temas de Cuidado, Políticas Públicas y Sustentabilidad.

Claus Köbrich Grüebler
Magister y Doctor en Gestión Agrícola. Académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias (Universidad de Chile), dedicado a temas de Promoción de la producción sostenible, Salud y del bienestar animal y Políticas Públicas.

La soberanía sanitaria se refiere a la capacidad de un Estado para controlar y gestionar los recursos y políticas necesarios para proteger la salud de su población sin depender de actores externos. La Pandemia de COVID-19 dejó en evidencia que los gobiernos cometieron el error de confiar sólo en la capacidad de respuesta del sector privado frente a la crisis sanitaria. Este error, reconocido públicamente por líderes como Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, resultó en una distribución desigual de las vacunas, con la cual, los países ricos acapararon la mayoría de las dosis disponibles, dejando a los países en desarrollo en una situación crítica​.

La Pandemia, al revelar las brechas, expuso la dependencia excesiva de muchos países en las grandes corporaciones farmacéuticas y en el mercado globalizado. América Latina ha sido históricamente dependiente de las importaciones para satisfacer sus necesidades sanitarias. A pesar de contar con sistemas de salud relativamente avanzados en comparación con otras regiones en desarrollo, nuestros países han enfrentado serias dificultades para acceder a las vacunas y otros insumos médicos, debido a la concentración del poder en manos de unas pocas corporaciones multinacionales​. Esta dependencia ha sido reforzada por políticas neoliberales que promovieron la privatización y redujeron el rol del Estado en la salud pública.

Un aspecto preocupante es que las grandes empresas multinacionales del sector farmacéutico utilizan su poder monopólico y político para mantener el control sobre la producción y distribución de insumos sanitarios. Estas empresas han implementado diversas estrategias para bloquear la entrada de nuevos competidores y mantener su monopolio, limitando aún más la capacidad de los países en desarrollo para acceder a los recursos necesarios​. Las estrategias incluyen el incremento de las normativas para proteger la propiedad intelectual, la prolongación del tiempo de vigencia de las patentes a través de mecanismos como el “evergreening”, y el control de activos estratégicos como las redes de ensayos clínicos y la producción a gran escala. Estas prácticas se han legitimado a nivel internacional, contribuyendo a mantener un ciclo de dependencia para los gobiernos y las poblaciones, particularmente en los países más pobres.

Como resultado, cuando la Pandemia golpeó, los gobiernos de la región se encontraron sin la infraestructura necesaria para producir y distribuir vacunas de manera efectiva, lo que los obligó a competir en un mercado global dominado por los intereses de las grandes farmacéuticas​. Y como siempre, las poblaciones más vulnerables quedaron sin acceso a vacunación y a insumos médicos fundamentales. Pero lo que nos parece más grave, es que muchos gobiernos siguen por el camino de depender de los mercados internacionales, ignorando la importancia de desarrollar una capacidad interna para enfrentar futuras crisis​.

Chile tiene experiencia en la fabricación de vacunas. Su producción se inició a finales del siglo XIX y se mantuvo de manera ininterrumpida hasta principios del siglo XXI. Este proceso fue liderado principalmente por organismos estatales, como el Instituto Bacteriológico (IB), que suministró las vacunas para los programas nacionales de inmunización y que además, exportó a otros países de América Latina. Un avance destacado fue la creación de la vacuna Fuenzalida-Palacios, utilizada para combatir la rabia en humanos y animales. Sin embargo, con la adopción de un modelo neoliberal posterior a la dictadura militar y la promulgación de la Constitución de 1980, la producción estatal de vacunas perdió impulso, delegando esta tarea al sector privado. En el año 2002 con el cierre del área de producción del Instituto de Salud Pública, concluyó una larga historia de soberanía sanitaria en la fabricación de vacunas.

Este problema no sólo se da desde el ámbito de la salud. Nuestros recursos naturales han seguido el mismo camino. El extractivismo, enmarcado dentro del modelo neoliberal, ha implicado su sobre explotación bajo un enfoque de desarrollo insostenible en el que los recursos son controlados cada día más por grandes empresas, agravando de esta forma la pobreza y la inseguridad alimentaria en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina. La crisis ambiental que lo acompaña, intensificada por la destrucción de los ecosistemas, representa una amenaza adicional para la salud global y la estabilidad social. Este deterioro ambiental, junto con la carencia de acceso a recursos esenciales como el agua potable y alimentos saludables , amplifica las desigualdades y pone en riesgo la salud de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, la soberanía sanitaria está intrínsecamente vinculada a la protección del Medio Ambiente y a la garantía de un acceso equitativo a los recursos naturales.

En este contexto, la hegemonía de los medios de comunicación, controlados por grandes grupos económicos, juega un papel crucial. Estos conglomerados, que tienen intereses: la salud, los recursos naturales, la alimentación, etc., inciden y ayudan a construir la narrativa pública, promoviendo el discurso que favorece la privatización, e instala la noción de un estado siempre ineficiente, minimizando su rol, por ejemplo, en la producción y regulación de medicamentos y vacunas. La concentración de los medios, limita el debate público, promoviendo una visión alineada con los intereses de estos grupos económicos y marginando las voces que abogan por un retorno a una mayor autonomía sanitaria.

Este control mediático contribuye a perpetuar un modelo de salud pública que privilegia el lucro sobre el bienestar colectivo, dificultando la implementación de políticas que fortalezcan la soberanía sanitaria. En un país como Chile, donde la desigualdad es un tema recurrente, esta soberanía no solo es una cuestión de acceso a la salud, sino también de justicia social. Por lo tanto, es fundamental cuestionar la influencia de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública y en la legitimación de políticas que pueden ir en contra del interés general.

En conclusión, el concepto de soberanía sanitaria se plantea como un elemento clave para el desarrollo sostenible y el desarrollo de una democracia plena. Es fundamental que los Estados aseguren la equidad en la producción, distribución y acceso a los recursos esenciales para preservar la vida y la salud de sus ciudadanos. Esto incluye fortalecer los sistemas de salud, regular los mercados para que beneficien al interés colectivo, y garantizar que las decisiones políticas estén libres de influencias de intereses privados que puedan perjudicar el bienestar común. Para fortalecer la soberanía sanitaria debemos reconocerla como un derecho inherente de los pueblos y una responsabilidad ineludible del Estado. Se requiere una reorganización de la geopolítica mundial para garantizar que todos los habitantes del planeta tengan acceso a recursos críticos, así como eliminar las barreras que impiden el desarrollo de acuerdos comerciales que favorezcan a las poblaciones más vulnerables. En definitiva, la soberanía sanitaria debe considerarse un requisito fundamental para la estabilidad y el desarrollo de las democracias en el siglo XXI.

Referencias:

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Ramírez-Pereira M, Pérez Abarca R, Machuca-Contreras F. Políticas públicas de promoción de salud en el contexto de la COVID-19, en Chile, una aproximación desde el análisis situacional. Global Health Promotion. 2021;28(1):127-136. doi:10.1177/1757975920978311