Por Gustavo Vergara y Nataly Campusano
Fundación Territorios Colectivos.
La descentralización es, esencialmente, un proceso por el cual se busca ampliar los derechos y libertades políticas, entregando poder, competencias, responsabilidades y financiamiento desde un gobierno central hacia los gobiernos subnacionales, potenciando los mecanismos de control y participación ciudadana, con el fin de hacer más eficaces y eficientes las políticas públicas.
Lo que proponía la Nueva Constitución era que Chile sería un Estado regional, plurinacional e intercultural, conformado por el Estado central y entidades territoriales autónomas, las que habrían contado con autonomía política, administrativa y financiera. Estas entidades autónomas iban a ser cuatro: las regiones, las comunas autónomas, los territorios especiales y las autonomías territoriales indígenas. De estas, las primeras 3 figuras ya eran conocidas y hoy existen en Chile, pero sin las atribuciones que les pensaba entregar la Nueva Constitución, siendo una innovación las autonomías territoriales indígenas, que eran una forma de poder hacer realidad el Estado Plurinacional.
El proyecto de Estado Regional buscaba que las entidades autónomas definidas previamente pudieran ejercer atribuciones políticas, financieras y administrativas, reestructurando el cómo se conforma el Estado, traspasando y redistribuyendo el poder a los niveles subnacionales, de manera de avanzar hacia la equidad socio territorial y el desarrollo económico sostenible, todo bajo el marco de una sola Constitución y un mismo cuerpo de leyes.
Como el solo traspaso de competencias a los niveles subnacionales no asegura necesariamente que se logre la descentralización, la propuesta de Nueva Constitución proponía que el Estado debía prestar servicios con una calidad similar en todo el territorio y para esto debía entregar a las entidades territoriales autónomas instrumentos, medios y recursos suficientes para lograrlo. Estos recursos habrían provenido ya sea desde transferencias del nivel central, como de los ingresos que puedan generar los gobiernos sub nacionales. Es en este punto donde se proponía la posibilidad de que se recauden impuestos en los territorios sobre factores de propiedad, como por ejemplo la extracción de minerales, la explotación del bosque o la extracción pesquera, que hoy tributa en las comunas donde se ubican sus oficinas comerciales y no donde extraen los recursos, en el territorio.
La descentralización, como la planteaba la propuesta de Nueva Constitución, no solo se reflejaba en el traspaso de competencias y recursos a las regiones, comunas, territorios especiales y las autonomías territoriales indígenas, desde el gobierno central, además, les hubiese permitido participar en la actividad legislativa a través de una Cámara de representación territorial llamada Cámara de las regiones que venía a sustituir al Senado, donde cada región habría tenido igual número de representantes, sin importar su tamaño y población.
Un último, pero quizás el más relevante de los aspectos que proponía la Nueva Constitución, era la posibilidad de incorporar la participación ciudadana para derogar leyes de manera parcial o total cuando su localidad pueda ser afectada por una acción pública, proponer iniciativas de ley ciudadanas, someter a referéndums materias de competencia de gobiernos regionales y locales y participar informadamente en materias ambientales. De esta manera se pretendía lograr una mayor inclusión en la toma de decisiones que permitieran encontrar soluciones más pertinentes, resultando en políticas que generarán un mayor y mejor impacto social.
Actualmente, el gobierno de Gabriel Boric ha llevado adelante una agenda descentralizadora, traspasando competencias a los gobiernos regionales, recientemente electos, para abordar sus problemas y carencias e impulsar el desarrollo regional sustentable. Para esto se ha propuesto el traspaso inicialmente de 6 competencias: presidencia de la comisión de evaluación ambiental, presidencia del consejo regional de capacitación, fijación de vías de acceso a playas en los terrenos colindantes, otorgamiento de concesiones gratuitas a corto plazo, elaboración de los planes reguladores intercomunales y la presidencia de los comités regionales de uso de borde costero.
En cuanto al traspaso de recursos, hoy se trabaja para otorgar un mayor margen de acción en el uso de los recursos del presupuesto regional para la ley de presupuestos 2023 y en el aumento de los ingresos propios de los gobiernos regionales, si es que se aprueba la reforma tributaria y la nueva ley de rentas regionales.
La propuesta de Nueva Constitución no venía a fracturar el país, sino más bien, buscaba que el Estado estuviera presente de forma más fuerte, oportuna y pertinente, en cada una de las entidades territoriales, atacando la situación de desigualdad estructural que ha existido históricamente entre el centro y las regiones. A la luz de los resultados del plebiscito de salida de la propuesta constitucional, solo resta seguir trabajando para que el proceso de conformar una Nueva Constitución siga adelante, que se puedan recoger las ideas que permitan continuar con el proceso de descentralización que ya inició este gobierno, aprender de los errores del proceso que se cerró el pasado fin de semana y buscar los grandes acuerdos para avanzar en la redistribución del poder a los territorios, la equidad socio-territorial y el desarrollo económico sostenible y en equilibrio con la naturaleza, para ofrecer a sus ciudadanos igual respeto y equivalentes oportunidades, sin importar donde naciste o donde decidiste vivir.