Por Carolina Saldivia Salazar
Psicóloga y feminista. Encargada de la unidad de género de la municipalidad de Natales
Pensar las políticas públicas que deben ser desarrolladas en relación a niños, niñas y adolescentes en Chile, implica necesariamente pensar los territorios y sus diversas particularidades. No solo en términos de las distintas “idiosincrasias” con las que nos podemos encontrar desde el Norte de nuestro país hasta la Patagonia, sino también porque en los distintos territorios se expresan las distintas maneras, las diversas precariedades y las necesidades a nivel social, que se traducen en vulneraciones de las cuales pueden ser víctimas niños, niñas y adolescentes; y en cómo el Estado “interviene” para su prevención, atención y reparación.
Convengamos que existen consensos en que esta tarea no ha sido llevada de manera eficiente ni con estándares mínimos en derechos humanos. Han existido comisiones de investigación como la comisión Jeldres, en cuyo informe se da cuenta de esta materia.
El camino para la creación de un nuevo servicio no ha sido expedito, y nada asegura que no sea solo una modificación nominativa. Y para que sea más que eso, es necesario hacer una crítica profunda a las diversas fallas e insuficiencias bajo las cuales se asientan las políticas públicas en materia de niñeces y que se transforman muchas veces en esa especie de puerta que no se quiere abrir por temor a que después no se pueda cerrar.
Desde el sur del sur, mi experiencia me dice que son políticas públicas superficiales, desmembradas, inconexas, que no dialogan entre sí, pero, además, son profundamente centralizadas, que terminan dependiendo de una especie de suerte, de qué tanta “expertiz” tenga el equipo técnico de turno que reciba el caso, qué tanto manejo tenga de la red de protección a la infancia disponible a nivel local, pero por sobre todo, la “oferta” depende no solo de esos factores asociados a la precariedad con la que funcionan laboral y técnicamente las diversas licitaciones de los programas especializados en una u otra problemática, sino que además muchas de ellas no se encuentran presentes en algunos territorios más aislados, sino solo en las capitales regionales. Es así como en territorios aislados, debido a ciertos contextos particulares, presentan altos índices de abuso sexual intrafamiliar, pueden incluso no contar con una oferta en dicha localidad de atención y reparación en abuso, siendo atendido en programas de menor complejidad o sin la disposición de los profesionales en el territorio, y recibiendo atención cada 15 días o semanalmente, dependiendo de las posibilidades de acudir a dichas localidades. Por lo anterior, muchas veces, y aunque no se quiera, la atención no termina dándose en las mismas condiciones que se puedan brindar en una capital regional o incluso la capital nacional.
A eso hay que sumarle que la incorporación de las problemáticas locales no es inmediata en las diversas orientaciones técnicas, y quienes hemos estado “donde las papas queman” sabemos, por ejemplo, que la realidad de temáticas como la explotación sexual no se expresan de igual manera en Iquique, Santiago o Magallanes.
Existen, diría yo, dos mínimos que deben tener las políticas públicas al momento de una intervención integral en niñeces:
– En Primera Instancia la transversalización del enfoque de género. Vemos cómo, por ejemplo, programas con énfasis en la reparación al abuso sexual o la intervención en Explotación Sexual Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), tienen un porcentaje altamente mayoritario de niñas y adolescentes pertenecientes a estos programas y por ende víctimas de estas vulneraciones.
También es necesario y urgente poner énfasis en la falta de perspectiva de género que se observa, y acusan muchas mujeres por parte de los Tribunales de Familia respecto de la violencia vicaria que muchas veces implica re-vinculaciones forzadas entre los hijos/as y el agresor a quien denunciaron, viéndose obligadas a incumplir, por ejemplo, medidas cautelares.
En este sentido los equipos técnicos que intervienen, los y las consejeros técnicos del Tribunal, así como jueces y juezas de Familia, deben aplicar en sus indicaciones esta perspectiva evitando así, no solo eventuales vulneraciones de derecho a NNA, sino la re victimización de mujeres víctimas de VIF que deben asumir labores de cuidado y que, mediante los hijos/as en común, continúan siendo víctimas de violencia económica mediante el no pago de pensión alimenticia, o violencia vicaria en cualquiera de sus manifestaciones.
– También es relevante, como ha sido planteado anteriormente, la descentralización de las políticas públicas. Es un hecho que muchas veces las posibilidades de intervención que tienen programas licitados por el Estado mediante Mejor Niñez (ex Sename) son limitadas y es necesario activar redes de intervención secundaria, sobre todo en términos de salud mental, cuando nos encontramos frente a diagnósticos duales que se ven acrecentados por el consumo de alcohol y drogas.
Es necesario visibilizar que todas estas situaciones se dan en un contexto diferente según el territorio y que no hay “recetas” que sirvan de manera universal a lo largo del país y que muchas veces existen localidades que no cuentan con alternativas de intervención idóneas para los NNA; y eso, finalmente, constituye una negligencia del Estado, porque si incluso hay comunas que no cuentan con Tribunales de Familia, y las causas son vistas por Tribunales de competencia común, difícilmente vamos a poder esperar que se tenga acceso a intervención especializada cuando una adolescente por ejemplo ha sido víctima de Explotación Sexual, cuenta con un diagnóstico de Trastorno de la personalidad y una adicción a drogas duras. Y resulta que en su comuna no existe acceso a psiquiatra, a una unidad de desintoxicación hospitalaria ni a una residencia proteccional especializada en salud mental donde pueda vivir.
Esto nos demuestra que, incluso en condiciones de vulneraciones extremas, las posibilidades con las que cuentan los NNA son distintas y dispares si es que les tocó nacer en un territorio aislado al que el Estado no llega. Está claro que las políticas públicas del Estado referidas a infancias no son suficientes ni eficientes, pero, incluso, con esas carencias, hay lugares en las que llega y puede generar protección y restitución de derechos, y lugares en los que derechamente no llega y esa perspectiva es la que tenemos que poner en el centro en esta nueva construcción de políticas públicas sobre niñeces, en donde tantas veces se ha dicho que los niños niñas y adolescentes no son solo objetos de protección, sino sujetos de derechos.