Por Carolina Isabel Saldivia Salazar
Psicóloga
Hace un año, revista Descentrados me invitaba a escribir una columna respecto de infancia y territorio. La idea era poder hacer un cruce respecto a Políticas Públicas en infancia y que tan descentralizadas era su mirada, justo en el momento en que, además, se aproximaba la creación del Nuevo Servicio Mejor Niñez.
Un años después, es tiempo prudente para poder mirar ese proceso desde lo local, desde el sur del sur y ver qué tanto, la creación de este nuevo servicio ha impactado en mejorar la calidad de vida de niñas y niños y niñes y erradicar y prevenir la vulneración de derechos en la niñez.
Para ello una de las tareas fundamentales es la prevención, en ese marco el principal cambio en la política pública de infancia es el reemplazo de lo que se conoce como las OPD (Oficina de Protección de Derechos) por las OLN (Oficinas Locales de Niñez).
Mas allá del cambio de siglas, en lo sustancial el cambio implica, efectivamente, centrarse en la prevención y en la difusión y promoción de los derechos de la niñez, con un mayor énfasis en lo local y con lineamientos bien establecidos respecto de la participación de niños niñas y niñes en los concejos consultivos.
Esto, desde sus orientaciones técnicas suena muy bien, y me permito decir que apunta en el camino correcto, en términos de forma, o desde la teoría por así decirlo, sin embargo, al mirar más en detalle cosas tan relevantes como el financiamiento con el que cuentan estas políticas públicas, chocamos nuevamente con la realidad, y es que finalmente se repiten lógicas de precarización laboral para aquellos profesionales que ejecutan estos proyectos, lo que finalmente afecta en el objetivo final que es mejorar la calidad de vida de la infancia en los distintos territorios.
En ese sentido, el centralismo vuelve a ser un factor clave, pues muchas de estas políticas públicas son ejecutadas a nivel local por municipalidades, y una se pregunta si quienes desarrollan estos proyectos a nivel central, conocen la realidad local de los municipios en los distintos territorios de nuestro país, si saben de la precariedad en la que los municipios y corporaciones municipales deben proveer de educación y salud a los territorios como para más encima, esperar que también se añada financiamiento a este tipo de proyectos, lo que al funcionar en el papel que da cuenta de un convenio, pero no en la práctica, se traduce en políticas públicas ejecutadas “en la medida de lo posible” con precarización laboral y bajo nivel de financiamiento, por lo que también razonable dudar de la calidad de esa ejecución al final del día.
Finalmente no basta con la buena intención políticamente correcta de incluir y fomentar la participación ciudadana de niños niñas y adolescentes, sino también de diseñar Políticas Públicas en materia de infancia que en cuya idea de descentralización también contemplen que no todos los proyectos serán ejecutados por municipios con la misma realidad que municipios de la capital nacional, y que muchos territorios no cuentan con las redes y servicios con los cuales desarrollar una labor interconectada de promoción y también de restitución de derechos.
Es de Perogrullo decirlo, pero los Derechos Humanos, en particular de la niñez, son inherentes a la localidad en donde se haya nacido, y es importante que como Estado se ofrezcan condiciones de desarrollo y resguardo similares que no vayan en desmedro de niños, niñas y adolescentes que han nacido en territorios diversos y que eso signifique no solo menos oportunidades sino también incluso mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad.
Las vulneraciones de derechos se dan siempre dentro de un contexto psicosocial complejo y la territorialidad no es un factor ajeno a ese contexto. Es por ello que la destinación de recursos, por ejemplo, con enfoque de descentralización, es también democratizar las políticas de infancia.
No basta con que desde orientaciones técnicas proclamemos que es relevante la participación, o lo “local” como concepto, sino que también cada factor de relevancia debe tener esta mirada, de lo contrario, por acción u omisión, estamos cayendo en una indiferencia del Estado ante la realidad de sus propios territorios y transformando estos mismos en un factor de riesgo más que en una oportunidad de diversidad cultural.
Si como Estado, existen por ejemplo residencias cuyos profesionales (externalizados mediante convenios con fundaciones) reclaman que los recursos entregados, no alcanzan para cubrir gastos básicos como luz y agua de las instalaciones, trabajan en un contexto de precarización e incertidumbre en donde se han debido cerrar residencias trasladando de localidad a niños niñas y adolescentes, entonces el territorio se vuelve un factor de riesgo, en donde no se garantiza la integridad ni muchos menos se restituye o se resguarda los derechos de los niños niñas y adolescentes más vulnerados.
En ese sentido y a un año de escrita mi primera columna respecto a infancia y territorio, y ante la implementación progresiva del servicio Mejor Niñez, lamentablemente el ritmo al cual se avanza no parece ser suficiente, los esfuerzos que se destinan para invertir en infancia están lejos de ser los que se requieren, situación que es lamentable, pues esto no es gasto público, es una inversión, y debiera entenderse de ese modo, por ejemplo hoy por hoy en donde nos alarman temas como la seguridad, y se exige al Estado tomar medidas punitivas respecto de la violencia, sin entender por ejemplo, cómo nace y en qué contextos se genera y perpetua esa violencia como fenómeno social.