Descentrados Chile

El desafío de la intersectorialidad para la protección integral de derechos de la niñez y adolescencia.

Fotografía: Pascale, 8 años

Por Teresita Fuentealba A.
Socióloga. Máster en necesidades, derechos y cooperación al desarrollo de la niñez y adolescencia. Directora Área Niñez, Isónoma Consultorías Sociales.

Hace algunos años la socióloga Marta Martínez expresó que “los niños no pertenecen a nadie, pero son responsabilidad de todos” (Revista digital El Salto, 2020) para referirse a la titularidad de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta misma frase resume el sentido que la Ley 21.430 le otorga a la intersectorialidad como estrategia para alcanzar la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Convención sobre los derechos del Niño (CDN) plantea en su preámbulo que toda persona es portadora de todos los derechos fundamentales, reconociendo la necesidad de protección especial para niños, niñas y adolescentes, dada la etapa de desarrollo en que se encuentran (ONU-CRC, 1989). En este sentido, hablar de la protección de derechos en la niñez, lleva implícita la discusión sobre cuáles son las necesidades que se requiere cubrir para que un niño/a se desarrolle integralmente (Pereda, 2013).

Desde décadas atrás, se ha avanzado en determinar las necesidades básicas para el desarrollo de la niñez y adolescencia. Uno de los puntos comunes de todas las propuestas teóricas es reconocer que cada niño/a debe ser visto de manera integral porque la desprotección en un ámbito específico puede afectar gravemente su desarrollo en otras áreas, limitando sus posibilidades futuras. Así si un niño/a “tiene determinadas características no da lo mismo cómo se satisfagan las necesidades, para un desarrollo adecuado, sino que requieren de cierto trato, no cualquier trato y ciertos cuidados, no cualquier cuidado” (López S. F, 2004).

La pregunta es, entonces, quién provee las condiciones que aseguren una base sólida para el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La propia CDN aporta a la respuesta ya que, si bien reconoce el rol principal de los padres y/o tutores en la provisión de los cuidados, es clara en mandatar a los Estados Parte a adoptar “todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos” (Art. 4, ONU-CRC, 1989).

Al comprender al niño o niña en su integralidad, la protección que requiere, por ende, debe tener el mismo carácter de integral. Sin embargo, las políticas públicas en nuestro país han operado históricamente de manera atomizada respecto a la niñez y adolescencia, en especial en cuanto a protección de niñez vulnerada en sus derechos (ONU-CRC, 2015). La desarticulación de la oferta pública destinada a niñez se traduce en una atención fragmentada, con resultados ineficientes, duplicidad de funciones y sobre intervención.

Surge así la necesidad de contar con un marco jurídico que apunte a la protección integral, que se concreta en la Ley 21.430, promulgada en marzo de 2022. En efecto, el art. 1 sostiene que “esta ley tiene por objeto la garantía y protección integral, el ejercicio efectivo y el goce pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”(Ley 21.430, 2022).

La ley 21.430 propone como respuesta a tal desarticulación, la creación de un Sistema de Garantías y Protección integral de derechos de la niñez y adolescencia (art. 1, Ley 21.430) el que debe guiarse – entre otros- por el principio de Intersectorialidad.  En el Art. 57 es clara en afirmar que  la protección integral no es posible de lograr si no se establece un sistema articulado de prestaciones, políticas y normas, “la protección integral se desarrolla a partir de una red intersectorial integrada de diferentes medios de acción ejecutados a partir de políticas, planes, programas, servicios, prestaciones, procedimientos y medidas de protección de derechos, realizados por diferentes órganos de la Administración del Estado, debidamente coordinados entre sí, así como por actores de la sociedad civil”. La intersectorialidad es, por tanto, uno de los puntos centrales de la Ley 21.430.

La propuesta de actuar como sistema articulado para la protección integral de derechos significa un desafío para el diseño y ejecución de las políticas públicas. La implementación del Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos implica que cada servicio o ministerio debe establecer mecanismos concretos para asegurar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de su competencia. Inclusive, mandata que todo órgano del Estado al momento de realizar la cuenta pública anual debe publicar el presupuesto ejecutado para la protección de derechos de niñez y adolescencia.

Por otro lado, implica un cambio de mirada respecto a la atención de la niñez y adolescencia vulnerada en sus derechos. Al reconocer que la protección integral solo se logra a través de la intersectorialidad, derriba las fronteras que posicionan a la niñez vulnerada como responsabilidad exclusiva de los programas de protección especializada, interpelando al Inter sector para entregar de manera prioritaria, las atenciones que se requieran para lograr su protección integral. A modo de ejemplo, ¿por qué un profesional especialista en intervención terapéutica debe disponer de varias horas al mes en conseguir una cama psiquiátrica, si son las instituciones de Salud quienes tienen la obligación de velar por el derecho a la salud mental? Ello no significa desligarse de la responsabilidad que a cada uno compete y termine siendo aún más vulnerador para el niño/a, sino que el llamado es actuar de manera coordinada y comprometida por la reparación de la vulneración y restitución de sus derechos.

Invito a los/as profesionales que trabajan con niñez y adolescencia a conocer e incluir la Ley 21.430 como un insumo para reforzar sus estrategias de intervención y fortalecer el trabajo intersectorial, donde cada niño, niña o adolescente y sus derechos sea el centro del actuar. Parafraseando a M. Martínez, “los niños y niñas no pertenecen al Servicio de Protección Especializada, sino que son responsabilidad de todos, en el ámbito de sus competencias”.

Referencias

Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, (2022).

ONU-CRC. (1989). Convención sobre los derechos del niño.

ONU-CRC. (2015). Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Chile.

Pereda, N. (2013). Victimología teórica y aplicada. HUYGENS.

Revista digital El Salto. (2020). Marta Martínez Muñoz: “Los niños no pertenecen a nadie pero son responsabilidad de todos. https://www.elsaltodiario.com/infancia/marta-martinez-munoz-los-ninos-no-pertenecen-a-nadie-pero-son-responsabilidad-de-todos