Por Felipe Valdebenito Leiva
Periodista, cientista social y habitante del Wallmapu
Los Derechos Humanos atraviesan hoy una de sus crisis más profundas desde su consolidación como consenso normativo internacional, en el marco de un modo de producción capitalista y sistemas democráticos funcionales a ese modelo de acumulación. No se trata de una crisis jurídica, nunca hubo tantas declaraciones, tratados y mecanismos formales, sino de una crisis política, ideológica y ética. Los Derechos Humanos ya no operan como límite al poder, sino como un campo de disputa donde cada actor los invoca, los redefine o los instrumentaliza según su conveniencia.
En el escenario internacional actual, los Derechos Humanos en la práctica han dejado de ser universales. Se aplican de forma selectiva, se subordinan a la geopolítica y se reinterpretan según coordenadas ideológicas que los vacían de su sentido original: la defensa incondicional de la dignidad humana frente a cualquier forma de dominación y explotación.
Las nuevas derechas, desde conservadurismos tradicionales hasta expresiones abiertamente autoritarias, no suelen negar los Derechos Humanos de manera frontal. Lo que hacen es algo más sofisticado y, por lo mismo, más peligroso, los terminan subordinando.
Bajo la bandera del orden, la seguridad y la soberanía nacional, los DDHH pasan a ser un conjunto de principios secundarios, aplicables solo mientras no interfieran con el control social, la estabilidad política o la defensa de fronteras. El derecho penal se expande, la protesta se criminaliza, la vigilancia se normaliza y la excepción se convierte en regla.
La migración es el laboratorio más brutal de esta lógica. En Europa, Estados Unidos y también en América Latina, los migrantes dejan de ser sujetos de derechos y se transforman en amenazas. La vida humana se vuelve negociable según pasaporte, origen o estatus administrativo, económico y social. Esto no es un error es una política con intención. En este marco, los DDHH no desaparecen, pero se convierten en derechos condicionados, administrados por el Estado y jerarquizados según criterios de utilidad o pertenencia nacional.
En el campo de las izquierdas, la crisis adopta otra forma. Históricamente vinculadas a la defensa de los DDHH, muchas fuerzas progresistas han caído en una contradicción persistente, defender los derechos como discurso, pero relativizarlos en la práctica cuando entran en tensión con proyectos políticos propios.
En América Latina, esta selectividad ha sido particularmente visible. Las violaciones cometidas por gobiernos adversarios se denuncian con fuerza; las cometidas por gobiernos aliados se explican, se minimizan o se silencian. El resultado es devastador para la legitimidad del propio campo progresista: los DDHH aparecen no como principios universales, sino como herramientas de alineamiento ideológico.
A esto se suma otro problema estructural: la incapacidad, o falta de voluntad, de articular los DDHH con un cuestionamiento profundo del modelo económico. Se defienden libertades civiles y causas simbólicas, pero se toleran sistemas que producen desigualdad, precarización y exclusión masiva. Los derechos económicos y sociales quedan subordinados a la lógica del mercado, incluso en gobiernos que se autodefinen transformadores.
La región vive una paradoja inquietante. América Latina es, al mismo tiempo, un territorio marcado por memorias traumáticas de violaciones sistemáticas a los DDHH y un espacio donde hoy se normalizan nuevas formas de vulneración.
En Chile, el discurso de los DDHH sigue profundamente anclado en el pasado dictatorial, con toda la legitimidad que ello implica, pero muestra enormes dificultades para enfrentar las violaciones del presente. La represión de la protesta social, la criminalización del conflicto del Estado con el Pueblo Mapuche, el uso expansivo del derecho penal (Ley retamal, Estados de excepción) y las condiciones carcelarias evidencian una brecha entre memoria y práctica, cuestión presente en todas las fuerzas políticas que han gobernado.
La defensa de los DDHH se activa con fuerza en clave conmemorativa, pero pierde intensidad cuando interpela al Estado, sistema político, al modelo económico y de acumulación o a las fuerzas de seguridad en tiempo presente. Esta disociación erosiona la idea misma de “nunca más”, transformándola en consigna antes que en compromiso político real y práctico para cambiar las condiciones en el aquí y el ahora.
En el plano internacional, la crisis se profundiza por el debilitamiento del multilateralismo. Naciones Unidas, tribunales internacionales y organismos de DDHH existen, pero carecen de capacidad efectiva frente a Estados poderosos. El veto, la fuerza militar y el interés económico pesan más que cualquier resolución ajustada al derecho internacional.
Entonces hoy, los DDHH se invocan para justificar sanciones, bloqueos o intervenciones, pero se omiten cuando afectan a aliados estratégicos. Esta hipocresía estructural no pasa desapercibida y alimenta el descreimiento ciudadano: si los DDHH sirven solo cuando conviene, dejan de ser una causa común.
Si queremos conversar desde los DDHH, la pregunta central de nuestro tiempo no es quién viola los DDHH (cuestión que tiene respuesta casi evidente), sino quién está dispuesto a defenderlos sin condiciones, a incluirlos en los proyectos políticos y desarrollar estrategias que cuestionen la lógica del mercado, limitar el poder estatal y aceptar que la dignidad humana no es negociable.
Mientras las derechas los subordinan al orden y las izquierdas los administren según conveniencia política, los DDHH seguirán perdiendo densidad política y capacidad transformadora. La historia enseña que los derechos no desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente, se relativizan, se ideologizan, hasta quedar reducidos a retórica. Cuando dejan de ser universales, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios. Y esa es, siempre, la antesala de una crisis mayor.
