Por Constanza Jana Franzani.
Directora de Estudios, Fundación Territorios Colectivos.
Desde el término de la dictadura cívico-militar en Chile, la participación ciudadana está garantizada por ley y se pone en práctica con mecanismos institucionalizados, sin embargo, en nuestro modelo la participación está prácticamente limitada a que los ciudadanos sólo decidan periódicamente quienes serán sus autoridades administrativas y representantes en el parlamento. Los actuales mecanismos son solamente informativos y, cuando mucho, consultivos, tanto en la gestión pública, como en la planificación del ordenamiento territorial o en la evaluación de viabilidad de grandes proyectos de inversión. Esto evidentemente no alcanza para asegurar que nuestro modelo sea efectivamente democrático, sino, más bien es una democracia controlada.
Existen grandes vacíos en la institucionalidad de la participación ciudadana en Chile, por una parte, la legislación presenta serias deficiencias, permitiendo vicios y actuando incluso como barrera a la profundización de la democracia y, por otra, existe una gran brecha en las oportunidades y capacidades de participación con que cuentan los ciudadanos debido a múltiples factores, entre ellos, la inequidad en el acceso tanto a capacitación y formación cívica, como a recursos, capacidades técnicas, redes de apoyo, acceso a la justicia, etc.
Aunque Chile es signatario en acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual consagra el derecho a participación ciudadana como un derecho humano, en nuestra actual constitución no está reconocido el derecho a participación ciudadana y las leyes y reglamentos que dan marco legislativo a la participación, sólo la definen como informativa y consultiva, lo que, en la práctica, se traduce en que la información recogida desde las bases de la ciudadanía queda registrada a modo de opinión y puede no llegar a tener incidencia real en las tomas de decisiones. Por ejemplo, la falta de financiamiento para la única acción de democracia directa por ley, los plebiscitos comunales, se suma a las abundantes barreras para su requerimiento por parte de los ciudadanos, lo que los hacen impracticables.
La oportunidad de incidencia en la participación, dentro de un sistema exclusivamente consultivo, también queda supeditada a las redes, capacidades y recursos, especialmente políticos, con que se cuente. La inequidad en el acceso a todos estos elementos se traduce en que la participación ciudadana es practicable, efectiva y, sobre todo incidente, sólo para una élite, capaz de sobreponerse a todos los obstáculos, mientras, para el público general, la participación es poco factible y queda en lo simbólico.
Con todo lo anterior, es muy entendible que la encuesta de Auditoría a la Democracia, de 2016, evidenciara cifras penosas en cuanto a la confianza en las instituciones y la expectativa de incidencia de la participación ciudadana, como por ejemplo, que ante las preguntas “Suponga que un proyecto de ley está siendo debatido por el Congreso y usted considera que es injusto o perjudicial ¿Qué tan probable es que usted junto a otras personas, realice algo al respecto?” el 81% de los encuestados responde que no es probable que hiciera algo y “Si hiciera ese esfuerzo ¿Qué tan probable es que el Congreso le diera atención seria a sus demandas?” el 90% de los encuestados responde que no es muy probable, mientras que a nivel territorial, ante la pregunta “Imagine que Ud. quisiera pedir cierta información a su Municipio, como por ejemplo, saber en qué se usó el presupuesto del año anterior, pero en la municipalidad se niegan a entregarle esta información ¿Qué haría Ud. en ese caso?” el 48% responde que no haría nada o no sabría qué hacer y el 65% indica como motivo para no hacer algo es que “No sacaría nada, no vale la pena”.
En los últimos años la cultura política en Chile ha cambiado, la mala percepción respecto de la participación institucionalizada ha conducido a una búsqueda de nuevos espacios, generando movimientos ciudadanos no formalizados dentro del marco legal. Estos grupos que surgen fuera de la institucionalidad quedan también fuera del acceso a recursos o fondos públicos y, si no cuentan con los conocimientos y capacidades para desarrollar estrategias de desarrollo y crecimiento organizacional, subsisten en base a la autogestión, que generalmente es entendida y aceptada como sinónimo de precariedad y autofinanciamiento. A esto se suma la situación general que suele estar relacionada también a una incapacidad de lograr los fines para los que fueron creados o transformarse en un actor relevante en las decisiones políticas y de gestión pública de sus territorios, esto desmotiva gravemente a las instancias de organización popular informal.
Sin embargo, a pesar del resultado del plebiscito de salida del 4 de septiembre, en que se rechazó la propuesta de Nueva Constitución que ofrecía avances en incidencia, pues otorgaba a las comunidades la posibilidad de derogar leyes de manera parcial o total cuando su localidad fuera afectada por una acción pública, permitía proponer iniciativas de ley ciudadanas, someter a referéndums materias de competencia de gobiernos regionales y locales, y participar informadamente en materias ambientales, el actual gobierno ha logrado avances respecto de la participación ciudadana. Uno de los primeros actos del gobierno de Gabriel Boric fue la firma del tratado de Escazú, que luego fue aprobado por el Congreso y cuyo objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información oportunamente, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y a acceder a la justicia cuando sus derechos hayan sido vulnerados, para alcanzar el objetivo general del derecho a vivir en un medio ambiente sano, libre de contaminación y al desarrollo sostenible para las generaciones presentes y futuras.